“No busquéis en él las señas fisiológicas del degenerado; no, ¡ca! ¡Bueno es él! Todo equilibrio, salud, fuerza. ¿Degenerado? Al contrario; ¿no lo he dicho? Es el Regenerador. / Va a salvar a España, con otros como él”. Esta podría ser la descripción del presidente Sánchez esta semana en la tribuna de oradores del Congreso, pero, en realidad, es el retrato del protagonista de un cuento que publicó Leopoldo Alas “Clarín” hace más de un siglo, en 1899, “El Regenerador”. 

Recomendaba su lectura recientemente mi querido colega Rafael Jiménez Asensio (aquí), que en su triple condición de alto funcionario, académico y consultor ha dedicado una vida profesional a predicar en el desierto la reforma de nuestras administraciones, su necesaria profesionalización y la imprescindible creación de sistemas de integridad pública para enfrentarse y prevenir la corrupción. Ahora, concentra su prolija actividad intelectual y divulgadora echando la vista atrás, no para caer en una falsa nostalgia de tiempos pasados, sino para comprobar cómo seguimos anclados en los mismos lodazales, lo cual, además, permite sobrellevar y ayudar a desenmascarar las imposturas que vivimos.

En efecto, la teatralización vivida en nuestro Congreso con la pomposa presentación de un Plan estatal de lucha contra la corrupción (como llevan años exigiéndonos órganos como la Comisión Europea o el GRECO) bien merecería un Regenerador 2.0. 

Un plan insuficiente

El presidente Sánchez, siguiendo las enseñanzas de su antecesor, sacó a la tienda parlamentaria la falsificación que había cocinado en la trastienda e, igual que cuando el Regenerador original se metió a industrial para fabricar sustancias alimenticias, inventando “una especie de cartón piedra para el estómago”, alimentos que “eran vistosos, bien olientes, apetecibles; rodeados iban de lujoso aspecto… No se podían digerir, pero por lo demás, excelentes”; en la trastienda de Moncloa nos han puesto sobre la mesa un bien maquetado paquete con más de treinta páginas que proponen hasta quince medidas. Van desde propuestas para prevenir la corrupción a otras para dar protección efectiva a los informadores de irregularidades, refuerzo de los medios para dar respuesta eficaz a los casos de corrupción y para recuperar los activos procedentes de actividades corruptas, y hasta aborda la promoción de una cultura anticorrupción. Música celestial, pero ¿qué hay detrás? 

Pues, como le pasaba al Regenerador original cuando pensaba salvar a España haciendo “caminos y canales que crucen por doquier”, eso nos encontramos en la propuesta 2.0. Una amalgama de medidas que se entrecruzan, pero “suenan” muy bien, algunas incluso reclamadas desde hace años por órganos internacionales o, lo que tiene más inri, que revierten o corrigen medidas adoptadas por este Gobierno (empezando por reforzar los delitos de corrupción, que no podemos olvidar que fueron modelados y rebajados para beneficiar a sus socios, o por parchear la flamante regulación de protección de informadores que se traspuso por obligación europea tarde y mal). En algunas que se están gestando, como es la regulación de los lobbies, o el enésimo parcheo de la financiación de partidos, ya se advierten sus insuficiencias.

Otras medidas (como reforzar los medios de la fiscalía anticorrupción) dependerán, supongo, de que haya presupuestos; y muchas de las demás (mapas de integridad, administración abierta o incluso inteligencia artificial aplicada a la contratación pública) pueden ser un complemento, decorado apreciable, siempre y cuando se concreten adecuadamente y no comporten más cargas anticipadas con meras formalidades. Otras son un barniz como suele ocurrir con las apelaciones a crear culturas comprometidas. Sí sería muy buena noticia si se le dota al Consejo de Transparencia de capacidad para imponer multas coercitivas y la gran medida de promover la creación de una Agencia de Integridad que coordine el ecosistema ya existente de órganos puede ser interesante, pero también aquí hay que estar al detalle de cómo se desarrolle para que sea auténticamente independiente y disfrute de poderes efectivos.

Por último, lo más grave y preocupante, este plan insiste en atribuir la instrucción penal a la Fiscalía, con unas propuestas absolutamente insuficientes para reforzar su autonomía. Como explicamos en Hay Derecho (aquí), para que los fiscales asumieran la instrucción penal tendría que modificarse de forma radical su estatuto para garantizarles no ya autonomía, sino un nivel de independencia similar al de los jueces. Algo hoy por hoy muy lejos de lo que tenemos. Por tanto, “sin garantizar mayor independencia para los fiscales, atribuir autonomía financiera a la Fiscalía, multiplicar el número de fiscales y aumentar exponencialmente su presupuesto esta reforma sería una tapadera para abrir una vía de influencia política en las instrucciones penales”.

