Todas las involuciones autoritarias necesitan un pretexto. La Turquía de Erdogan utilizó el intento de golpe de 2016, Mussolini el intento de magnicidio que realizó en 1926 un estudiante de 15 años, Hitler el incendio del Reichstag. En algunos casos los pretextos son claramente falsos, como en el caso de Hitler, en otros son claramente auténticos, como en el del intento de asesinato de Mussolini, pero en todos, la reacción emocional a un mal se utiliza para justificar algo que, al menos a largo plazo, es mucho peor.
Me parece que esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo. Lo que Trump hizo está mal. Debería ser sometido a un impeachment. Este castigo puede llegar demasiado tarde como para provocar una diferencia, pero crea el precedente correcto. El Senado también debería prohibir que se presente a un cargo público en el futuro, como está en su poder hacerlo. Sus acólitos deberían responder por los crímenes que cometieron, siguiendo el proceso adecuado. Esta es la forma constitucional adecuada para afrontar el problema.
Sus acciones sediciosas, sin embargo, revelan el poder político que disfruta TAGAF (Twitter, Amazon, Google, Apple, and Facebook). Facebook y Twitter han prohibido al presidente en sus respectivas plataformas. Apple y Amazon bloquearon la posibilidad de descargar Parler, la aplicación de la red social alternativa que preferían los conservadores, de sus respectivas App Stores y Amazon la expulsó de AWS [Amazon Web Services].
Mucha gente aplaudió estas decisiones, que consideraba necesarias para detener el intento de golpe de Trump. A mí me parecen un precedente peligroso, que concentra el poder de manera irreversible en las manos de unas pocas empresas privadas. Todo el mundo, pero especialmente la gente de izquierdas, debería preocuparse: pronto, este poder se usará en su contra.
Si Trump violó la ley con sus tuits, debería ser perseguido de acuerdo a la ley. ¿Por qué Twitter y Facebook se toman la justicia por su mano como autodesignados vigilantes? Si sus tuits no violaron la ley, ¿por qué lo echaron Twitter y Facebook?
Twitter y Facebook, dirían muchos, son compañías privadas, que pueden crear sus propias normas de intervención. Eso es cierto. Pero estas normas deben ser consistentemente aplicadas y eso no es lo que ocurre aquí. Según la propia declaración de Twitter, Trump fue permanentemente suspendido por los siguientes dos tuits, enviados el 8 de enero:
“Los 75.000 grandes Patriotas Estadounidenses que me votaron, AMERICA FIRST y MAKE AMERICA GREAT AGAIN, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro. ¡¡¡No se les faltará al respeto ni se les tratará de manera irrespetuosa de ninguna manera!!!”
“A todos los que han preguntado, no iré a la Inauguración del 20 de enero.”
“Esos dos tuis”, escribe Twitter, “deben leerse en el contexto de acontecimientos más amplios en el país y los modos en que las declaraciones del presidente pueden ser movilizadas por distintas audiencias, también para incitar a la violencia”. El contexto al que se refiere Twitter son los potenciales planes para un ataque posterior el 17 de enero, aunque los tuits de Trump no mencionaban esos planes.
Si Twitter fuera a aplicar esta interpretación extensiva de su código a todo el mundo, habría tenido que suspender a miles de personas más. De hecho, habría tenido que suspender al propio Trump varias veces antes de la elección y no lo hizo.
Habría sido distinto si Twitter y Facebook hubieran dejado de promover los tuits y posts de Trump (como han hecho de forma sistemática hasta ahora para atraer a más clientes a sus plataformas). Eso entra en su discreción editorial. Pero excluir a alguien del acceso a sus plataformas equivale a una compañía telefónica que impide que un individuo acceda al teléfono. Es una limitación extraordinaria de su libertad personal, que solo puede imponer la autoridad política legítima tras un proceso adecuado, no empresas privadas. El ejemplo del teléfono no es accidental. Twitter y Facebook no son cualquier compañía privada, representan (como el teléfono en el pasado) una infraestructura básica de comunicación.
Sorprendentemente, la mayor parte de los medios tradicionales, que deberían fiscalizar al poder, aplauden las decisiones de TAGAF, en vez de oponerse a ellas. No está claro si los ciega su odio a Trump o si ya son parte integral del nuevo orden mundial. Después de todo, algunos de ellos son propiedad de TAGAF (The Washington Post es de Bezos, The Atlantic de Laurene Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs) y todos dependen de TAGAF para sobrevivir. Los acontecimientos de este fin de semana muestran que una acción coordinada de TAGAF puede poner de rodillas a cualquier empresa. Una vez se ha mostrado la prueba del concepto, no hay necesidad de flexionar los músculos. Como economistas, sabemos que la amenaza basta para obtener obediencia.
No disputo el derecho de las corporaciones a asumir una posición moral o política. De hecho, aconsejé dar a los accionistas más voz en asuntos sociales. Si a los accionistas de ViacomCBS (dueña de Simon & Schuster) no les gusta la asociación con el senador Josh Hawley hasta tal punto que prefieren pagarle por daños en vez de cumplir su obligación contractual, están en su derecho de hacerlo. Su libertad no infringe la del senador Hawley. En un mercado competitivo, hay muchos editores dispuestos a imprimir el libro de Hawley, especialmente después de recibir la publicidad gratuita que acaba de recibir. En un monopolio, sin embargo, esta libertad desaparece. En un oligopolio, se reduce enormemente, si no se elimina.
Este golpe silencioso no habría sido posible sin la extrema concentración del sector digital. Facebook representa casi el 70% del uso de redes sociales en Estados Unidos mientras que Twitter domina el 10%. Apple y Google controlan el 90% del mercado de las aplicaciones y Amazon controla el 45% de los servicios de en la nube. La concentración favorece la coordinación y la colusión.
La mayoría de los economistas –se puede ver, por ejemplo en mi discusión con Tyler Cowen– consideran las medidas tradicionales de concentración irrelevantes, puesto que es la amenaza de entrada lo que limita el poder de los que están dentro. A favor de Cowen hay que reconocer que mucha gente dejó Twitter e intentó pasarse a Parler. Las decisiones de Apple, Google y Amazon hacen que ese cambio sea prácticamente imposible.
Deberíamos debatir cuál ha de ser la política de moderación correcta para las plataformas sociales, pero no pueden decidirlo cinco empresas privadas. Si actúa de forma coordinada, TAGAF tiene el poder de poner a un individuo en lo que equivale a un arresto domiciliario (en medio de una pandemia, ¿qué diferencia hay entre el arresto domiciliario y la exclusión de las redes sociales?). Así, Cowen tenía razón en que la amenaza de entrada podía limitar el poder de las plataformas digitales, pero los acontecimientos del fin de semana pasado muestran que el Stigler Center Report tenía razón al preocuparse por que la concentración del sector digital es tan grande que puede desactivar la amenaza de entrada. TAGAF es un trust de poder. Aunque esto no vulnere el bienestar del consumidor, restringe la libertad ciudadana.
En muchas democracias jóvenes, es imposible gobernar sin el apoyo del ejército. Aunque los tanques no suelen recorrer las calles, la amenaza es tan presente que los representantes electos tienen que complacer cuidadosamente las consecuencias de la concentración del poder económico en las plataformas digitales. Creo que ha llegado el momento de debatir sobre este asunto. Con este artículo, me gustaría abrir un debate [en ProMarket] sobre si TAGAF amenaza nuestra democracia. A diferencia de la mayoría de las publicaciones, nos gustan las opiniones discrepantes.
Este artículo apareció originalmente en ProMarket.
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Es economista de la Chicago Booth School of Business.
