El 7 de diciembre, la asociaciĆ³n civil Signos Vitales presentĆ³ el reporte āBalance Negativo: los Derechos Humanos en MĆ©xicoā, que proporciona informaciĆ³n relevante respecto al cumplimiento o incumplimiento y violaciĆ³n de esta obligaciĆ³n constitucional a cargo del Estado.
Los datos que el informe recoge no pueden ser mĆ”s desalentadores. En prĆ”cticamente todos los mĆ”s de cincuenta derechos fundamentales que protege la ConstituciĆ³n āsean polĆticos, civiles, econĆ³micos, sociales, etc.ā se registra algĆŗn tipo de violaciĆ³n, quebrantamiento o incumplimiento por parte de las autoridades. Esto se debe, en gran parte, al esfuerzo sistemĆ”tico de la presente administraciĆ³n federal para debilitar los contrapesos institucionales, destruir o socavar las capacidades del gobierno y desaparecer a los organismos que podrĆan equilibrar el ejercicio del poder, propios de toda democracia.
Se suma como causa el desdĆ©n del gobierno mexicano hacia el acatamiento de la ley ālo cual constituye en sĆ diversas violaciones a derechos humanos, tales como el de la certeza jurĆdica y la igualdad ante la ley, entre otrosā, y su desprecio a la naturaleza progresiva y universal de los derechos fundamentales, asĆ como a su transversalidad, es decir, la relaciĆ³n estrecha que guarda el ejercicio de cada derecho humano con otros de distinta naturaleza.
Por dĆ©cadas, el Estado mexicano ha tenido una deuda con la poblaciĆ³n mĆ”s vulnerable en materia de derechos econĆ³micos y sociales, como son el trabajo, la salud y la alimentaciĆ³n. Sin embargo, programas como el Seguro Popular habĆan ido creando las condiciones para cerrar la brecha entre aquellos mexicanos que tenĆan una fuente formal de empleo ācondiciĆ³n necesaria para tener acceso a servicios pĆŗblicos de salud, como los del Instituto Mexicano del Seguro Socialā y aquellos que por diversas circunstancias de oportunidad trabajan desde la informalidad. Ahora bien, tras la puesta en marcha del Instituto para la Salud y el Bienestar (Insabi), de acuerdo a datos del Coneval que retoma el reporte, el 57.3% de los hogares en pobreza extrema carecen de acceso a los servicios de salud, y 15 millones 600 mil personas en los Ćŗltimos dos aƱos perdieron el derecho a recibir servicios de salud en alguna instituciĆ³n, ya sea pĆŗblica o privada.
En cuanto a derechos sociales como el trabajo y la alimentaciĆ³n, el reporte explica que, debido a las decisiones administrativas relativas al manejo econĆ³mico y social de la pandemia, muchas fuentes formales de empleo se vieron obligadas a cerrar o a despedir empleados para cumplir con sus obligaciones fiscales y con el pago de salarios. La consecuente pĆ©rdida de fuentes de empleo e ingreso ha ocasionado que la cifra de 27.5 millones de personas que en 2018 carecĆan de acceso a la alimentaciĆ³n, en 2021 haya aumentado a 28.6 millones, casi 1 de cada 4 personas. Esto ha afectado mĆ”s a la poblaciĆ³n indĆgena y en pobreza extrema del paĆs, y ha provocado que 6 millones 300 mil personas hayan dejado de tener las condiciones econĆ³micas y sociales propias de la clase media y vivan ahora en situaciĆ³n de pobreza.
Hablando de la transversalidad de los derechos humanos, el reporte arroja tambiĆ©n resultados alarmantes. Leyes como la de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza violan al menos 25 derechos constitucionales, entre ellos el derecho humano a la seguridad pĆŗblica a cargo de instituciones de carĆ”cter civil, que obliga a las autoridades a invertir en la creaciĆ³n de cuerpos policiales disciplinados, profesionales y con perspectiva de derechos humanos. Las secretarĆas de la Defensa Nacional y de Marina se han negado a entregar y publicar de manera anual los informes que estĆ”n obligadas a rendir conforme al artĆculo 35 de la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Tales informes deben contener todos los datos relacionados con las detenciones, los resultados de la evaluaciĆ³n corporal que se realice a las personas detenidas, el nĆŗmero de personas fallecidas por el uso de la fuerza, desagregado por sexo y, en su caso, recomendaciones que con motivo de estos eventos hayan emitido los organismos pĆŗblicos de derechos humanos, y la atenciĆ³n que se haya dado a las mismas. Es de recalcar que 2020 es el aƱo en el que se presentĆ³ la mayor proporciĆ³n de civiles heridos y fallecidos en enfrentamientos de la Sedena, en relaciĆ³n a las bajas por heridas o fallecimiento del cuerpo de las Fuerzas Armadas (82% de las vĆctimas).
