El balance de la campaña en contra del robo de combustible registra más problemas que soluciones. Desde el 8 de enero el gobierno no ha dado a conocer cifras que despejen las dudas sobre el éxito de la estrategia y, en la opinión de Raymundo Riva Palacio, “Ya no hay más datos duros porque el torbellino de las consecuencias de un plan diseñado en tres semanas, son enormes”. Si bien la distribución de gasolina se ha normalizado en gran parte de Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México, aún hay escasez de combustible en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, que se debe, de acuerdo con el gobierno federal, a las múltiples perforaciones a los ductos que los huachicoleros han realizado en los últimos días.
Para mejorar la distribución de gasolina, el presidente López Obrador ordenó la contratación de 2 mil nuevos choferes de pipas, quienes percibirán un sueldo cerca de los 30 mil pesos mensuales. También anunció la compra en Estados Unidos de más de 500 pipas 0 85 millones de dólares, sin que hubiera una licitación de por medio “porque se trata de una emergencia”.
La opacidad en la adquisición de las pipas contrasta con los puntos que la propia secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, redactó para combatir la corrupción y que Irene Levy retomó en su columna, entre ellos: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social”. Levy, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, manifestó por escrito su voluntad de ser observadora de la adquisición; el presidente no lo consideró necesario, pues consideró que con la presencia de la secretaria de la Función Pública “era suficiente”.
No solo han surgido dudas en materia de la distribución, sino en la capacidad que tiene el gobierno para atender un desastre como el que ocurrió el pasado viernes 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuyo saldo hasta el momento es de más de 90 muertos y 40 heridos, alrededor de 65 desaparecidos y 68 restos sin identificar. En la percepción de muchos, se trata de una tragedia que pudo haberse evitado.
Las crónicas sobre la explosión coinciden en que Pemex tardó mucho tiempo en suspender el flujo de combustible y que al lugar llegaron personas de comunidades aledañas que se habían visto afectadas por el desabasto de gasolina. Aproximadamente 800 personas estaban sacando gasolina en cubetas, bidones y envases plásticos cuando llegaron 25 militares únicamente.
Tres días antes de la explosión en Tlahuelilpan, se registró una fuga en Santa Ana Ahuehuepan, un poblado cercano. Cuando las Fuerzas Armadas acudieron para resguardar la zona, los habitantes retuvieron, golpearon y desarmaron a tres elementos, porque presuntamente uno de ellos asesinó a un poblador. Tras varias horas de negociaciones, los pobladores liberaron a los militares con la condición de que se les investigara por el supuesto asesinato. Con este antecedente, los elementos en Tlahuelilpan prefirieron guardar su distancia e intentar persuadir a la población de no acercarse a la fuga. No obstante, fueron rebasados por la multitud y sus intentos resultaron insuficientes.
No queda claro aún quiénes tienen la mayor responsabilidad en el caso. Tampoco se conocen las causas que provocaron la explosión. Además de averiguar quiénes perforaron el ducto y cuál fue la secuencia de hechos que derivó en una “ordeña” masiva, las investigaciones judiciales deberán determinar la responsabilidad que Pemex, el ejército, los policías federales, protección civil, el gobierno local o el federal tuvieron al actuar frente a la situación de trágico desenlace. El recién nombrado fiscal tiene ante sí la tarea de responder a estas preguntas.
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica, el 80% de los entrevistados considera que el Ejército actuó de manera adecuada. A la pregunta “¿Quién fue el principal responsable de la explosión?” el 36.8% de los entrevistados respondió que los mismos pobladores y el 36.6% que fueron los huachicoleros. La pobreza no es suficiente motivo para justificar que se dediquen al robo de combustible, de acuerdo con el 85.5% de los encuestados. Además, el 72.7% considera que los sobrevivientes deberían de ser investigados por el delito de robo de combustible.
Por su parte, López Obrador ha insistido en que las comunidades en situación de pobreza no son las responsables de buscar otros medios para subsistir, sino que es el propio sistema de desigualdad el que los ha orillado a ello. Para evitar que la “práctica perversa del huachicol” continúe, anunció en Acambay, otro municipio donde hace unas semanas sus pobladores perforaron un ducto, una serie de programas sociales que contemplan la entrega de pensiones a adultos mayores, becas a jóvenes y pagos anticipados a los pequeños y medianos agricultores. Ante la pregunta del presidente“¿Cuento con ustedes? ¿Se acabó el huachicol? ¿Vamos para adelante?”, los asistentes respondieron con un “Sí” al unísono.
El combate al robo de combustible está bajo el control de las Fuerzas Armadas. Además de sus tareas de protección y resguardo de las pipas y ductos, el presidente las designó como las encargadas de administrar las nuevas pipas que se comprarán. Pero el ejército no está capacitado para realizar todas estas tareas. Como reveló la tragedia en Hidalgo, las unidades que patrullan los ductos no están preparadas para dispersar a una multitud, cercar el área y controlar un escenario de riesgo. Ahí, las autoridades mostraron un desconocimiento de los protocolos para atender una emergencia de tal magnitud. Como pregunta Guillermo Valdés, “¿Quién tiene la autoridad tanto para decidir qué tipo de operativo se instrumenta con base en qué protocolos de protección civil (se estaba ante la inminencia de un desastre social/natural que acabó ocurriendo), como para convocar y dirigir a las fuerzas del Estado a fin de proteger a la población incluso en contra de sí misma?”. Más allá de los efectos económicos que tiene el huachicoleo, se trata de un problema social donde miles de vidas están en peligro. La estrategia no tendría que descuidar ese aspecto.
***
Nuevos partidos políticos buscan un lugar dentro de la democracia mexicana. Hasta el 18 de enero, al menos 30 organizaciones civiles habían solicitado ante el INE su registro como partidos políticos nacionales. Entre ellos, Redes Sociales Progresistas, Gubernatura Indígena Nacional, Voz y Fuerza Indígena, Unión Nacional Sinarquista y Libertad y Responsabilidad Democrática.
Después de que Nueva Alianza perdiera su registro como partido político por no obtener el 3% de la votación válida durante las elecciones federales de julio, René Fujiwara y Fernando González, nieto y yerno de Elba Esther Gordillo, preparan su regreso a la política con una agrupación afín a López Obrador y a la Cuarta Transformación. De acuerdo con sus fundadores, no se tratará de una reedición de Nueva Alianza ni de un partido satélite de Morena, sino de un “instituto político de centro-izquierda-progresista”, que agrupe a los ciudadanos que apoyaron a López Obrador en su camino a la presidencia, pero que no se sentían identificados con ningún partido. Por el momento, la agrupación cuenta con 260 mil afiliados en los 32 estados y a partir del siguiente mes iniciarán sus asambleas.
También Margarita Zavala, quien fue candidata presidencial independiente durante los comicios pasados, registró ante el INE su asociación Libertad y Responsabilidad Democrática para que se convierta en un partido político. “México Libre es una expresión que pretende construir y practicar una nueva política y nuevos ciudadanos, una política fundamentada en la ética, dedicada a construir el bien común, más que orientada a conquistar el poder”, declaró durante la presentación de su proyecto.
Si bien la vida media de los partidos pequeños es corta —Encuentro Social como partido nacional estuvo presente del 2014 al 2018, el Partido Humanista existió a nivel nacional del 2014 al 2015, mientras que Nueva Alianza vivió de 2005 a 2018— hay un partido que logró posicionarse en solo ocho años. Morena surgió como una corriente política liderada por López Obrador en 2010 y se registró formalmente como partido político nacional en 2014. Ahora, es la fuerza política en el poder, con mayoría en el Congreso y al frente de cinco estados.
