México se ha convertido en el país de acogida para poblaciones que no han logrado concretar sus proyectos migratorios en Estados Unidos, por lo cual enfrenta un incremento sustancial de las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: de 70,234 en 2019 a 141,053 en 2023. El fronterizo estado de Nuevo León acoge a personas migrantes procedentes de países centroamericanos, sudamericanos y del Caribe, que optan por establecerse y buscar oportunidades laborales ahí. También recibe a migrantes mexicanos que han regresado después de vivir durante años en comunidades estadounidenses. El Censo del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destaca que Nuevo León ocupa el lugar 12 de las 32 entidades federativas en cuanto al número de personas retornadas. La cifra de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias pasó de 296 en 2019 a 1,371 en 2021, de acuerdo a la última actualización del Centro de Estudios Migratorios, lo que supone un crecimiento del 363%. Los beneficiarios provienen en su mayoría de Honduras, Venezuela, Haití y El Salvador.
Uno de los problemas que enfrentan estos grupos es la educación de niños y adolescentes. Las barreras administrativas y las prácticas sociales discriminatorias limitan, en la práctica, la acción de las políticas de inclusión educativa, especialmente en el caso de la población mexicana retornada y en el caso de centroamericanos y haitianos que asisten a instituciones educativas públicas.
Los esfuerzos de las autoridades federales, de obligatoria aplicación a nivel estatal, se han centrado principalmente en incrementar la participación de este estudiantado en las aulas y en promover su asistencia a clases. En 2015 se realizaron modificaciones a las Normas específicas de control escolar relacionadas con la inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación en la educación básica, que establecieron pautas para la integración del alumnado extranjero y de los estudiantes transnacionales en el sistema educativo mexicano. Se eliminaron barreras administrativas para la inserción escolar, como la solicitud de la presentación de actas de nacimiento apostilladas, pasaporte y calificaciones de estudios previos. Desde entonces, ya no se requieren documentos migratorios, como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias o la Tarjeta de Residente Temporal o Permanente. De manera explícita, la falta de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la cartilla de vacunación no impide el acceso a los servicios educativos. Además, se eliminó la obligación de inscribirse de forma previa al inicio del ciclo escolar. No obstante, aquellos estudiantes que no cuenten con una CURP no podrán recibir el certificado de estudios correspondiente al grado escolar cursado. Esta situación limita su acceso a oportunidades educativas futuras porque ignora los logros académicos y afecta la integración al sistema educativo mexicano. En este punto, es fundamental que las autoridades faciliten la obtención de los certificados correspondientes para evitar posibles rezagos.
Estas normas específicas de control escolar se reformaron en 2019 con adaptaciones dirigidas a la educación de migrantes en albergues y Centros de Atención Múltiple. En el caso de Nuevo León, esta política no ha no se ha materializado. El albergue Zuazua, operado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, no ha integrado servicios escolares ni ha concretado que la infancia que vive allí asista a los planteles colindantes.
A nivel federal también se han hecho reformas curriculares dirigidas a los estudiantes mexicanos con experiencia transnacional. El Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) busca mitigar las problemáticas de inclusión educativa en México y Estados Unidos, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de la educación básica de estudiantes que han cursado estudios en ambos países. Este programa ofrece la posibilidad de inscripción en escuelas primarias o secundarias en cualquier momento del ciclo escolar, evitando así los rezagos en la trayectoria académica. Asimismo, promueve la capacitación del profesorado en educación bilingüe para atender las necesidades particulares del alumnado que ha cursado estudios en habla inglesa.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que las escuelas en Nuevo León deberían albergar un aproximado de 16,000 estudiantes con experiencia transnacional; sin embargo, 1,571 de estos menores, nacidos en Estados Unidos, no estaban inscritos en educación básica.1 Por otra parte, una vez inscritos, corren el riesgo de ser estigmatizados porque se les considera incapaces de aprender o de estar al mismo nivel que sus compañeros de salón. Un buen ejemplo lo da el testimonio de una profesora de educación básica: “Sé que [un alumno] vivió en Estados Unidos y trabajó allá un poco el inglés, pero el niño sufrió un retraso completamente […] el niño en quinto año era inadaptado, el niño no trabaja, de hecho, todavía se le dificulta tomar el dictado”.2
Situaciones como esta responden a las expectativas de uniformidad y homogeneidad, criterios centrales en la educación que ignoran las necesidades educativas específicas y los conocimientos obtenidos de la experiencia cultural migratoria. No es casualidad que tanto el estudiantado mexicano transnacional como el centroamericano tienden a esconder su estatus migratorio en el ámbito escolar. Como expresa Alonso, uno de los entrevistados en Los otros dreamers (Jill Anderson y Nin Solis, 2014): “Nadie sabía que era indocumentado […] El pasado ‘ilegal’ era como un estigma que quise ocultar, a pesar de ya no tener este estatus al regresar a mi país natal”.
