La cancelación del aeropuerto en Texcoco, las políticas de austeridad que han reducido los sueldos y prestaciones de funcionarios públicos, el combate al robo de combustible, el anuncio de cierre de refugios y de estancias infantiles y la creación de la Guardia Nacional son algunas de las acciones más visibles del presidente López Obrador en sus primeros cien días de gobierno.
Para algunos especialistas, el balance es más negativo que positivo. En palabras de Alberto Fernández, a lo largo de estos días se ha confirmado lo que desde la campaña se sabía: “El presidente tiene grandes visiones de lo que quiere lograr en su gestión, pero escasa comprensión de la labor de relojero que implica el diseño de las políticas públicas y menos paciencia para irlas implementado gradualmente”.
Desde el primer día de su gobierno, el presidente se comprometió a presentar informes para rendir cuentas ante los ciudadanos. En su discurso por los primeros 100 días de su mandato, destacó los logros de su administración y habló de los desafíos pendientes: “Aunque todavía es el comienzo del camino hacia el progreso con justicia, ya empezamos a escribir el prólogo de la gran obra de transformación nacional”.
En estos primeros meses, López Obrador ha mantenido como ejes el combate a la corrupción y la austeridad. Son seis los programas sociales insignia de su gobierno: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, Producción para el Bienestar, Microcréditos para el Bienestar y Sembrando Vida. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, cerca de 180 mil millones de pesos se destinarán a estos programas para beneficiar a 16 millones de personas.
En un intento por deslindarse de las mecanismos que usaban sus antecesores, López Obrador ha implementado la entrega directa del dinero a los beneficiarios: “Por la corrupción que prevalecía en el manejo de los programas sociales, decidimos que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, no se entregará a intermediarios, sean organizaciones sociales, civiles o fundaciones de ninguna índole; todo ello para evitar simulaciones, los llamados moches, el piquete de ojo o cualquier otra forma de transas o desvíos de recursos destinados a la gente”, explicó el presidente en su informe. Lejos de percibirla como una medida que garantice la transparencia, The Economist ve un regreso a un modelo en el que el Estado toma el control y el crédito de las acciones, convirtiéndose en el único benefactor. Además, esta distribución directa de recursos no es enfoque viable para todos los programas. Un ejemplo claro es la cancelación de los apoyos a los refugios para las mujeres que sufren violencia doméstica. Como escribió Regina Tamés, “No es claro cómo dichos recursos podrían ser sustitutos de las medidas de seguridad, alimento, cobijo, asesoría médica y jurídica y toda una institucionalización que realizan los refugios”.
Los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto vivieron índices de violencia históricos. A pesar de las promesas del actual presidente, el panorama en este no luce distinto. De acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer mes de 2019 registró una alza en la tasa de homicidios y de delitos que lo colocan como el enero más violento desde que se lleva un registro estadístico de la incidencia delictiva. El presidente hizo referencia a estos datos en su discurso: “En los hechos la población del país se encuentra en estado de indefensión; esto explica en parte –no es justificación– por qué solo se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla significativamente como lo deseamos”.
Aunque en campaña el presidente se comprometió a regresar el Ejército a los cuarteles, su estrategia recurre a las Fuerzas Armadas “como principal recurso contra la violencia criminal”, como afirma Javier Oliva Posada. En diciembre, López Obrador propuso extinguir la Policía Federal y dejar sus tareas en manos de una Guardia Nacional que se integraría también con elementos de la Policía Militar y de la Naval. Tras una serie de debates, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen para su creación. Jorge Javier Romero Vadillo opina que dicha estrategia, es “como todos los ámbitos de su gestión, centralista en extremo” y que sus resultados “difícilmente serán mejores que los vistos hasta ahora”. Mientras que para los investigadores y analistas de Integralia Consultores, a pesar del énfasis retórico en la construcción de la paz, “no se ha anunciado un cambio estratégico ni táctico claro” por lo que “no se estima que los índices delictivos se reduzcan en el corto plazo”.
Las medidas de seguridad impulsadas por López Obrador y su equipo dejan fuera la capacitación de las policías locales y no atienden las causas estructurales de la violencia. Romero Vadillo considera que, a pesar del despliegue de fuerza, la calidad de los elementos no aumentará, pues “la crisis solo tendrá remedio cuando la presencia estatal eche raíces en la sociedad, con cuerpos policiacos profesionales, cercanos a las comunidades, que conozcan su entorno y sean eficaces para prevenir y para perseguir los delitos”.
De acuerdo con Javier Oliva Posada, otro aspecto que el presidente tendría que atender es su seguridad personal. Desde que asumió la Presidencia, López Obrador dejó de usar aeronaves oficiales y de contar con un cuerpo de seguridad, pues sustituyó al Estado Mayor Presidencial con una Ayudantía integrada por cinco personas. “La gente se acerca para pedirle fotografías o hacerle peticiones. No estoy muy seguro de que esa línea de trabajo y de comunicación pueda mantenerse por seis años” comenta Oliva.