La estrategia de seguridad basada en los āabrazos, no balazosā constituye tambiĆ©n un cĆŗmulo propio de violaciones a derechos humanos, pues la inacciĆ³n implica la renuncia del uso legĆtimo de la fuerza por parte del Estado. Lo que en el discurso se ha pretendido justificar como un rechazo a la violencia, en la prĆ”ctica raya en la indiferencia ante los 102 mil 987 homicidios dolosos cometidos entre 2018 y 2020: el mayor nĆŗmero en la historia del MĆ©xico moderno. De continuar la tendencia, 2021 serĆ” el aƱo mĆ”s violento en lo que va del siglo. Esto sin considerar en este rubro a los feminicidios, delito que se ha incrementado de manera considerable de 2015 a la fecha. 2020 ha sido el aƱo que mĆ”s feminicidios ha registrado desde que se tienen datos disponibles: un total de 977.
Aunado a lo anterior, la polĆtica de brazos cruzados ha propiciado que municipios enteros se encuentren bajo el control absoluto del crimen organizado, lo que ha aumentado el nĆŗmero de poblaciones desplazadas y el incremento de milicias civiles de defensa āa las cuales se integran niƱos y adolescentesāen comunidades marginadas del paĆs.
Solo en 2019, el reporte consigna 7 mil 393 detenciones arbitrarias. Las instituciones mĆ”s seƱaladas fueron las policĆas estatales y municipales, que concentran 34.4% y 30.5% respectivamente, seguidas por la FiscalĆa General de la RepĆŗblica, con 22.7%, la SecretarĆa de la Defensa, con 2.5%, y la de Marina, con 2.4% de estos seƱalamientos, de acuerdo a datos del Inegi. En esta materia resalta el caso de Giovanni LĆ³pez, de 30 aƱos, detenido por policĆas municipales en IxtlahuacĆ”n, Jalisco, el 4 de mayo de 2020, bajo el pretexto de no portar cubrebocas. Tras pasar toda una noche detenido sin orden judicial, Giovanni muriĆ³ bajo custodia policial, por un traumatismo craneoencefĆ”lico como resultado de un fuerte golpe en la cabeza.
En cuanto al derecho a la libertad de expresiĆ³n, el reporte de Signos Vitales recoge datos referentes al asedio, vejaciones, acoso y asesinato cometidos en contra de periodistas en MĆ©xico, tanto por el crimen organizado como por autoridades estatales y municipales. Estas han sido amenazas constantes a la libertad de expresiĆ³n, la libertad de elecciĆ³n de oficio y el derecho humano a la informaciĆ³n a lo largo de este siglo, pero en el presente sexenio no se han logrado contener: de 145 asesinatos de periodistas ocurridos en MĆ©xico desde 2000 y hasta el mes de octubre de 2021, 25 de ellos han tenido lugar en el presente sexenio. AdemĆ”s, la āactitud belicosaā del presidente AndrĆ©s Manuel LĆ³pez Obrador contra medios de comunicaciĆ³n, crĆticos, intelectuales, analistas y periodistas constituye un factor real de riesgo para el ejercicio de estos derechos fundamentales y genera condiciones adversas para el ejercicio pleno de la libertad de expresiĆ³n.
A lo largo de los cinco capĆtulos del reporte (Los derechos civiles y polĆticos en el rĆ©gimen de este gobierno, Los derechos humanos frente a las polĆticas y megaproyectos encabezados por el gobierno, InacciĆ³n, pandemia y derechos sociales en crisis, Personas en condiciĆ³n de vulnerabilidad: sin derechos y ConservaciĆ³n del medio ambiente y respeto de los derechos humanos), el anĆ”lisis se centra en las acciones que el actual gobierno estĆ” tomando en contraposiciĆ³n a su planteamiento de campaƱa: āde ser un gobierno que prometĆa proteger a los mĆ”s vulnerables ādice el reporteā ha pasado a ser un gobierno al que Ćŗnicamente le interesan las ganancias polĆticas y electoralesā.
El conocimiento del contenido de este documento para su amplia difusiĆ³n y discusiĆ³n ciudadana es de vital importancia a la mitad de un sexenio en el que la violaciĆ³n sistemĆ”tica de los derechos humanos ya es un sello distintivo. El reconocimiento, respeto, fomento y protecciĆ³n de estos derechos, cabe siempre recordar, no estĆ” sujeto a la buena voluntad de los gobernantes, pues constituye una obligaciĆ³n constitucional a cargo del Estado y a favor de las mexicanas y los mexicanos.
Ante informes como este, se confirma la necesidad de formar alianzas estratĆ©gicas entre la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y los ciudadanos de a pie, a fin de transformar la cultura del desacato a la ley en una en donde el cumplimiento y observancia del derecho sea la Ćŗnica regla.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
