Dos elementos determinan la vigencia de un genuino orden constitucional: la presencia efectiva de un régimen de libertades y una separación real de las ramas del poder público. En ausencia de estos dos elementos, el poder político se concentra en pocas manos y la democracia moderna no puede existir. ¿Cómo ha evolucionado Hispanoamérica sobre este particular durante el año 2024, concretamente en lo que se refiere a la separación efectiva de los poderes públicos?
Hay tres situaciones generales que se presentan en la práctica. La primera, y la más saludable desde un punto de vista democrático, es que quienes ejercen temporalmente dichos poderes se limiten a ejercer sus funciones en el marco de las disposiciones constitucionales, impidiendo así que ningún actor alcance más poder del que le reserva la ley. Chile y Uruguay encajan hoy en este perfil. La segunda posibilidad, característica de los regímenes autoritarios, es que todas las ramas del poder público sigan en la práctica las órdenes de un poder autocrático, limitándose a mantener una mera ficción de democracia. Y por último, también puede presentarse una situación intermedia, propia de los “regímenes híbridos”, donde los excesos de quienes controlan los poderes públicos generan el riesgo de una autocratización progresiva. Esta tercera opción parece ir al alza.
Al analizar los niveles de control e injerencia que el poder ejecutivo ejerce actualmente sobre el poder judicial en Hispanoamérica, no cabe duda de que la situación más grave se presenta en los tres regímenes propiamente autoritarios que hay en la región: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Allí, el poder judicial no goza de la más mínima independencia con respecto al poder ejecutivo. No es una casualidad que los tres tiranos que oprimen a cubanos, nicaragüenses y venezolanos se reunieran en Caracas el pasado 10 de enero, sin acompañamiento de otros jefes de Estado, para ayudar a prolongar la usurpación de la presidencia de Venezuela. Los tres dictadores dejaron así clara constancia del tipo de régimen político que defienden a capa y espada, contra la voluntad manifiesta de los ciudadanos.
Hasta ahora, el régimen de Maduro ha intentado mantener por todos los medios una imposible apariencia de legitimidad. En esta oportunidad, luego de que el sumiso Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara vencedor sin presentar una sola acta al público, Maduro pretendió además blindar esa decisión interponiendo un recurso ante el dócil Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Tal como señala Ángel Bermúdez, “Imagina que un futbolista está convencido de que anotó un gol, pero luego le pide a un tribunal que revise el VAR. Algo similar hizo el miércoles [31 de julio] el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”. De inmediato la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez (¿ex?militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y sancionada el pasado 10 de enero por la Unión Europea) se apresuró a comunicar que los resultados fraudulentos emitidos por el CNE –que también controla Maduro– eran legítimos.
En Nicaragua la situación no es muy diferente. A finales de 2023, Daniel Ortega decidió reducir la autonomía de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), despidiendo al 10% de su personal y recortando en un 80,5% la partida de salarios permanentes asignados a este organismo. Y aunque se multiplican los retardos procesales a la espera de la designación de nuevos magistrados, el poder judicial ha operado con notable celeridad a la hora de despojar de su nacionalidad y bienes personales a casi cuatrocientos disidentes que a día de hoy, en su gran mayoría, han sido expatriados y viven en el exilio.
En la Cuba castrista, por su parte, ni siquiera existe la preocupación gubernamental por hacer creer que hay una aparente división de poderes entre la rama ejecutiva y la judicial. Desde hace más de seis décadas rige en la isla una dictadura marxista-leninista en la que dicho principio se considera como una ficción burguesa abiertamente desechable.
A diferencia de lo que sucede en la troika caribeña, en la mayoría de los países de la región hay democracia. Sin embargo, durante todo el 2024 se han producido fuertes tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial. Estas fricciones, a menudo incrementadas por la creciente influencia del crimen organizado, preocupan cuando exceden el contrapeso mutuo que deben ejercer las distintas ramas del poder público, pasando más bien a vulnerar el espíritu y la letra del marco constitucional.
Bolivia se encuentra en una situación cada vez más parecida a la de Nicaragua o Venezuela. La inestabilidad institucional es total. La pugna entre Luis Arce y Evo Morales por la candidatura presidencial del oficialismo de cara al 2025 propicia excesos de todos los poderes públicos. Tras la inhabilitación de Morales por el Tribunal Constitucional, el Senado que preside Andrónico Rodríguez –del sector cocalero que apoya al expresidente– ha intentado en dos ocasiones, durante sendos viajes de Arce a Rusia y Brasil, destituir a los magistrados que impiden la candidatura de Morales.
Otro caso particularmente relevante es el de México. Al calor de lo que Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum han llamado la “Cuarta Transformación”, el sistema judicial y otros órganos del Estado se resisten ante las tentativas de control encabezadas por el hoy todopoderoso partido MORENA. Destaca su propuesta de reforma del poder judicial, con la que buscan que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y otros cargos judiciales sean electos por voto popular. Esto parece contravenir el espíritu mismo de la división de poderes, pues subsume al poder judicial dentro de la lógica electoral bajo la que se eligen los poderes ejecutivo y legislativo.
