El pasado mes de octubre, más de 2.5 millones de venezolanos, en una conmovedora demostración cívica, eligieron en una primaria a María Corina Machado como su candidata presidencial y lideresa de la oposición. El chavismo permitió el proceso porque calculó que sería un desastre logístico; sin embargo, se equivocó. La figura de Machado se erigió en una amenaza formidable a la permanencia del chavismo en el poder. En respuesta se apeló a la vieja táctica, utilizada por la dictadura argentina cuando la guerra de las Malvinas (1982), de “todos alrededor de la bandera” y se convocó a los venezolanos a una consulta sobre la disputa territorial mantenida con la vecina Guyana por la zona del Esequibo. Aunque se anunció la rocambolesca cifra de 10 millones de votos, estimaciones independientes calculan que sufragaron menos de 2 millones de personas. Mientras, la candidata recorre e ilusiona al país, a lo cual se suma la comprobación de que la base social de apoyo del otrora triunfante chavismo ha desaparecido. Por supuesto, el gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. Recientemente una sentencia de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de Machado. Este fallo viola el espíritu del Acuerdo de Barbados, una negociación en la que el chavismo se comprometió a encontrar un mecanismo para resolver las ilegales inhabilitaciones políticas.
Además, el régimen ha desatado una escalada represiva contra el equipo de la candidata, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. En los últimos días, la represión despertó todas las alertas de la comunidad internacional. La policía política del chavismo arrestó a Rocío San Miguel, una prominente defensora de derechos humanos, presidenta de la ONG Control Ciudadano, organización dedicada a investigar y divulgar asuntos relacionados con la defensa y seguridad de la nación. Esta vez se fue más allá de la propia opositora: detuvieron a su hija Adriana, a su exesposo y a varios de sus familiares. Esta práctica es conocida como Sippenhaft, fue implementada por los nazis y su uso ha sido documentado exhaustivamente por la ONU en Venezuela: se parte de la idea de que la familia comparte la responsabilidad de un crimen cometido por uno de sus miembros y que, por tanto, debe extenderse el castigo a esta. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el arresto de San Miguel como una “desaparición forzada”, y pidió su inmediata liberación. En represalia, el chavismo expulsó a la oficina técnica del Alto Comisionado en Caracas. Organizaciones de la sociedad civil coinciden en que dicha expulsión aumenta la vulnerabilidad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. A nivel político, es un claro mensaje de que el chavismo no está dispuesto a entregar el poder.
Ante un panorama tan sombrío, ¿es posible un cambio político en Venezuela? La respuesta es sí. Tres temas condicionarán las perspectivas de éxito: la fecha de la elección presidencial, el liderazgo de María Corina Machado y el nivel de represión.
Machado ha dicho repetidamente que su ruta es electoral y que no se desviará de ella. Pero tener ruta electoral primero debía haber fecha de las elecciones. Ahora se tiene la fecha, pero el tiempo apremia porque el plazo para la inscripción de las candidaturas expira el 25 de marzo. Esto, de entrada, disminuye drásticamente el nivel de garantías técnicas y políticas que puede tener la elección. Líderes chavistas, en alianza con dirigentes de “la falsa oposición”, habían propuesto adelantar los comicios para mayo o julio de este año. Tales dirigentes, al estilo de José Brito y Bernabé Gutiérrez, se prestan a servirle de comparsa al gobierno a cambio de algunas migajas de participación política. El hecho es que un adelanto de elecciones impide cumplir con las garantías electorales firmadas por el chavismo y la oposición en el Acuerdo de Barbados. Solo por mencionar un ejemplo: la Unión Europea, el Centro Carter o la ONU no podrán, en tan poco tiempo, enviar sus misiones de observación electoral al país, una garantía clave para la credibilidad del proceso.
Adicionalmente, el adelanto confirma la disposición del chavismo a reeditar el escenario del año 2018: una elección presidencial sin garantías, con rivales inhabilitados, partidos ilegalizados, una sociedad civil bajo amenaza y una ciudadanía temerosa de la represión. La idea es que Nicolás Maduro se quede seis años más en el poder y ya se han dado pasos en esta dirección. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional exclusivamente oficialista, en una última muestra de desprecio a los acuerdos firmados afirmó que las negociaciones con la oposición de ahora en adelante se harían en Venezuela y que se presentaría un documento más completo que el de Barbados.
Para evitar el temido escenario, algunos analistas proponen que Machado nombre a un candidato sustituto. Las encuestas muestran que los venezolanos están dispuestos a apoyar a Machado en las gestiones necesarias para lograr su habilitación, pero, de no lograrse, respaldarían una candidatura apadrinada por ella. Un reciente estudio de la firma Poder y Estrategia reveló que Machado cuenta con un 74% de intención de voto y que, en caso de tener que apelar a un Plan B, un 61% votaría con “total seguridad” y un 22% “tal vez votaría” por el candidato que ella recomiende. Ahora bien, ¿esto significa que Machado debe anunciar un candidato sustituto de cara al 25? El deber inmediato de Machado es defender el mandato recibido en la primaria y pelear por su habilitación. Esta es la manera de honrar la voluntad popular expresada en las urnas. Hoy, Machado se ha convertido en la líder fundamental del proceso de cambio y continúa recorriendo el país. Las regiones más alejadas de Venezuela, donde no llega el Estado y se sufre gravemente la emergencia humanitaria, la reciben como la líder capaz de reunificar a la familia venezolana. Ya sea con su foto en la boleta como candidata o como la gran electorapara nombrar un sustituto, el liderazgo de María Corina Machado es el principal activo político con el que cuentan los venezolanos para soñar con recuperar la democracia.
