Estimado amigo:
Las últimas noticias sobre la inmersión lingüística en la Escuela Turó del Drac de Canet del Mar (Barcelona) me producen una profunda indignación. Una familia ha reclamado que su hijo de cinco años reciba en castellano el 25% de las clases. Se acogen a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo. Por fortuna, unos valientes padres del mismo colegio denunciaron a esta familia en las redes sociales: aún queda algo de sociedad civil. También, por suerte, algunos de nuestros políticos han reaccionado en la dirección correcta. Una portavoz de la Generalitat señaló la sorpresa que supone que haya que adaptarse a la ley por la protesta de una sola persona. Fue un pronunciamiento valiente. El consejero de educación ha anunciado que visitará el centro junto con la alcaldesa, para manifestar su solidaridad con el colegio acosado. Uno habría agradecido un señalamiento más claro a esa familia impertinente por parte de un representante del Estado, pero ya sabemos que nuestros políticos son así de tibios.
En todo caso, asombra el egoísmo y la desconsideración de esa familia y en particular de ese niño de cinco años. Su actitud, su empecinamiento en que se respeten sus derechos, pone en peligro nuestra lengua, siempre al borde del genocidio cultural, como los chistes de Lepe, las guitarras eléctricas y las letrinas de hoyo. Con una crueldad asombrosa sacan de sus casillas a gente valiosa y sensata, buenos padres de familia, excelentes ciudadanos que no deberían sufrir esa experiencia desagradable. Así, por ejemplo, un pobre hombre irritado no pudo hacer otra cosa que pedir que se marginara al niño en clase, mientras que otro se ofreció voluntario para apedrear su casa. Resulta profundamente desasosegante, insolidario e incluso perverso, que la familia insista. ¿No se detienen ante nada? ¿Hasta cuándo van a seguir obligándonos a hacer cosas desagradables?
Lo diré claramente: este supuesto problema no existiría si no se empeñaran en denunciarlo. Nos dirán que estudiar en la lengua cooficial es un derecho y que está reconocido por los tribunales. Pero judicializar los conflictos no conduce a su solución. La obligación de respetar las minorías es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero también requiere que las minorías sepan cuál es su sitio. Algunos señalan que el castellano es la lengua mayoritaria de Cataluña pero todos sabemos que aunque eso sucediera en realidad nunca sería cierto, del mismo modo que sabemos que ese niño de cinco años no es una minoría sino el verdadero opresor. Seguiría escribiéndote, pero no puedo: ya es tarde y tengo que terminar de preparar una clase sobre Hannah Arendt y el derecho a tener derechos.
Un abrazo.
