Cuatro razones para que el PSOE dé libertad de voto en la investidura de Rajoy

No imponer el sentido del voto permitirá al PSOE contener la tensión que amenaza con fracturar el partido.

25 octubre 2016

La disciplina de partido se convirtió en una necesidad tan pronto como la ampliación del sufragio, en la segunda mitad del siglo XIX, condujo a la democracia de masas. La relación personal/clientelar entre las élites de notables y los electores que había dominado el viejo parlamentarismo dio lugar a una nueva identificación de tipo partidista. Y esta nueva forma de relacionarse con el poder demandaba una disciplina que dotara de estabilidad a un sistema crecientemente confrontado con lo complejo y permitiera una mejor rendición de cuentas: al fin y al cabo, los votantes podían juzgar mejor a un partido unívoco que a un coro de voces discrepantes dentro de la misma formación.

La disciplina de partido se ha revelado como un instrumento útil y un elemento necesario en el parlamentarismo contemporáneo. No es mi intención, pues, poner en cuestión su validez. Las líneas que siguen solo tratan de argumentar que, en el caso puntual que representa la próxima investidura de Mariano Rajoy, quizá sea una buena estrategia para el PSOE conceder, de forma excepcional, libertad en el voto de sus diputados. Estas son las razones:

El objetivo de la gestora es poner en marcha un gobierno en minoría del PP para evitar las terceras elecciones, que en este momento serían potencialmente letales para los socialistas, y disponer de tiempo, mientras se desarrolla la legislatura, para recomponer el partido y encontrar un nuevo líder. Para ello no es necesario imponer el sentido del voto a todos sus diputados: si Javier Fernández diera libertad para optar entre la abstención y el rechazo a Rajoy, la investidura quedaría asegurada, habida cuenta de que solo se necesitan 11 abstencionistas entre los 85 escaños con los que cuenta el PSOE.
El objetivo de facilitar la investidura no solo quedaría garantizado otorgando libertad de voto a los diputados, sino que esta decisión permitiría evitar las terceras elecciones sin contrariar a algunos parlamentarios socialistas, para los que entregar el gobierno al PP supone hacerse un verdadero desgarro. Javier Fernández tiene la oportunidad de presentarse como un líder dialogante y democrático, una actitud que puede contribuir a calmar las turbulentas aguas de Ferraz. Si la gestora no impone un criterio único, el resultado final de la investidura obedecerá exclusivamente a la decisión libre y personal de cada diputado, y como tal habrá de ser respetada por todos los compañeros.
No imponer el sentido del voto permite, por tanto, contener la creciente tensión que amenaza con fracturar el partido. De ser obligados a investir a Rajoy, muchos diputados arrastrarán el rencor de esta decisión a lo largo de toda la legislatura y la gestora será percibida como un órgano autoritario que suscita desconfianza y división, en un momento en el que los socialistas están necesitados de elementos de cohesión. Hemos de recordar que la desunión del PSOE no solo tiene costes a nivel organizativo interno, sino que es penalizada también por los electores. Y dado que la legislatura de Rajoy se presume corta y que, por tanto, los socialistas podrían tener que medirse de nuevo con Podemos en las urnas en el medio plazo, no conviene al PSOE llegar a una cita electoral con el partido roto y su principal competidor en ascenso.
La última razón es también la más importante de todas: si Javier Fernández no tiene garantías de que todos sus diputados obedecerán la orden de la gestora para investir a Rajoy, es mejor otorgar libertad de voto a los diputados que escenificar delante de toda España la división interna del PSOE y la falta de autoridad de su gestora.

Iceta ya ha manifestado que los diputados del PSC desafiarán la orden abstencionista de Fernández sin importarles las consecuencias. La escalada de tensiones podría desembocar en la escisión de la marca catalana de los socialistas, añadiendo nuevos problemas al partido. Algunos ven aquí una oportunidad para que el PSOE se libere del lastre de un PSC paulatinamente seducido por el soberanismo y lleve sus propias siglas a Cataluña. No obstante, en un contexto político tan inestable como el que vivimos, con una legislatura que se anuncia corta, no parece una buena idea que el PSOE se embarque en nuevas aventuras que puedan ahondar y visibilizar más su desunión.

Es cierto que, muy probablemente, la estrategia de Fernández sea la de obligar a la disidencia a señalarse en el pleno de investidura. Y es cierto también que, a la hora de la verdad, no serán tantos los que se atrevan a contradecir a la gestora en la votación. Se trata, pues, de una maniobra de afirmación de poder. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos.

En primer lugar, porque la capacidad de la nueva dirección para purgar a los disidentes, que sería el siguiente paso en la lógica de asegurar el control, es muy limitada. Ya se vio con ocasión del movimiento interno que derribó a Sánchez. Es de primero de golpista: si vas a derribar al poder legítimo, ten la seguridad de que podrás hacerte con un mando férreo. De lo contrario, el resultado será división y caos, o sea, la guerra civil. Esto debimos aprenderlo los españoles hace ya mucho tiempo, pero algunos en Ferraz no lo tienen claro todavía.

En segundo lugar, imponer la abstención quizá permita asegurar el poder en el corto plazo, pero no deja de ser una estrategia miope. La imposición puede suponer, a medio plazo, la estocada final a un partido en sus horas más bajas. En este sentido, otorgar libertad de voto parece la mejor táctica de reducción de daños: permitiría alcanzar el objetivo de la investidura sin tensionar más el partido, contribuiría a la imagen amable y dialogante de una gestora que no parece capaz de hacerse respetar, y reflejaría mejor la pluralidad de los votantes del PSOE, que también sostienen posturas diversas sobre los pasos que debe dar el partido.