El tiroteo del sábado 3 de agosto en un centro comercial en El Paso, Texas, es el ataque más letal contra migrantes registrado en la historia moderna de los Estados Unidos. El discurso de odio propagado desde la Casa Blanca, los mensajes racistas en redes sociales y un laxo control de armas provocaron una de las mayores tragedias contra la población migrante. El saldo: 22 muertos, ocho de ellos mexicanos y 21 heridos, entre ellos seis mexicanos.
En lo que va del 2019 han ocurrido 253 tiroteos masivos en Estados Unidos. Este es el primero cuyo objetivo era la población hispana. El Paso es una ciudad fronteriza donde el 83% de sus habitantes son de origen hispano, según el último censo, y una de las más seguras de Estados Unidos. Patrick Crusius, un joven blanco de 21 años, es el presunto autor del tiroteo. Durante nueve horas manejó hasta el Walmart de El Paso para disparar con un rifle a personas con apariencia hispánica, como relató uno de los sobrevivientes. Cuando se le terminaron las balas, Crusius se entregó sin oponer resistencia. Como declaró a los policías, su propósito era “disparar a tantos mexicanos como pudiera”.
Poco después del tiroteo, el presidente López Obrador compartió un video con sus condolencias a las víctimas y sus familiares. Un día después fue más enérgico en su mensaje y pidió al gobierno estadounidense asumir los excesos por el uso indiscriminado de armas en su territorio. Aunque insistió en la política de no intervención de su gobierno: “No vamos a inmiscuirnos en la vida interna de las demás naciones porque no queremos que nadie se inmiscuya en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”.
El domingo por la tarde, el canciller Marcelo Ebrard declaró que estaba analizando las acciones jurídicas y diplomáticas para exigir justicia en lo que calificó como un “acto de barbarie”. Al día siguiente viajó a El Paso para reunirse con familiares de las víctimas y recorrer los hospitales donde están internados los heridos. Ahí dio un mensaje donde confirmó que el gobierno mexicano buscará colaborar en las investigaciones. En caso de que la FGR lo considere apropiado, se presentará una denuncia por terrorismo en contra de mexicanos en el extranjero y se evaluará una petición de extradición para sancionar al culpable.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha referido al tiroteo como un acto terrorista contra las comunidades mexicanas en Estados Unidos. A pesar de que la comunidad internacional ha condenado el terrorismo en todas sus formas y expresiones, no existe una definición de terrorismo dentro del derecho internacional ni un consenso en la aplicación de la normativa contra el crimen. De tal manera que cada país vinculado con los hechos puede castigarlos como lo plantean sus leyes. El Código Penal Federal, en su artículo 139 contempla de quince a cuarenta años de prisión a quienes cometan actos de terrorismo dentro o fuera del país en perjuicio de ciudadanos mexicanos. Pero el gobierno estadounidense está investigando el caso como terrorismo doméstico y explora una conexión con un crimen de odio. De comprobarse esto último, las penas del atacante, como de varios perpetradores de tiroteos masivos, no serían las mismas que las de un terrorista perteneciente, por ejemplo, a ISIS, porque la ley federal de terrorismo no criminaliza los casos de terrorismo doméstico, es decir, aquellos “actos peligrosos para la vida humana que son una violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier Estado y que tienen la intención de intimidar a los civiles”. Esta laguna en la legislación estadounidense permitiría al culpable gozar de una pena menor, aunque los fiscales texanos buscan que se le castigue con la pena de muerte.
En caso de que la FGR avale la extradición del joven, se haría una solicitud inédita en la historia diplomática de ambos países. Para cumplirla, Estados Unidos tendría que renunciar a su jurisdicción y permitir que sea otro gobierno quien sancione al responsable del crimen cometido dentro de su territorio. Panorama que luce poco probable ya que el acuerdo de extradición suscrito entre ambos países establece que ninguna parte está obligada a entregar a sus nacionales, a menos de que el Ejecutivo de la parte requerida lo considere procedente. De tal manera que el presidente Trump tendría que solicitar su salida a nuestro país.
Por su parte, el presidente Donald Trump ofreció un discurso la mañana del lunes para externar sus condolencias por los atentados ocurridos el fin de semana. “En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos”. Sin embargo, su mensaje resulta contradictorio con la retórica racista que ha promovido,a lo largo de su vida pública. Tan solo al inicio de su campaña presidencial en 2015, Trump llamó a las migrantes mexicanos “violadores” y “criminales”, que solo llevaban drogas a su país. De acuerdo con Germán López, reportero de Vox, el recuento de las veces en que Trump ha insultado a migrantes, latinos, afroamericanos, musulmanes o a cualquier minoría arroja un patrón: “la intolerancia no es un gesto de oportunismo político por parte de Trump, sino que es un elemento real de su personalidad, carácter y carrera”.