Para el 1 de junio quedó pautada la celebración de las primeras elecciones judiciales en las que serán electos 850 cargos, entre ellos los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados vacantes del Tribunal Electoral. Sin embargo, el pasado 8 de enero el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió detener “toda actividad”, en atención a una medida cautelar ordenada el pasado 20 de diciembre por el Juzgado Primero de Distrito de Michoacán.
En Guatemala se da una circunstancia no tan frecuente, pues es más bien el poder judicial el que parece contravenir los términos constitucionales. Allí, la relación entre los poderes ejecutivo y judicial ha estado marcada por los esfuerzos de la fiscal Consuelo Porras (sancionada por EEUU y la UE) para entorpecer la presidencia de Bernardo Arévalo. En medio de lo que Arévalo ha llamado el “secuestro del poder judicial por parte de las mafias”, en octubre pasado el Congreso designó a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 300 jueces de las cortes de apelaciones.
El caso de El Salvador, por su parte, evidencia un retroceso en la división de los poderes públicos, aunque paradójicamente esta dinámica cuenta con un apabullante respaldo popular. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General del Estado, nombrando en su lugar a personas afines. En septiembre del mismo año, esa misma Sala Constitucional emitió un fallo que facilitó la reelección de Bukele, obtenida en febrero de 2024 con más del 84% de los votos.
En Sudamérica, tanto en Argentina como en Colombia los presidentes Milei y Petro impulsan sendas reformas estructurales. Y aunque van en direcciones claramente opuestas, ambos se han topado con el poder judicial. Gustavo Petro está determinado a hacer lo que sea para aumentar la esfera de influencia del Estado sobre la sociedad civil, así como su propio poder sobre toda la estructura del Estado. Aspira, en esa tónica, a sustituir el sistema de salud actual —donde las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) juegan un papel crucial— por un sistema esencialmente público.
El poder judicial colombiano, y sobre todo la Corte Constitucional, han emitido fallos que ralentizan esta y otras iniciativas presidenciales. De ahí que Petro los haya calificado como actos políticamente interesados o, incluso, como “golpes blandos”, mostrando además escasa disposición a cumplir las disposiciones judiciales. El presidente incluso contraataca, solicitando recientemente una investigación penal contra las EPS por un supuesto mal manejo de recursos públicos. Petro también quiere modificar el sistema electoral colombiano, al que ha calificado de “fraudulento”.
Por su parte, las reformas liberalizadoras que acomete Javier Milei acaban de toparse con la Cámara Nacional del Trabajo, órgano de la justicia laboral creado por Juan Domingo Perón. La citada Cámara —que frenó recientemente el capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en razón de sus presuntos recortes a los derechos laborales— cuenta con 10 salas y 80 juzgados de primera instancia. De las 22 vacantes a llenar por el gobierno de Milei, 14 son de jueces y 8 de ellos están vinculados a la Cámara. El asunto augura diatribas mayores.
También en la Corte Suprema se prevén conflictos. Para cubrir la plaza que en 2021 dejó vacante Elena Highton, y tras la reciente jubilación de Juan Carlos Maqueda, el presidente argentino propone a un Senado de mayoría peronista el nombramiento de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo. Ante las posibles negativas y demoras, Milei ha esgrimido la posibilidad de nombrarlos por decreto.
En Ecuador, donde las arremetidas del crimen organizado han aumentado exponencialmente en los últimos años, el presidente Daniel Noboa ha visto frenados por la Corte Constitucional (CC) varios de sus intentos de implantar estados de excepción durante 2024. En noviembre, la CC reformó el decreto de emergencia que Noboa promulgó un mes y medio antes, limitando sus facultades. Y en Perú, donde ser (ex)presidente es deporte de alto riesgo, Dina Boluarte sobrevive de momento a diversos escándalos familiares, una impopularidad rampante y varias indagaciones judiciales.
Incluso la muy estable Costa Rica ha dado pie a preocupaciones sobre un presunto exceso de poder presidencial. Diversas versiones del proyecto de “Ley Jaguar”, impulsadas por el presidente Rodrigo Chaves, han sido vetadas por la Sala Constitucional tras alegar vicios de inconstitucionalidad. Empero, Costa Rica está aún muy lejos de correr los riesgos que caracterizan a los casos anteriores.
En definitiva, el importante avance que la democracia registró en Hispanoamérica durante las últimas décadas no es definitivo, y los enfrentamientos entre las diversas ramas del poder público presentan signos preocupantes que es necesario vigilar para prevenir retrocesos aún mayores.
(Caracas, 1976) es doctor en Conflicto político y procesos de pacificación. Investigador independiente, ha sido profesor en diversas universidades de Venezuela y Chile.
