El incendio en la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, en Ciudad Juárez, tiene lecturas políticas más allá del desnudo horror del número de personas carbonizadas. Las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Migración indican 68 víctimas de diversas nacionalidades; se reconocen 39 personas carbonizadas y la existencia de heridos graves, algunos de los cuales están en hospitales de la ciudad. Sobresale el número de guatemaltecos (28), pero hay salvadoreños (12), hondureños (13), venezolanos (13), colombianos (1) y ecuatorianos (1). El descuido de los funcionarios a cargo, las condiciones de reclusión y la ausencia de claridad del discurso oficial señalan culpas ineludibles, las cuales seguramente pagará algún chivo expiatorio mientras el olvido cubre a los difuntos. ¿A quién le importan esas vidas? Apenas a sus familiares, a organismos de derechos humanos y, por poco tiempo, a una opinión pública que oscila entre el desprecio a “esos delincuentes” y la indignación frente al Estado mexicano, encargado de velar por la seguridad de las personas a su cargo en centros de retención fronteriza.
Lo peor de la reacción oficial no fue oír al señor presidente de México adelantar la hipótesis de la presumible responsabilidad de los propios detenidos, quienes al parecer quemaron colchonetas como protesta. En definitiva, los gobernantes de izquierda de América Latina, con la posible excepción del presidente de Chile, Gabriel Boric, son expertos en lavarse las manos después de enjuagarse la boca con sonoras palabras como “humanismo”, “pobres”, “pueblos”, “oligarquías”, “conservadores”, “neoliberalismo”. Lo peor es que este evento atroz está lejos de ser el último, porque la migración no se detendrá. Cegados por el dulce demonio de la esperanza y acicateados por el miedo y la necesidad, hombres y mujeres seguirán su ruta hacia destinos donde no son bienvenidos, entre ellos, mi amado México, el país que me ha acogido.
Ignoro si los muertos y heridos eran delincuentes o no; en definitiva, lo único que sabemos es que iban a ser deportados por migrar de manera irregular, no por delitos comunes. En todo caso, la muerte por incendio no se contempla como pena para ningún crimen. Es muy fácil calificar la aventura de las víctimas de ignorancia, mala fe o terquedad cuando se desconocen las circunstancias que las llevaron a embarcarse en ella.
El gobierno de México enfrenta el juicio implacable de nacionales y extranjeros, pero siempre habrá heraldos de izquierda dentro y fuera del país dispuestos a minimizar la situación. Se trata de la misma izquierda que aplaude el vandalismo en las protestas francesas –en las cuales no ha habido muertos que yo sepa– pero se quedará posiblemente impávida ante la muerte de al menos treinta y nueve varones pobres. Recuerdo perfectamente cuando los partidarios de la Revolución bolivariana justificaban la delincuencia desatada en Venezuela con esta brillante hipótesis: “El problema reside en la ausencia de sólidos valores familiares”. La carga de la culpa caerá sobre las víctimas o, tal vez, la tragedia sucedida en Ciudad Juárez servirá para atacar a Estados Unidos, cuya política migratoria es apoyada por el Estado mexicano. Lamentablemente, las causas de la tragedia se dejarán a un lado en favor del activismo político.
La migración centroamericana ha sido común desde hace mucho tiempo, a diferencia de la venezolana. De todos modos, no deja de llamar la atención que los gobiernos de Nayib Bukele –tan exitoso con su gobierno de mano dura– y de Xiomara Castro –partidaria de las dictaduras de izquierda de la región: Venezuela, Cuba y Nicaragua– no hayan puesto freno al impulso migratorio. Ni hablar de Nicaragua, exportadora neta de migrantes, o de la situación de Guatemala, con un gobierno de signo político conservador. Se crítica a los países receptores, en especial cuando se trata de Estados Unidos y la Unión Europea, y menos a los de origen, pero estos tienen una cuota de responsabilidad. Desembarazarse de los pobres y sus necesidades no atendidas es un buen negocio para los gobiernos; por lo tanto, detrás del incendio en Ciudad Juárez se esconde una trama complejísima de omisiones, complicidades, injusticias y desmanes.
Uno de los hilos atañe, sin duda, al Estado mexicano, responsable del incendio en su calidad de custodio de los inmigrantes detenidos; esperemos que el fuego haya sido accidental porque otra posibilidad de parte de los custodios me resulta inconcebible. Esta grave falla institucional evidencia dos de las falencias de la izquierda latinoamericana: su capacidad de gestión más allá de la crítica y el miedo a la racionalidad experta en nombre de la sospecha ideológica. Un país como México no debería darse el lujo de un horror como el de Ciudad Juárez cuando posee los recursos y competencias para ser un país con otra política de seguridad fronteriza. Esta incapacidad respecto a las corrientes humanas que cruzan el país nos muestra las típicas limitaciones de la izquierda, más gritona que eficaz cuando llega al poder y se encuentra con la realidad.
Otros hilos se vinculan con las políticas públicas, los sistemas de gobierno y la economía de los países de origen. Venezuela, la mayor productora de migrantes del mundo después de Siria, tiene el dudoso honor de tener la peor gestión económica de la región, en su carácter de “cleptorevolución”, y está siendo señalada, además, como candidata a la Corte Penal Internacional. Difícilmente cesará el flujo humano si Maduro sigue en el poder y cuenta con la tolerancia de gobiernos como el de México. Esta indulgencia hacia gobiernos de fuerza contrasta con los tiempos del muy criticado PRI, firme adversario de las dictaduras militares del cono sur hace medio siglo.
No deja de ser una ironía que gobiernos de izquierda, en principio democráticos, tengan que gestionar las crisis migratorias de otros gobiernos de izquierda antiliberal, al estilo del venezolano. No se han destacado precisamente por sus logros. Pensemos en el desprecio del defenestrado Pedro Castillo hacia mis paisanos, las incoherencias de las políticas de Gustavo Petro, la perplejidad de Gabriel Boric, el silencio que clama al cielo de Lula da Silva, la estulticia de Alberto Fernández, las políticas migratorias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Respecto a los crímenes contra las olas de personas que recorren la región, provenientes de países con dictaduras de izquierda o de otros países atravesados por la pobreza y la violencia, hay que estar claro: el funcionariado cruelmente incapaz de un centro de retención es apenas la punta del iceberg que revela que en nombre de los pobres hay gobiernos que se quedan callados ante el drama migratorio por razones de interés político.
El drama seguirá. ~
Escritora y profesora universitaria venezolana. Su último libro es Casa Ciudad (cuentos). Reside en la Ciudad de México.