En materia económica, López Obrador ha culpado a las políticas económicas neoliberales de la desigualdad y la falta de crecimiento en el país. Las promesas de rescatar al sector energético o la implementación de políticas de austeridad no han sido suficientes para contrarrestar la incertidumbre, e incluso el pesimismo, de inversionistas y mercados. El Banco de México redujo su proyección de crecimiento del PIB de 2.2% a 1.6%; el 70% de los inversionistas encuestados por el Bank of America Merrill Lynch opina que México perderá su grado de inversión y las agencias calificadoras han degradado la calificación crediticia del país y de sus dos empresas más importantes, Pemex y CFE. Sobre esto, el presidente dijo en su discurso que “estamos conscientes del escepticismo natural sobre nuestro objetivo de lograr un crecimiento anual promedio del 4% durante el sexenio, el doble de lo que se alcanzó en los 36 años del periodo neoliberal”. Pero destacó que, contra todo pronóstico de sus “adversarios conservadores” no hay indicios de recesión. Algunas variables confirman el comentario del presidente. En este trimestre, el peso ha tenido una apreciación frente al dólar, la inflación se ubicó en 3.94% y la confianza del consumidor alcanzó máximos históricos.
En una de sus primeras grandes acciones en materia económica, el gobierno anunció en diciembre un incremento del 16% en el salario mínimo. A pesar de esto, en estos 100 días han ocurrido 15 paros laborales federales, 384 emplazamientos a huelga y 37 conflictos sin emplazamiento de sindicatos pertenecientes a la CTM, CROC y CROM, según un reportaje de El Universal. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, ha tomado una posición conciliatoria entre las partes, respetando los derechos de los trabajadores. Alberto Fernández piensa que la secretaria “está respaldando un ambicioso programa de reformas para transparentar la representación sindical, combatir el turbio negocio de los contratos de protección y ofrecer certidumbre en la negociación colectiva”. Por lo que el sector laboral es una de las áreas “donde la Cuarta Transformación puede encontrar rumbo en medio de los golpes de timón”.
Por su parte, el sector cultural recibió poca atención del presidente en su discurso: apenas hizo mención a la apertura de Los Pinos como espacio cultural, el inicio del Programa de Rescate del Patrimonio Cultural y la puesta en marcha del Programa de Fomento a la Lectura. La secretaria Alejandra Frausto es la única que no ha comparecido en las conferencias matutinas, pero los recortes a los programas culturales y a las becas de creación, la destitución de funcionarios y la desaparición de áreas han provocado malestar entre la comunidad artística. De acuerdo con el dramaturgo Enrique Olmos de Ita, la gestión de López Obrador es “desconcertante y decepcionante”. Para modificar la perspectiva, el presidente tendría que “apostar por duplicar el gasto en el sector para el año próximo”. Como recuerda el también crítico de teatro, la UNESCO recomienda a los gobiernos invertir el 1% del PIB en el ramo cultural, por lo que conseguir el .50% para el 2020 “sería un éxito absoluto”. El fallido foro de consulta sobre los cambios en el FONCA que se realizó el pasado 8 de marzo es una muestra de que las disputas en la comunidad artística se deben “al escueto presupuesto, claramente insuficiente para un país que cada año arroja más y más profesionales del arte a la vida productiva” y de que la presente administración “parece no querer estimular la creación artística profesional”, afirma Olmos de Ita.
A pesar de la desaceleración económica y de los índices de inseguridad al alza, la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del presidente es positiva. Las encuestas realizadas por El Economista, El Financiero, El Universal y Reforma revelan que su aprobación oscila entre un 60% y un 80%. De acuerdo con el informe Los primeros 100 días de AMLO realizado por Integralia Consultores, la popularidad del presidente se debe a su estilo cercano de gobernar y comunicar, a su manera rápida de actuar y a que se tiene una perspectiva de mejora en contraste con los gobiernos anteriores. Ello provoca que el presidente sea “evaluado por la bondad de sus intenciones, no por los resultados de sus acciones”.
Dentro de la esfera digital, el presidente también mantiene una presencia contundente. En un análisis realizado por Signa_Lab del ITESO, se descubrió que a lo largo de estos 100 días los seguidores del presidente han conformado la #RedAMLOve, la cual ataca a los críticos de las acciones del mandatario mientras mantiene una imagen positiva del presidente. Para los analistas, las “benditas redes sociales”, como López Obrador las ha llamado, mandan un mensaje peligroso: “mantener a raya a quienes critican al presidente”. Sobre esto el presidente comentó en su conferencia mañanera del 13 de marzo “nosotros no tenemos bots”.
López Obrador concluyó su mensaje por sus primeros 100 días al frente del país destacando que ha gobernado “para el pueblo y con el pueblo”, en referencia a sus consultas populares. Pero lejos de promover una democracia participativa, estas han presentado irregularidades y se han realizado fuera de la ley, lo que no permiten saber si se respeta la voluntad de la ciudadanía o se impone la del Ejecutivo. Shannon K. O’Neil, vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores, un organismo no gubernamental especializado en política exterior, escribió en Bloomberg que la centralización del poder en la figura del presidente López Obrador es una amenaza para la democracia. “La estrategia de AMLO no es nueva en el libro de jugadas de la política mexicana. Se remonta al apogeo del PRI, cuando el partido mantuvo el control económico y político de las empresas, el trabajo, el campo y cualquier aspecto de la sociedad civil”.
Los primeros meses de la administración lopezobradorista han transcurrido a ritmo vertiginoso. Pero la celeridad por sí sola no servirá para sortear los grandes desafíos nacionales. Por el contrario, es preciso un análisis minucioso que justifique las acciones y permita obtener resultados permanentes. El gobierno de López Obrador está en una etapa temprana, en la que se pueden hacer ajustes con miras a cumplir los objetivos de acabar con la violencia y fortalecer la economía. El éxito o el fracaso en estos rubros marcará su gestión.
Con investigación de Karla Sánchez.
