En días recientes se ha dado una confrontación de argumentos en torno a decisiones del gobierno federal que afectan la viabilidad de los centros públicos de investigación (CPIs). Se ha hecho mención especial del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución de la que soy egresado.
El presidente y sus voceros han presentado tres argumentos para reducir el presupuesto, recortar el personal y frenar el flujo de fondos ya autorizados a los CPIs.
- Uno, la “austeridad franciscana” del gobierno, que busca acabar con lo que se considera “dispendios y derroches”.
- Dos, la lucha contra la corrupción. En la lógica del presidente, sin dinero no hay ladrón, y por eso está secando de liquidez a todo el aparato gubernamental.
- Y tres, el castigo a la élite, porque él y sus voceros argumentan que los académicos son también parte de los grupos más favorecidos, que han abusado de lo que ellos llaman “sus privilegios”. Ese castigo simbólico ha llegado a tal extremo, que ahora los viajes de científicos y académicos de los CPIs al extranjero tienen que ser autorizados por el presidente en persona.
Muchos profesores y exalumnos del CIDE han levantado la voz para refutar estos tres argumentos. El problema es que, al tomar literalmente al presidente, están luchando contra molinos de viento, porque el gobierno está asfixiando a los centros de investigación por razones que no tienen nada que ver con la austeridad, la honradez o la justicia.
La razón de fondo está más relacionada con algo que comenté en mi artículo anterior: AMLO es el primer presidente de la posverdad en México. Esto quiere decir que el presidente ha convertido el discurso presidencial en un instrumento de manipulación de la realidad y los hechos para hacerlos encajar en las emociones, creencias y prejuicios de la gente, a través de narrativas demagógicas de “ellos” (la élite, que incluye a la élite académica e intelectual) contra “nosotros” (el “pueblo”).
La posverdad no significa únicamente que el presidente “tiene poco afecto por la veracidad de su discurso”, sino algo más sofisticado y nocivo: es una forma de dominación política que busca convertir los datos, los hechos y la evidencia en algo irrelevante. Y una forma muy efectiva de hacerlo es despojar de legitimidad a quien produce esos datos, hechos, opiniones técnicas y evidencia, porque sin ellos, el ciudadano queda a expensas de lo que el gobernante le diga qué creer y qué no creer.
Es por ello que el presidente es tremendamente hostil contra organizaciones que generan datos, hechos, evidencia y opiniones contrarias a su visión del mundo. Por ejemplo, desestima las críticas de la OCDE porque su secretario general “no tiene mucha autoridad moral”. Llama “hipócritas” a las calificadoras de riesgo crediticio que advierten del rumbo que lleva la economía. Cancela todos los recursos a las organizaciones de la sociedad civil, porque son “instrumentos de los conservadores”. Desestima los datos del Banco de México y del INEGI. Y bueno, ya sabemos ampliamente qué opina el presidente de los medios de comunicación. Si el presidente tuviera razón en todas estas apreciaciones, él quedaría como la única fuente legítima, precisa y veraz de información: sería el depositario único de la verdad.
En esta lógica, los centros académicos con mayor influencia en los asuntos públicos también representan una presencia incómoda que es mejor desaparecer o, por lo menos, reducir y debilitar. Y hay que preguntarnos, después de un par de años de vacas realmente flacas, de reducción de salarios, de cancelación de proyectos y publicaciones, de despidos y vejaciones, ¿quedará alguien en el CIDE que quiera “hacer olas” y criticar al presidente? ¿Habrá quien quiera publicar un estudio a fondo de la efectividad de sus programas sociales? ¿Se analizará con el mismo rigor de antes la política macroeconómica? ¿Se hablará libremente de las consecuencias de su política exterior? ¿Habrá recursos para investigar a fondo el estado real de la democracia y las libertades? ¿No se ve con claridad el riesgo de que el CIDE termine llenando las vacantes con los adalides del nuevo régimen?
En conclusión, comparto al cien por ciento los argumentos de profesores, exprofesores, alumnos y colegas egresados de nuestra alma máter. El CIDE importa, porque como dijo un querido amigo economista, es “una escuela pública que compite con las mejores privadas, una fuente de ideas socialmente orientadas, ajena a las élites, que genera movilidad social y da una magnífica alternativa académica.” Pero esos argumentos no bastan para salvarlo de la extinción, o de su transformación en una institución marginal y dócil. Para defender al CIDE y a sus centros de investigación hermanos, hay dejar de tomar a AMLO literalmente y comprender que lo que hoy vivimos es una lucha contra la posverdad, que requerirá mucho más valor, imaginación e integridad intelectual y política de lo que alcanzamos a vislumbrar hoy. La defensa de las instituciones apenas comienza.
Especialista en discurso político y manejo de crisis.
