Todo lo que rodea al caso Cienfuegos es desalentador. Nos pinta un terrible panorama de incompetencia y desvergüenza binacional. Se trata de una trama de acusaciones construidas sobre patrañas y de exculpaciones aceleradas; de negociaciones entre presidentes y gobiernos que deciden quién merece estar preso o libre, pasando por encima de tratados internacionales y de fundamentos básicos para la procuración de justicia. Un episodio de desprecio por las instituciones.
Comencemos por lo más elemental y por lo más grave: el fondo del caso. Al leer las más de 700 páginas que contienen las supuestas pruebas que reunió la DEA, uno pasa por el asombro, la risa y, finalmente, la indignación. Se trata de una serie de mensajes de BlackBerry entre un líder local del crimen organizado y su colaborador, quien aseguraba estar en contacto con “Zepeda” (Cienfuegos, según la DEA) y pedía dinero en su nombre.
Las conversaciones caen pronto en lo patético. En todo momento parece que el supuesto capo está siendo víctima de un engaño telefónico por parte de su colega criminal. Hay mensajes donde le informa que “Zepeda”, un hombre “güero güero”, ruega por dinero. Imaginen, un secretario de la Defensa que ruega a su aliado criminal –en un español rudimentario– que le preste dinero. En otra de las conversaciones, incluso manda a decir que necesita “10” (¿millones?) porque hará un golpe de estado contra el “precedente”. Por si esto no fuera lo suficientemente absurdo, las traducciones del Departamento de Justicia son muchas veces equivocadas y pierden el sentido de los mensajes originales.
Cualquier persona que lea el documento se da cuenta de que es una absoluta patraña. No hay prueba alguna de que quien escribió esos mensajes fuera realmente el secretario de la Defensa de México. No hay metadatos, no hay información de pruebas materiales de los equipos telefónicos, ni revisiones de las actividades del general para saber si coincidieron con lo que dicen los mensajes. Tampoco incluye testimonios ni fotografías de los supuestos encuentros. No hay nada, al menos en la información que entregaron a México. Solo los disparates de un criminal que le pide dinero a otro.
¿Cómo pudo la DEA construir a partir de ello un caso en contra de un alto cargo militar de un país aliado? ¿Fue dolo o incompetencia? La DEA tiene una larga historia de arbitrariedades y polémicas, particularmente en México, como aquí escribimos, pero esto parece demasiado. Acaso el atrevimiento pasa por el contexto de profundo desorden institucional que ha vivido Estados Unidos en la era Trump. Un entorno donde las agencias pueden llegar a operar de forma arbitraria, promoviendo sus propios intereses, a sabiendas de la falta de vigilancia y coordinación desde la Casa Blanca.
Es altamente probable que el presidente Trump ni siquiera fuera informado de que Cienfuegos iba a ser arrestado y que, por ello, cuando vino el reclamo de México, accediera a devolverlo con facilidad. En ese acto, su gobierno reafirmó la muy baja estima que tiene por los procesos judiciales de su país. Lo devolvieron por altas “consideraciones diplomáticas”, no porque las instituciones estadounidenses desestimaran el caso o porque el general aportara información que desmontara las absurdas acusaciones. ¿Y si el gobierno mexicano no hubiera intervenido? ¿Hubieran enjuiciado a una persona sin tener pruebas suficientes en su contra?
Del lado mexicano, la oportunidad de presentar una investigación sólida fue igualmente desaprovechada. No dieron una explicación profunda, razonable, sustentada y transparente sobre el caso que se había construido en Estados Unidos y sobre los hallazgos de la propia Fiscalía, y quedaron como promotores de la impunidad. Se debieron presentar con claridad las pruebas que obtuvieron y que demuestran la inverosimilitud de las acusaciones; detalles sobre lo que informó el SAT y la UIF acerca de la situación patrimonial del general; una narración de sus bitácoras como secretario; información obtenida en interrogatorios a otros involucrados para probar inconsistencias. Por lo contrario, le hicieron un feo favor al general al acelerar su exculpación. Para la mayoría de los mexicanos, su nombre será un símbolo de impunidad, a causa de todo lo que no se explicó con claridad.
Los tiempos de la política le ganaron a los de la justica. Las presiones desde el Ejército y las prisas diplomáticas marcaron el paso de una Fiscalía supuestamente autónoma. El presidente de la República, que primero acusó y luego exculpó, confundiendo a su séquito de aplaudidores, ahora ha quedado para muchos como un rehén de los intereses militares. Y cómo no caer en esa sospecha, cuando su gobierno no ha hecho sino impulsar un militarismo que supera por mucho las intervenciones en seguridad pública emprendidas por administraciones anteriores.
A ese desosiego judicial hay que agregar la imprudencia en el tratamiento diplomático. La publicación íntegra del documento confidencial que las autoridades norteamericanas entregaron a sus contrapartes mexicanas, sumadas a las impertinentes declaraciones del presidente López Obrador, han puesto en franco riesgo la relación bilateral más importante de nuestro país. No es que no estuviera justificada la indignación del gobierno mexicano, pero no era con bravuconerías o ilegalidades como se debía defender la soberanía, sino con la contundencia de una pulcra investigación.
En suma, todo lo que ha rodeado al arresto y a la liberación del general Cienfuegos representa un profundo fracaso institucional, que deja una mancha en la justicia y un sentimiento de agravio en los dos lados de la frontera. Es el testimonio de una era en la que la prudencia, la institucionalidad y la transparencia se han vuelto bienes escasos en los dos gobiernos.
Politólogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.