Numerosos políticos, activistas y periodistas vieron en el discurso de odio de Trump un incentivo para el ataque. El candidato Demócrata a la presidencia y congresista texano Beto O’Rourke señaló que el racismo abierto de Trump es una invitación a la violencia. Mientras que Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, comentó: “Donald Trump ha sembrado el odio, el miedo y la división y sistemáticamente ha pintado un retrato odioso de los hispanos que nos deshumaniza ante el público en general”.
Una prueba de esto es el manifiesto de 2 mil 300 palabras que se publicó minutos antes del ataque y podría haber sido escrito por Crusius. Aunque el autor anónimo aclaró que su rencor hacia la comunidad migrante venía desde antes de que Trump asumiera la presidencia, usaba el mismo vocabulario que el presidente en sus discursos y mensajes en redes sociales, como el término “invasión” para referirse a las caravanas migrantes, y compartía el rechazo a las propuestas de algunos demócratas de abrir las fronteras. “Los medios probablemente me llamarán un supremacista blanco y culparán a la retórica de Trump. Los medios son infames por las noticias falsas”. La mañana del 5 de agosto, Trump hizo un comentario similar y responsabilizó a los medios de la seguridad del país y los culpó de exacerbar el rencor en la sociedad por la difusión de “noticias falsas”. Además de esto, Crusius compartía en sus redes sociales mensajes en favor de Trump y manifestaba su apoyo a la construcción del muro y las políticas migratorias.
En su discurso, Trump planteó algunas propuestas para terminar con los tiroteos masivos: que el Departamento de Justicia y las empresas de redes sociales desarrollen herramientas que les permitan frenar a los tiradores antes de que ataquen; reformar las leyes de salud mental para identificar a personas con trastornos mentales que podrían cometer actos de violencia y asegurarse de que reciban el tratamiento adecuado y, en caso de ser necesario, que sean confinadas; aplicar órdenes de protección para que quienes representen un riesgo para la ciudadanía no tengan acceso a las armas y reformar la legislación para castigar los crímenes de odio y asesinatos múltiples con la pena de muerte.
Dichas medidas son superficiales, insuficientes y no abordan la raíz del problema: la falta de regulación armamentista. Un estudio del economista Richard Florida publicado en 2011 reveló que no existe una correlación entre el aumento de muertes por armas con las poblaciones numerosas, el estrés, la inmigración y las enfermedades mentales. Pero descubrió que aquellos estados americanos con un control de armas más estricto registraban menos muertes por armas. Este resultado es similar al que arrojó un análisis del 2016. Los países que regulan el acceso, compra y uso de armas tienen menos muertes y heridas relacionadas con ellas.
Por otro lado, aunque Trump y los líderes del partido Republicano insistan en que los videojuegos promueven la cultura de violencia y son los responsables de que los jóvenes planeen tiroteos, varias investigaciones demuestran que entre los países que más videojuegos consumen, Estados Unidos es el que presenta un mayor índice de homicidios.
Tras la frase “La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no el arma” que el presidente dio en su discurso, expertos en salud mental temen que los estigmas hacia las personas con enfermedades mentales incrementen. Arthur C. Evans Jr., presidente de la Asociación Americana de Psicología, calificó como “simplista e inexacto” culpar a la enfermedad mental por la violencia armada en Estados Unidos. La evidencia científica disponible muestra que la mayoría de las personas con enfermedades mentales no son un peligro para la sociedad y no son violentas. De acuerdo con Ronald Honberg, consejero de la Alianza Nacional en Enfermedades Mentales, solo el 4% de la violencia en Estados Unidos es atribuible a las enfermedades mentales. “Entonces, si de alguna manera pudiéramos curar milagrosamente una enfermedad mental, lo que estamos lejos de poder hacer en este momento, no estaríamos reduciendo apreciablemente la violencia”, afirmó Honberg.
Finalmente, la propuesta de imponer a nivel federal órdenes de protección o “banderas rojas” con la finalidad de retirar las armas a quienes podrían cometer delitos o ponerse en riesgo tampoco es una solución a largo plazo. En los estados donde se ha hecho solo se ha registrado una disminución en los suicidios, pero hace falta evidencia para comprobar que previene la violencia.
Trump estuvo esta tarde El Paso y Dayton, Ohio, donde la madrugada del domingo otro individuo mató a nueve personas, para rendir tributo a las víctimas. Los habitantes de El Paso lo recibieron con protestas en las que externaron su inconformidad con la manera en que el presidente se ha expresado acerca de la comunidad hispana y migrante.
En un país donde 40% de sus habitantes tiene un arma y el negocio armamentista tiene un impacto económico superior a los 52 mil millones de dólares parece difícil que se logre la regulación. La tragedia abre la puerta para que el gobierno mexicano muestra una postura firme en cuanto al control y tráfico de armas, los comentarios racistas y la falta de seguridad de los mexicanos que viven, trabajan y visitan el otro lado de la frontera.
Con investigación de Karla Sánchez.
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