No obstante, ante un sistema que se niega a entregar al poder pacíficamente y en cuya mentalidad revolucionaria la alternancia es una idea “burguesa” de la cual se debe prescindir, ¿cómo materializar el cambio? ¿Cómo recuperar la democracia a través de los votos ante un adversario capaz de usar las balas para imponerse? ¿Cómo lograr un traspaso ordenado del poder ante un adversario que está dispuesto a incendiar las naves antes que a aceptar la derrota? Lo primero es que Machado y su equipo hayan diseñado alternativas ante la esperable maniobra gubernamental de confirmar su inhabilitación y adelantar la elección. Desde luego, estas cartas no pueden estar abiertas al escrutinio público en el contexto de un sistema como el venezolano. El cambio pasa porque la oposición liderada por María Corina Machado sea capaz de construir una sensación de victoria inevitable. Una operación masiva de organización en tiempo record que lleve al chavismo a asumir su derrota y entender que su mejor alternativa es negociar un traspaso ordenado del poder cuyo hecho político legitimador sean las elecciones presidenciales. Sin embargo, todo dependerá de decisiones políticas de una audacia inaudita. Difícil pero no imposible es la frase que define la carrera opositora en este momento.
La derrota política antecede al triunfo electoral pero se enfrenta una carrera contra el tiempo. Con el liderazgo de Machado consolidado en una fuerte organización de base, el país podría superar la represión más allá del escenario propiamente electoral. Su expresión orgánica y popular serían los llamados “Comanditos por Venezuela” desplegados en todo el país. Se trata de entender que para ganar elecciones se requiere de una gran participación popular de base que trabaje no solo en función de eventos multitudinarios, como los que protagoniza Machado contra viento y marea por todo el país, sino de dispersar la atención del aparato represivo enfrentado a la organización de la gente en los comanditos. La coalición dominante podría dividirse ante el empuje de las bases. Las mediciones de la opinión pública que realiza el chavismo las llevarían a concluir que el triunfo es imposible y el fraude es muy costoso, tanto que podría dividir a la coalición dominante. De aquí a julio pueden pasar muchas cosas si la conducción es clara. El gobierno está en la capacidad de inhabilitar a cualquier posible sustituto de Machado una vez que lo ha hecho con ella. Hay que subir los costos de impedir una candidatura con opciones reales de ganar.
¿Qué puede hacer Machado para persuadir al chavismo de que su opción sensata es negociar su salida? Ofrecer garantías para el día después. Se trata de convencer al ala pragmática del chavismo de que el objetivo es la alternabilidad del poder, no la venganza; de que el propósito de la transición es la justicia, no la revancha; de que se aspira al poder para transformar al país, no para cortar cabezas. Se trata de persuadir al chavismo de que si están dispuestos a jugar bajo las reglas de la democracia y el estado de derecho, hay espacio para ellos en la Venezuela del futuro. En palabras de Gerardo Blyde, líder negociador de la oposición, se trata de “construir un cambio donde todos se sientan incluidos, y nadie se sienta derrotado”. Y no estamos hablando de impunidad, sino del más puro realismo político. Al final, a un hipotético gobierno de Machado le tocará lidiar con el chavismo controlando la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, la Fuerza Armada, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y la Asamblea Nacional.
Si a pesar de todos estos esfuerzos se impone el ala más ortodoxa y revolucionaria del chavismo, las elecciones presidenciales serán, lamentablemente, una reedición del 2018, con un agravante: en 2018, la comunidad internacional castigó a Maduro por su fraude pero, hoy, el mundo está hastiado del caso Venezuela y se podría pensar que la solución para la crisis migratoria pasa por normalizar las relaciones con Maduro. Pero el continente, más allá de la realpolitik, tiene que asumir esta verdad: la única solución que puede disminuir la migración venezolana es la alternabilidad política. De lo contrario, es muy posible que para 2025 haya entre 10 y 12 millones de venezolanos esparcidos por el continente. El futuro de Venezuela pasa porque la comunidad internacional entienda esta realidad, presione a Maduro para extraerle mayores garantías electorales y le convenza de que el cambio político no equivale a poner su cabeza en la guillotina.
En medio de este atribulado panorama, el pueblo venezolano parece no perder la esperanza. ¿Dónde rastrear el origen de nuestra fe en las ideas de la libertad cuando nos enfrentamos al más cruel de los despotismos? El expresidente Rómulo Betancourt cita en su obra magna Venezuela, política y petróleo a Rafael Caldera, su más conspicuo adversario político: “En el fondo de la voluntad nacional, desnaturalizada por los abusos y tropelías de los gendarmes necesarios, late un anhelo de libertad, de dignidad humana, dispuesto a retoñar cada vez que se abría una tenue rendija en la oscuridad de la opresión”. Este 2024 los venezolanos tienen la oportunidad de convertir esa tenue rendija en un amplio sendero por donde transiten, alegres y esperanzados, hacia la libertad. ~
Politólogo venezolano. Director estratégico de Politiks, una plataforma de análisis político especializada en política venezolana. Experiencia en organizaciones de la sociedad civil, ONG y organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
es un politólogo venezolano. Director estratégico de Politiks, una plataforma de análisis político especializada en política venezolana. Experiencia en organizaciones de la sociedad civil, ONG y organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