También las barreras culturales y lingüísticas se hacen sentir. De acuerdo con un informante de ACNUR, experto en inclusión educativa de infancias en contextos de movilidad humana, que prefiere mantenerse en el anonimato, “la población haitiana es la niñez más rezagada en la educación formal, a pesar de contar con amplios conocimientos empíricos y ser políglotas, hablando hasta cuatro idiomas a una corta edad”. Los programas de inclusión educativa no toman en cuenta los rasgos culturales como las fiestas y la educación en su país de origen. De aquí que la integración se basa en un proceso unilateral, desde una perspectiva que propone que las personas migrantes deben adecuarse a la cultura mayoritaria y dominante.
Las iniciativas de la presente administración de Nuevo León no resuelven el problema porque espectacularizan el acceso a los derechos de los grupos vulnerables: la Feria de Inclusión, la Feria de Identidad Legal y la Feria de Salud Migrante son evidencia de ello. Pese a que se promueven como actividades para ampliar el acceso a derechos, no contribuyen a establecer capacidades institucionales de forma duradera y sostenida. Falta una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno para mitigar los factores subyacentes de exclusión educativa.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en las instituciones de educación básica la discriminación opera a través de factores interseccionales como el género, la etnicidad, el color de piel y la condición socioeconómica, que interfieren con el desarrollo pleno de las personas. Se naturalizan las construcciones sociales relacionadas con las características fenotípicas y el país de procedencia; por ejemplo, se relacionan los rasgos físicos, como la tonalidad de la piel, con las características intelectuales de las personas o con una mayor propensión a la violencia. Esta situación reviste particular importancia para el estudiantado de nacionalidad extranjera, ya que la percepción social varía significativamente según el país de origen. Las personas venezolanas y cubanas suelen ser contempladas de manera diferente a las hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas. A las primeras se les percibe como profesionistas debido a su educación universitaria, mientras que a las provenientes de Centroamérica se les asocia erróneamente con grupos de pandillas.
En Nuevo León, esta percepción ha generado respuestas preocupantes de los padres y madres de familia, quienes se oponen a la presencia de personas migrantes en sus comunidades por temor a un mayor nivel de inseguridad. La encuesta Así vamos Nuevo León 2022, de Consejo Cívico, refleja estos estereotipos que la población tiene hacia la migración: el 48% de las personas encuestadas considera que el aumento de la inseguridad se debe a las personas migrantes en las comunidades. Tales estereotipos afectan la autoestima y la integración social de la infancia y adolescencia centroamericanas. La idea de que ciertos grupos sociales son más propensos a la delincuencia crea un ambiente hostil que dificulta la inclusión plena. El problema comienza incluso antes de la integración formal de los menores en el sistema educativo, especialmente en el caso de los centroamericanos. Una entrevistada salvadoreña, establecida como refugiada con su familia en el municipio de Juárez, relató la negativa de la directora de un plantel de educación básica cuando quiso inscribir a su hijo: “me dijo la directora de la tarde que, que porque era extranjero, me puso un montón de peros y no me lo aceptó”. En otras ocasiones, el personal de las escuelas pretexta falta de cupos.
Por último, en la educación de este sector de la población migrante se privilegia la escolarización formal; por esta razón los saberes y experiencias de aprendizaje previos se desestiman, lo que puede llevar a procesos de “deculturación” o desaprendizaje, e incluso al ocultamiento del bagaje cultural y la lengua materna. En Nuevo León se registran casos de niños haitianos que optan por no hablar su lengua y de los centroamericanos que evitan el acento materno en las interacciones escolares. Esta negación de la identidad puede llevar a una alienación de sus raíces culturales, lo cual afecta el sentido de pertenencia.
La interculturalidad como un paradigma ético-político debe cuestionarse sobre las condiciones necesarias para su verdadera implementación. No en balde va más allá del multiculturalismo, que promueve la tolerancia hacia la diferencia cultural, étnica, social y nacional como forma de evitar conflictos, pero mantiene intactas las estructuras y jerarquías sociales existentes. Resulta indispensable crear un entorno que promueva el reconocimiento de la diversidad de identidades, de tal modo que la colectividad en su conjunto y las instituciones educativas puedan mitigar las desigualdades existentes. En este sentido, hay que fomentar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre la educación de la infancia y la adolescencia migrante; y orientar los esfuerzos de las instituciones educativas hacia la creación de un currículo intercultural que refleje y valore la diversidad, incorporando contenidos que eviten los estereotipos, fomenten el aprendizaje colaborativo y estimulen el análisis crítico del material didáctico utilizado en clase. Se trata de una labor que involucra al Estado, las instituciones escolares y la comunidad en la construcción de una sociedad inclusiva y democrática. ~
- Zúñiga, V. (2022). Discriminación estructural y desigualdad social en Nuevo León. Situación actual, ruta y propuesta de política pública. Secretaría de Igualdad e Inclusión. Gobierno de Nuevo León. ↩︎
- Ibid. ↩︎
Doctora en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Especialista en movilidad humana y gobernanza. Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
