Con la muerte del Mencho se consumó la sepultura de la fallida estrategia de los “abrazos no balazos” y de una ilusa narrativa que llamaba a la autocontención de los violentos. Acaso por ello, este contundente golpe de las fuerzas del orden mexicanas parece ser recibido con cierta culpa y vergüenza por una presidenta que prefirió esconder la cabeza en el momento más crítico de su administración.

No hubo grandes mensajes ni simbolismos por parte de Claudia Sheinbaum. Tampoco un anuncio inmediato de certeza y solidaridad con los afectados. No se escuchó una advertencia al resto de criminales para disuadir con el ejemplo del recién caído. Apenas un discurso con tenues reconocimientos.

Es como si hubiera temor a reclamar la victoria conquistada en una guerra que no admiten estar luchando. En el gobierno seguramente entienden que, ante cada acto de contundencia en contra de las organizaciones criminales armadas que operan en México, ante cada muestra de capacidad del Estado, flota una pregunta inevitable: ¿por qué no se hizo lo mismo durante el sexenio pasado? El despliegue de capacidad para acabar con el criminal más buscado del mundo solo exhibe la falta de voluntad que tuvieron las autoridades anteriores.

Hay algo más: con cada acción que han llevado a cabo validan la guerra contra el crimen organizado de la que tanto renegaron, particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón, con todo y sus estrategias más recurrentes, como fue el descabezamiento de líderes criminales.

Durante décadas, la izquierda política, activista e intelectual en México hizo de la oposición a la llamada “Guerra contra las drogas” una de sus causas simbólicas. El reclamo común se popularizó en un planteamiento sin rubor: se había agitado el avispero de forma irresponsable al presionar de más a los criminales. Decenas de estudios académicos advirtieron que combatir a los competidores violentos del Estado podía generar más violencia, como si hubieran descubierto que el agua moja al encontrar que el proceso de formación del Estado es uno violento.

Y entonces los gobiernos se vieron desincentivados a cumplir su obligación primaria, que es la de gobernar su territorio como fuerza única que organiza y detenta la violencia. Primero trataron de exorcizar la guerra en el discurso y luego replegaron a las fuerzas del Estado en su terreno. Los abrazos no balazos fueron el producto mal gestado de la filosofía de la “seguridad sin guerra” del activismo mexicano.

Seis años después, el Estado ha tenido que reaccionar de nuevo ante su crisis de soberanía con lo mejor que saben hacer los Estados: ejercer la fuerza. Una crisis que se refleja en territorios perdidos, milicias armadas, penetración gubernamental y crímenes de lesa humanidad, con el agravante crítico de la amenaza exterior que nos impone sus prioridades ante el vacío de las nuestras.

El gobierno de los que antes renegaron de la guerra hoy se ve obligado a comandar una sin cuartel. Muchos de los que hace seis años celebraran su fin como un capítulo simbólico del cambio de régimen, ahora tienen que aplaudir sin muecas la enésima “neutralización” de un capo o el kilo extra de metanfetaminas incautadas.

Vale la pena atender uno de los cuestionamientos de larga data frente a la guerra contra los cárteles: ¿sirve de algo descabezar organizaciones criminales y vale la pena hacerlo, ante el costo que esto genera? En primer lugar, la pregunta parte de un utilitarismo obsceno, como si frenar a un líder criminal que ha cometido atrocidades no fuera una obligación del Estado y un acto de justicia mínimo frente a decenas de miles de víctimas; las que yacen en las fosas y las que las buscan desesperadamente.

Pero si lo que se desea es abordar la cuestión práctica del descabezamiento de organizaciones criminales, habría que recordar que toda estrategia de seguridad requiere ineludiblemente de acciones de fuerza para abatir la impunidad, incluidas aquellas que tienen un enfoque más preventivo. Aunque estas puedan generar aumentos de violencia e incentivar conflictos intracriminales en el corto plazo, son parte del proceso civilizatorio de todo Estado: someter a sus enemigos armados para monopolizar la violencia, sobre todo frente a expresiones que amenazan su integridad territorial.

