En las รบltimas semanas, la discusiรณn en torno a la agenda anticorrupciรณn ha regresado a uno de los puntos mรกs รกlgidos de los รบltimos aรฑos: las declaraciones patrimoniales. Este tema generรณ revuelo en el sexenio de Enrique Peรฑa Nieto por el escรกndalo de la Casa Blanca, y reviviรณ despuรฉs del exhorto del presidente Lรณpez Obrador y la posterior publicaciรณn de las declaraciones patrimoniales y de intereses de su gabinete.
Aunque en un principio la orden de publicar todos los bienes del gabinete federal fue recibida como una muestra del compromiso de Lรณpez Obrador con la transparencia, el acatamiento โa mediasโ de una parte del gabinete, junto con aparentes omisiones en las declaraciones de la secretaria de Gobernaciรณn y del secretario de Comunicaciones y Transportes, detonรณ un ir y venir de cuestionamientos al Gobierno, explicaciones contradictorias, descalificaciones a los medios, confusiรณn sobre el alcance y funcionamiento de los formatos y, como daรฑo colateral, cuestionamientos sobre la utilidad y necesidad de requerir y publicar este tipo de declaraciones. Esta serie de eventos nos obliga a recordar para quรฉ sirven las declaraciones patrimoniales y de intereses y cรณmo ayudan a combatir la corrupciรณn.
Evoluciรณn patrimonial
El principal propรณsito de exigir a las y los funcionarios pรบblicos un listado de sus ingresos y bienes es evaluar la evoluciรณn de su patrimonio. Es decir, lo importante es contar con informaciรณn que permita analizar quรฉ bienes tenรญan al momento de entrar al servicio pรบblico y cรณmo fue que cambiaron aรฑo con aรฑo hasta el momento en el que dejaron su puesto. Lo anterior permite contrastar si la evoluciรณn de su riqueza fue acorde con los ingresos que corresponden a su cargo.
Esta evaluaciรณn resulta fundamental para detectar casos de corrupciรณn donde servidores pรบblicos hayan obtenido ingresos โextraโ, ya que este enriquecimiento inexplicable pudiera deberse a arreglos (sobornos, desvรญos, etcรฉtera) que hayan comprometido su actuar y sus decisiones.
Aquรญ surge la pregunta obligada: ยฟquiรฉn en su sano juicio reportarรญa en una declaraciรณn los ingresos obtenidos ilegalmente?
La respuesta es simple: nadie.
Y aquรญ recae la utilidad de una declaraciรณn patrimonial: sirve como parรกmetro. Si el dรญa de maรฑana una autoridad, un ciudadano o un medio dan con una cuenta millonaria de un funcionario o lo encuentran navegando en un yate de lujo (dejemos de lado los bienes inmuebles por un momento), ยฟcรณmo podrรญan saber si dicha propiedad es producto de su trabajo o una ganancia ilegรญtima? Fรกcil: mediante la revisiรณn de los bienes que el mismo funcionario reportรณ haber acumulado antes y durante su servicio pรบblico.
Este mecanismo tambiรฉn puede ser utilizado como blindaje por funcionarios pรบblicos honestos. Como explica Eduardo Bohรณrquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, un correcto ejercicio de las declaraciones le permite a cualquier funcionario demostrar la legalidad de sus pertenencias ante posibles ataques mediรกticos, ya que en todo momento puede justificar la legalidad de sus bienes, a travรฉs de sus declaraciones. Un sistema bien ejecutado de evoluciรณn patrimonial permite entonces tener la informaciรณn y los mecanismos para detectar casos de corrupciรณn y al mismo tiempo proteger a funcionarios honestos. ยฟQuiรฉn no querrรญa esto en su gobierno?
No obstante, hay quienes preguntan: ยฟquรฉ tiene de malo omitir un bien en una declaraciรณn si al final de cuentas fue adquirido legรญtimamente?
En principio, parecerรญa no haber ningรบn problema con una omisiรณn accidental que no representa un acto de corrupciรณn. El problema es que para evaluar la evoluciรณn patrimonial dependemos por completo de contar con informaciรณn completa y de calidad de forma periรณdica. Cualquier omisiรณn, aunque inocente, pone en duda el funcionamiento entero del sistema, por lo que debe de ser sancionada. Ademรกs, resulta imposible, tanto para autoridades como para los medios, distinguir entre errores honestos y encubrimientos. Sobre todo al analizar la informaciรณn de miles de funcionarios pรบblicos al mismo tiempo.
El objetivo principal de una declaraciรณn patrimonial no es demostrar โausteridad franciscanaโ, sino proporcionar la informaciรณn necesaria para contar con un sistema de monitoreo. La discusiรณn en torno a estas declaraciones no deberรญa de concentrarse en quรฉ tanto tiene un funcionario, sino en si declara todos sus bienes. Eso es lo valioso del debate de las รบltimas semanas: solo mediante la publicidad de estas declaraciones es que los medios y la sociedad civil pueden ser parte del ejercicio de rendiciรณn de cuentas. Contra lo que algunos han querido argumentar, el cuestionamiento constante de los medios y sociedad civil hacia cualquier gobierno fortalece el debate pรบblico y a la democracia.
Ahora bien, implementar un buen sistema no es nada fรกcil. Muestra de ello es la confusiรณn que los casos recientes suscitaron incluso dentro de la Secretarรญa de la Funciรณn Pรบblica, instituciรณn que tiene la obligaciรณn de verificar la informaciรณn de dichas declaraciones. Todo el enredo permitiรณ dejar, por lo menos, una cosa clara: el sistema de Declaranet es obsoleto, ya que no permite recabar informaciรณn clara y comparable que posibilite un adecuado monitoreo de la evaluaciรณn del patrimonio de los servidores pรบblicos.
Este problema fue detectado por un sector de la ciudadanรญa en aรฑos pasados (junto con serias deficiencias de declaraciones de intereses, pero eso es objeto de otro escrito), lo cual originรณ el movimiento y posteriormente la Ley 3de3, impulsada por mรกs de 634 mil mexicanos. Esta iniciativa luchรณ por la transformaciรณn del sistema de declaraciones hacia uno con informaciรณn suficiente y estructurada, con el que se pueda analizar y cotejar con otras bases de datos y con la mรกxima publicidad posible para fomentar el monitoreo y debate pรบblico. El resultado de dicho movimiento, entre otras cosas, fue la aprobaciรณn de nuevos formatos de declaraciรณn que permiten una revisiรณn sistematizada y exhaustiva.
Todos los funcionarios pรบblicos del paรญs deberรกn registrar su informaciรณn patrimonial y de intereses en los nuevos formatos a partir del 30 de abril del aรฑo en curso. Todas las nuevas declaraciones deberรกn de tener una versiรณn pรบblica, la transparencia dejarรก de ser voluntaria.
A pesar de la notable mejorรญa, el gobierno en turno ha expresado su intenciรณn de modificar los nuevos formatos, aรบn sin haber probado su desempeรฑo. Todo ejercicio es perfectible, no obstante, la lรณgica detrรกs de un sistema de evoluciรณn patrimonial debe ir encaminada en dotar a las autoridades, y a la ciudadanรญa, de mรกs y mejor informaciรณn sobre el patrimonio de nuestros funcionarios en un formato de datos estructurados. Cualquier modificaciรณn en el sentido contrario serรญa un retroceso.
Es coordinador anticorrupciรณn del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
