Escucha al autor:
Donald Trump no tiene peor enemigo que Donald Trump. En un periodo de cuatro semanas, insultó a los padres de un soldado caído en la guerra de Irak, sugirió a sus partidarios enfrentar por la vía de las armas a Hillary Clinton, llamó al presidente Barack Obama el fundador del Estado Islámico y solicitó al gobierno ruso la intervención ilegal de los sistemas de cómputo de su rival demócrata.
La avalancha de despropósitos se dejó sentir en las encuestas. A once semanas de la elección presidencial, el candidato republicano se encontraba entre seis y ocho puntos por debajo de Clinton en el promedio de los sondeos de opinión y la página especializada fivethirtyeight.com le daba una probabilidad de triunfo del 16.5%. A siete semanas de la elección, Trump está a solo dos puntos de su contrincante y tiene una probabilidad de ganar del 41.3%.
Por tanto, una victoria de Donald Trump está en el universo de escenarios posibles. Y ese escenario es tan catastrófico para la seguridad nacional de México que el gobierno de la república haría mal en no planear para esa contingencia.
¿Por qué catastrófico? Consideren algunas posibles implicaciones para México de una administración Trump:
1. Seguridad fronteriza. Trump no va a construir su muy cacareado muro. No porque no quiera o porque México se niegue a financiarlo, sino por las dificultades legales, ambientales y administrativas que enfrentaría una obra de ese calibre (la mayor parte de los terrenos donde se construiría son propiedad privada, por ejemplo). Sin embargo, hay muchas otras maneras de endurecer la frontera. Van algunas posibilidades: a) más agentes de la Patrulla Fronteriza (el tamaño de esa corporación se ha duplicado desde 2000), b) mayor despliegue de equipo y tecnología (drones, sensores, etc.), c) un incremento de revisiones en los puertos de entrada. Pueden apostar a que Trump, con o sin muro, tomaría esas medidas y otras similares. Una frontera menos permeable incrementaría el valor de los cruces ilegales remanentes. Con ello, crecería la probabilidad de disputas violentas entre grupos criminales mexicanos por el control de esos métodos de tráfico ilícito.
2. Deportaciones. Trump ha prometido deportar a todos los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Con toda probabilidad, no tendría suficiente tiempo ni recursos para ese despropósito, pero sí sería capaz de deportar a un número no trivial de mexicanos. La administración Obama expulsó a dos millones de inmigrantes (mexicanos en su mayoría) entre 2009 y 2014. No es descabellado suponer que ese número crecería en una administración Trump. Y con un factor agravante: en un clima de tensión entre México y Estados Unidos, los programas de repatriación ordenada probablemente serían suspendidos o limitados. Eso significa que los inmigrantes deportados simplemente serían arrojados en la frontera, dificultando su reintegración a sus comunidades de origen. Eso crearía una posible bonanza de reclutamiento para los grupos criminales en ciudades fronterizas.
3. Cooperación México-Estados Unidos. Con seguridad la Iniciativa Mérida llegaría a su fin bajo la administración de Trump. Suspender la asistencia económica a México podría ser presentado como una forma de “cobrarle” a nuestro país por la construcción del muro (o por el endurecimiento de la frontera). Eso en sí mismo no sería una pérdida mayor: el apoyo estadounidense no pasa del 2% del presupuesto mexicano de seguridad y defensa. Sin embargo, significaría un regreso a la época de la desconfianza y recriminaciones mutuas. Por ejemplo, lo construido en la última década en materia de intercambio de inteligencia se vería seriamente dañado. Seguiría existiendo la cooperación entre agencias específicas, pero sería mucho menos institucional y dependería más de las relaciones personales y los arreglos ad hoc.
En resumen, bajo una administración Trump, el reloj de la relación de seguridad entre Estados Unidos y México se atrasaría veinte años. La desconfianza y la tensión se convertirían de nuevo en la característica dominante en las relaciones entre la Ciudad de México y Washington. Las autoridades mexicanas se enfrentarían a restricciones políticas internas significativas para cooperar con sus contrapartes estadounidenses. La frontera (en ambos lados) se convertiría en una región mucho más inestable. Muchas comunidades de México podrían verse obligadas a hacer frente a una gran afluencia de deportados y algunas pudieran ver un aumento de conflictos por rutas de tráfico ilícito. No es un escenario alentador, por decirlo suavemente.
¿Qué se podría hacer en México para contener el daño? No mucho, para ser franco. Se podría, por ejemplo, reforzar la seguridad en las comunidades fronterizas más afectadas por las deportaciones masivas y la violencia criminal. También se podrían fortalecer algunos programas de repatriación ordenada y tal vez dirigir subsidios focalizados a localidades particularmente afectadas por el huracán Donald. Tal vez sería posible facilitar desde ahora los vínculos entre dependencias mexicanas y sus contrapartes estadounidenses, incluso si eso significa abandonar la llamada “ventanilla única” (el requerimiento para las agencias estadounidenses de pasar por la Secretaría de Gobernación para colaborar con sus pares mexicanas).
Pero, siendo sincero, en un entorno de deportaciones masivas, guerra comercial y endurecimiento fronterizo, los recursos del gobierno de México se verían rebasados en un plazo muy corto. Por ese motivo, una postura estrictamente defensiva pecaría de insuficiente. Sería indispensable hacerle pagar a Trump un costo por el acoso a nuestro país.
¿Cómo se podría lograr eso? Van algunas ideas:
Diseñar represalias estratégicas. Si Trump impone sanciones a México (restringir remesas, incrementar el costo de visas, establecer tarifas comerciales, etcétera), nuestro país debería tratar de responder, dólar por dólar. Por ejemplo, imponer aranceles compensatorios sobre algunos productos de Estados Unidos. Además, las autoridades mexicanas podrían restringir el acceso a empresas estadounidenses en licitaciones de infraestructura o en subastas de petróleo y gas.
Desplegar una estrategia judicial agresiva. El gobierno mexicano podría hacer uso de la justicia de Estados Unidos para proteger los intereses nacionales y a los inmigrantes mexicanos. Podría demandar a diversas agencias estadounidenses por violaciones a derechos civiles. Asimismo, se podría llevar al gobierno de Estados Unidos ante paneles de arbitraje de la omc y del tlcan por la imposición de tarifas discriminatorias.
Reducir la cooperación en temas estratégicos. El gobierno de México ha desempeñado un papel crucial para contener la migración de centroamericanos a Estados Unidos. Eso podría cambiar. En materia de combate al narcotráfico, podría reducirse la colaboración con agencias de Estados Unidos. Se podría limitar el acceso de personal estadounidense a operaciones en México y algunas extradiciones podrían retrasarse.
Llevar la disputa al ámbito global. Las políticas propuestas por Trump no solo perjudicarían a México, sino también a la mayor parte de América Latina. Y tampoco encontrarían muchos partidarios en Europa o Asia. Si se materializa la ofensiva prometida, México debería llevar su caso enérgicamente a organismos multilaterales.
Estas ideas pueden resultar desatinadas, contraproducentes o francamente inviables. Pero hay un hecho indudable: México no se puede permitir ser la piñata de Donald Trump durante cuatro u ocho años, ni permanecer cruzado de brazos si millones de compatriotas al norte del río Bravo son objeto de acoso sostenido. Nos guste o no, si por desventura Trump finalmente se convierte en presidente de Estados Unidos, la política exterior mexicana tendrá que adquirir un vigor que no le hemos visto en décadas. ~
es analista especializado en políticas de seguridad. Es socio consultor de GEA (Grupo de Economistas y Asociados)