En realidad, hay una pregunta diferente que debería plantearse: ¿cuándo es más conveniente descabezar o intentar desmantelar a una organización? La reacción al operativo que llevó al abatimiento de Nemesio Oseguera nos sugiere la respuesta: cuanto más se tarda en actuar el Estado en contra de sus enemigos, más aumenta el costo de hacerlo.

Nunca habíamos visto un daño colateral de la magnitud y alcance territorial de los actos que se vivieron durante la jornada del abatimiento del Mencho. El gobierno reconoce más de 252 narcobloqueosen veinte estados, a los que hay que agregar decenas de negocios incendiados y múltiples ataques directos en contra de fuerzas del orden. Puede haber sido una reacción desesperada, pero mostró el poderío que ha alcanzado el CJNG. Más que reflejar el costo de actuar contra las organizaciones criminales, la violencia que se desató tras el asesinato de Nemesio Oseguera evidencia el costo de no hacerlo a tiempo. Si se le hubiera detenido hace cinco o diez años, posiblemente el grado de afectación territorial hubiera sido menor. De hecho, en 2015, en el intento más cercano por detenerlo, el CJNG aterrorizó Guadalajara y logró derribar un helicóptero militar. Y aunque demostraron desde entonces su capacidad de combate, sus acciones estuvieron limitadas principalmente a un estado.

Ahora bien, es evidente que solo detener a los líderes críminales está lejos de resolver el problema de la conflictividad armada en México. Sí, el Estado ya demostró que cuando así se lo propone, no hay enemigo que le sea inalcanzable, menos ahora que parece haber un involucramiento pleno de Estados Unidos, la mayor potencia militar y de inteligencia del mundo. El problema ahora es otro: ¿tiene el Estado la capacidad de controlar su territorio y contener la reacción de las expresiones armadas?

En ese objetivo estamos solos, no es la prioridad de Estados Unidos. Será un asunto de nuestras capacidades y sobre todo de voluntad para ejercerlas. Capacidad que tendrán que probar el Ejército y su Guardia Nacional para mostrar que realmente se han preparado para esta, que fue la misión que tanto ambicionaron y que se les confío aun violando la Constitución: tener un despliegue permanente y de alcance nacional que les permita hacer presente al Estado donde no existe y reaccionar tempranamente ante actos disruptivos.

Hay malas señales en lo que ocurrió ayer: solo en Jalisco fueron asesinados 25 integrantes de la Guardia Nacional, muchos de ellos en emboscadas. Se ha insistido desde su origen en que la Guardia tiene un despliegue arbitrario, principalmente porque nunca ha tenido claro su objetivo entre tanta simulación jurídica. La falta de capacidad de reacción y autoprotección lo confirma. Respecto al Ejército, el problema es que hoy lo mismo enfrenta una guerra en Sinaloa que administra aduanas y construye trenes. No nos hemos tomado en serio la tarea de construir las capacidades de defensa interior a la altura del reto que enfrentamos, entre otras cosas por no nombrar el problema como lo que es.

Luego está el asunto de la voluntad. Lo peor que podría hacer el gobierno mexicano ahora es retraerse. Aunque es probable que muchas de las expresiones de violencia que vivimos en las horas posteriores al operativo sean de corta duración, es previsible también que vengan acciones oportunistas de líderes regionales que busquen llenar los vacíos de poder que la disrupción del cártel genere.

El Estado debe mandar el mensaje de que este golpe fue un parteaguas y no un acto fortuito. El acorralamiento de las organizaciones criminales debe continuar y eso incluye golpear a sus círculos políticos. Tendrá que buscarse, sobre todo, una estrategia de disuasión de cara al Mundial de futbol. Pero después habrá que preguntarse seriamente si debemos seguir pretendiendo que podemos administrar la violencia o si llegó el momento de dar un paso más drástico: comenzar a pensar en la eliminación total, con poderes reales de guerra, de estas formas de violencia organizada.

En esa ruta habrá un costo político que pagar: para una administración que no termina de emanciparse de su antecesora y que tendrá que admitir la guerra que combate, pero también para una sociedad que ya descubrió los efectos de la inacción. Todos hemos postergado esta batalla. Espero también que hayamos aprendido el costo de haberlo hecho. ~