Un ejercicio de política performativa

En cualquier caso, este paquete ha cumplido con su sola presentación la finalidad para la que estaba concebido: ha servido para que los feligreses socialistas puedan tomar ya café confiados en que su “capitán” lleva el timón con firmeza, mientras los socios del Gobierno, especialmente los independentistas, dan por bueno mantenerlo con estos cuidados paliativos para así poder seguir con sus políticas de extracción hasta lograr la disolución estatal. Ahora bien, si nos acercamos a aquellos que llevan años trabajados y comprometidos con la causa de la lucha contra la corrupción la valoración que hacen es compartida: no se trata de un plan para ir al fondo de los problemas, sino un “ejercicio de política performativa”, como lo ha calificado Civio (aquí), cuando no una “sarta de lugares comunes y un ejercicio de autocomplacencia”, porque sin una “profunda reforma el sector público español, la corrupción política nunca se detendrá” (Jiménez Asensio, aquí).

En este sentido, un plan que hubiera querido ir a resolver los problemas estructurales creo que tendría que haberse centrado en cuatro ejes prioritarios: el primero, profesionalizar la administración para preservar su imparcialidad con incentivos para que los funcionarios públicos no tengan unas carreras rehenes de los políticos de turno, como ocurre ahora. Estas son recomendaciones de la OCDE básicas sobre las que nada dice el plan. En segundo lugar, cualquier sistema de prevención de la corrupción necesita órganos de supervisión que sean independientes, para lo cual necesitan recursos y un sistema de nombramientos despolitizado, y han de disfrutar de poderes efectivos, incluidos sancionadores. En España teníamos un ente de referencia a nivel europeo, la Agencia Antifraude Valenciana, que están desmantelando entre PP y Vox (en Baleares directamente la han suprimido). Y es que en esto del compromiso regeneracionista los unos y los otros van a la zaga. El tercer eje sería definir un modelo global de integridad pública, que vaya mucho más allá de la lucha contra la corrupción en sentido jurídico-penal, para abarcar desde conflictos de intereses, incompatibilidades hasta llegar, lógicamente, a las infracciones más graves de índole penal. Y, en cuarto lugar, para dar adecuada respuesta a estas últimas, lo que se necesita es reforzar a nuestros jueces, creando si se quiere secciones especializadas, con unidades de apoyo específicas (para ello están, precisamente, las agencias antifraude si están bien dotadas y son independientes). En esa línea apunta el plan, pero luego lo desgracia con la propuesta de dar la instrucción a la fiscalía.  

Además, en una estrategia como esta las formas también son importantes. Lo que se nos ha presentado es improvisación oportunista, otro conejo sacado de la chistera como ya tuve ocasión de abordar con el Plan de acción por la democracia (aquí). Impulsar reformas de calado con efectos sistémicos que llevarían años necesita de un gran pacto de Estado. Hace no tanto, una década, estuvimos cerca de lograrlo. Quien fuera vicepresidente del Congreso en aquellos tiempos, Nacho Prendes, recordaba estos días una proposición de ley que hicimos de lucha integral contra la corrupción (aquí). Seguramente no era perfecta, pero deja testimonio de un intento frustrado, pero al menos sincero (en algunos), de regeneración.

Ahora, como ingenuo que soy pienso que hemos perdido una ocasión propicia para que el presidente dimitiera, asumiendo sus responsabilidades de forma efectiva, y, sin necesidad de elecciones (si tanto miedo se les tienen), haber planteado una investidura con un personaje de reconocido prestigio público y compromiso institucional que hubiera propuesto un programa de mínimos para estabilizar nuestras instituciones y reconducir la política lejos de la actual polarización bibloquista. Los italianos, con suerte diversa, tienen mucha experiencia en maniobras como esta que apunto.

En España tenemos que conformarnos con un Regenerador 2.0, que como el original puede ir repitiendo aquello de que “la moral, mito; el infierno, mito; la honradez, mito; la religión, mito; la santidad, mito; el sacrificio, mito”. Nos encontramos con “lo mismo que El diablo en el Poder. Y eso es él, un diablo, que aspira al poder”.