Si hubiera que elegir otra estrategia para detener el narcotrรกfico mรกs inepta, cruel e ineficaz que la mexicana, Filipinas despunta hoy como el mejor contendiente. Desde hace mรกs de un aรฑo, con la administraciรณn del Presidente Rodrigo Duterte y su โguerra contra las drogasโ, el paรญs asiรกtico inicia el mismo camino recorrido por ya tres administraciones mexicanas: miopรญa e incapacidad institucional, creaciรณn de incentivos perversos para los actores equivocados, altรญsima tolerancia a la corrupciรณn y a la impunidad, nula capacidad de autocrรญtica y, sobre todo, violencia, demasiada violencia.
Al contrario de la experiencia mexicana, en la que de un buen dรญa al otro Felipe Calderรณn sorprendiรณ a todos asumiรฉndose como un estratega militar, Duterte anunciรณ repetidamente en su campaรฑa la promesa de emplear mano dura para arrasar con el crimen en sรณlo seis meses. De hecho, ya desde su mandato como alcalde de Davao, en Mindanao, la isla mรกs austral de Filipinas, el ahora presidente alardeaba de recurrir al asesinato para erradicar el crimen. Durante su periodo, grupos locales de derechos humanos documentaron al menos mil cuatrocientos casos de ejecuciones extra judiciales.
Ya como presidente electo, Duterte instaurรณ, esta vez a nivel nacional, el abuso de poder como polรญtica pรบblica: durante los primeros cien dรญas de su administraciรณn, Amnistรญa Internacional, basada en las propias cifras de la Policรญa Nacional, calculรณ que cada veinticuatro horas, al menos treinta y tres personas fueron ejecutadas por la policรญa o por โbandas rivalesโ, eufemismo para nombrar a los escuadrones organizados y pagados por la propia policรญa (la cabeza de un consumidor se paga en 100 dรณlares, la de un traficante medio, en 300 dรณlares).
Al dรญa de hoy, la cifra de ejecutados, en la que se incluyen estudiantes, adolescentes embarazadas y extranjeros, se calcula en alrededor de trece mil personas. Y esa cifra podrรญa ser mucho mayor, aunque es imposible saberlo, ya que las autoridades se han esforzado en opacar o simplemente dar a conocer las cifras reales.. Otro paralelismo igual de infamante es la estulticia con la que Duterte planteรณ enfrentar al crimen organizado. Como en Mรฉxico, en donde la tarea recayรณ en el ejรฉrcito, que ademรกs de carecer de la preparaciรณn tรกctica necesaria no contaba con un mandato legal para actuar en tareas de ese tipo, Duterte encomendรณ la tarea a la Policรญa Nacional, que tampoco tenรญa la capacitaciรณn ni mucho menos nociรณn de la complejidad del problema. La estrategia inicial, que al dรญa de hoy no ha sido realmente corregida, es sencilla: asesinar a usuarios y traficantes por igual; preguntar despuรฉs, si acaso. De todas las ejecuciones, al menos de las 3,800 que la policรญa acepta, sรณlo diez han desembocado en una investigaciรณn.
Duterte ademรกs sobredimensionรณ intencionalmente el problema del consumo de drogas de manera tan irrisoria que resulta mรกs bien trรกgica. Segรบn รฉl, hay alrededor de tres millones de consumidores de metanfetaminas, droga que vuelve paranoicos, y por tanto peligrosos, a los usuarios, lo que no sucede con la cocaรญna, todo esto de acuerdo a la pobre argumentaciรณn de su ministro de relaciones exteriores. En realidad, de acuerdo a un informe de 2015 del Burรณ de Drogas Peligrosas de Filipinas, solamente 1.8 millones de personas habรญan consumido una sola vez droga en los รบltimos trece meses, y de esos, menos de 900,000 usaron metanfetaminas. La mayorรญa se identificaron como consumidores de marihuana. De hecho, el mismo Burรณ aceptรณ que รบnicamente 18,000 adictos eran considerados como susceptibles de ingresar a programas de rehabilitaciรณn.
La impunidad y el cinismo de Duterte, quien no tiene reparos en decir que estarรญa feliz de asesinar a esos supuestos tres millones de adictos, tal como Hitler โmasacrรณ a tres millones de judรญosโ, ha sido posible por dos razones muy sencillas. En primer lugar, la vasta mayorรญa de los ejecutados pertenecen a las clases sociales mรกs desposeรญdas; aquellos que no son visibles ni tienen voz o representaciรณn. Por decirlo de manera burda, pero que sin duda caracterizรณ el sentir de la sociedad mexicana al inicio de la guerra contra el narcotrรกfico, y ahora tambiรฉn de la sociedad filipina, aquellos que no importan. En segundo lugar, el gobierno se empeรฑa en deshumanizar y anonimizar a todos los involucrados, traficantes y adictos por igual, imponiendo una narrativa en la que su muerte y desapariciรณn es el รบnico remedio.
Pero las ejecuciones en Filipinas afectan ya a las clases sociales mรกs privilegiadas, que entonces descubren con horror que su tolerancia inicial ha desatado una ola de impunidad y violencia que no saben cรณmo detener. De hecho, fue solo a partir de octubre pasado que se han registrado protestas en las calles, y coaliciones de abogados y acadรฉmicos, e incluso jerarcas de la iglesia, cuestionan la estrategia de Duterte. Tal como sucediรณ en Mรฉxico, una vez que la violencia estรก fuera de control y es imposible ocultar que la estrategia descansa en premisas errรณneas, comienzan a efectuarse algunas correcciones en Filipinas, como retirarle el mandato de la lucha contra el narcotrรกfico a la Policรญa Nacional y asignarlo a la Administraciรณn para el Control de Drogas, que son en realidad concesiones a la presiรณn pรบblica mรกs que signos de una autoevaluaciรณn sincera y meditada.
Durante varios siglos, en la administraciรณn colonial, las historias de Mรฉxico y Filipinas fueron convergentes. En nuestros dรญas, en la vida diaria de cualquier filipino, el legado mexicano es todavรญa palpable en el lenguaje, la gastronomรญa, la toponimia o en ciertas costumbres y tradiciones. Por lo visto, una vez mรกs los destinos de ambos paรญses se tocan nuevamente, aunque ahora por la mรกs mediocre de las razones: la incapacidad de sus lรญderes para afrontar inteligentemente, desde la legalidad y con el mayor respeto a sus ciudadanos, un problema que no va a solventarse con las armas.
Es escritor. Reside actualmente en Sรญdney
