El 24 de marzo de 2011, hace ya casi 15 años, un numeroso grupo de empresas de comunicación mexicanas firmaron un acuerdo con pautas y criterios editoriales comunes para que en la cobertura informativa de la violencia los medios no se convirtieran en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado, y al mismo tiempo tratar de que los periodistas ejercieran su trabajo con mayor seguridad.

El acuerdo no implicó nunca dejar de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental ni renunciar a la crítica de las estrategias de seguridad.

Para un grupo de medios y periodistas afines a Andrés Manuel López Obrador y su grupo, entonces en las filas del PRD, aquello fue un “pacto de silencio”, una “rendición” de la prensa ante el poder, que buscaba ocultar información crucial de una estrategia de seguridad fallida y brutal. La prensa –aseguraban– se había arrodillado ante Felipe Calderón y prometido no hablar de su guerra.

La izquierda dogmática interpretó el acuerdo como un instrumento político. No se trataba de mejorar el periodismo, sino de administrar la verdad de la guerra. En diciembre de 2022, ya como presidente, López Obrador trató de envilecer a un grupo de comunicadores que condenaban el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva: “Los que están ahora en contra de nosotros, hablando de que no se permite la libertad de expresión, fueron convocados por Calderón y les pidió que guardaran silencio sobre estas atrocidades”, dijo, refiriéndose a masacres y violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas. “Es un pacto de silencio. Son exactamente (esos periodistas) los que ahora están en contra de nosotros”.

Esta lectura del pasado ha sido cuestionada por analistas que vivieron aquel momento. Raúl Trejo Delarbre, académico e investigador de la UNAM, especialista en derecho a la información, afirma que aquel no fue un pacto para disminuir las notas acerca de hechos criminales ni disimular excesos del Estado o autoridades. Su espíritu era ético y profesional, enfocado en cómo informar en un contexto donde el crimen organizado buscaba instrumentalizar a los medios. No obstante, la aplicación de este acuerdo se vio rápidamente rebasada por “la multiplicación y la impunidad de los delitos del crimen organizado”, sumada a las amenazas directas contra la prensa y la falta de protección estatal.

Avancemos 14 años. En febrero de 2026, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, morenista y figura central del lopezobradorismo, hace un llamado público. Ante el aumento en la percepción de inseguridad en la capital, atribuye el fenómeno a la cobertura mediática: “Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja”, afirma, “porque la nota roja, sabemos qué es lo que atrae”. La propuesta es directa: un nuevo pacto entre gobierno y medios para modular la información y “mejorar la percepción”.

Trejo es categórico: “La petición de la jefa de gobierno no es equiparable al Acuerdo de hace 15 años”. Mientras aquel buscaba (aunque no lo lograra) cubrir con responsabilidad, la sugerencia de Brugada es “ocultar hechos, o quitarles importancia”, operando bajo la premisa errónea de que la realidad, si se le oculta, será menos incómoda para la sociedad. La conclusión del académico señala el camino correcto: “La violencia criminal, por desdicha, es insoslayable. No se le combatirá censurando su información, sino enfrentando su impunidad. Y protegiendo a los periodistas”.

La lectura oficial también es cuestionada por Mario Campos, periodista y analista de medios, quien considera que el régimen morenista se ha especializado en tratar de reescribir la historia: “Lo hizo con las instituciones electorales y con el Acuerdo para la Cobertura de Informativa de la Violencia que no era, como lo ha vendido, un pacto de silencio, sino una reflexión más seria sobre la cobertura de las estrategias de comunicación del crimen organizado. En su momento ese diálogo resultaba necesario para saber qué hacer cuando el crimen usaba la violencia como una herramienta para establecer la agenda pública.”

“El llamado de Clara Brugada –agrega el titular del noticiario matutino de Ibero Radio– no va en ese sentido. Sus palabras suenan más a un intento de invisibilizar un problema que sigue vigente y que duele profundamente a la sociedad. El debate en todo caso es cómo informar, no si informar o no, pues esa es una obligación del periodismo aunque incomode y afecte los relatos triunfalistas desde la autoridad”.

El contraste es deslumbrante y revelador. Lo que en 2011 se denunció desde la oposición como una infamia cómplice –un acuerdo para “bajarle” a la violencia en los medios– es esbozado en 2026 desde el gobierno como una necesidad sensata. Este giro no es una anécdota. Es la puerta de entrada para analizar una de las transformaciones discursivas más significativas en la política mexicana reciente: cómo la crítica moral a la colusión entre el poder y los medios se desvanece cuando los críticos conquistan el poder y se enfrentan a la incómoda realidad de gobernar en medio de la violencia.

Le pido su opinión a Héctor de Mauleón, escritor, periodista y cronista de estos tiempos, quien hace ver que, mientras en 17 estados periodistas y medios sufren actualmente persecuciones y acoso judicial, en la Ciudad de México Clara Brugada vuelve a exhibir “la pulsión antidemocrática de que Morena ha hecho gala, desde el micrófono más alto de la República hasta el micrófono del más modesto virrey estatal: la pulsión de tapar la realidad haciendo callar a la prensa. No hay prueba mayor de su profundo fracaso ante un problema, el de la inseguridad, que la llamada cuatroté prometió resolver seis meses después de llegar al poder”.

Vuelvo al acuerdo de 2011, porque surgió en el punto más alto de la confrontación contra el narcotráfico, cuyos jefes habían logrado penetrar las redacciones, además de contar con el Blog del Narco, un altoparlante de su saña.

Sus diez puntos, en teoría, buscaban establecer estándares éticos: proteger la identidad de víctimas y menores, no glorificar a los criminales, usar lenguaje preciso (evitando términos como “ejecución” para un asesinato), y no divulgar información que pudiera comprometer operativos. Sin embargo, para sus críticos, el verdadero espíritu del documento iba más allá de la deontología periodística; en última instancia, buscaba silenciar a las víctimas.

El contexto de la propuesta de Clara Brugada es radicalmente distinto. La Ciudad de México es gobernada por Morena desde 2018, y antes que ella la jefatura la ocuparon Claudia Sheinbaum, López Obrador y Marcelo Ebrard. Sin embargo, ella prefiere colocar el foco en los medios de comunicación que hacen la cobertura de hechos violentos, generando, dice, una mayor sensación de inseguridad en la población.

A diferencia de hace 14 años, el llamado no es a que los medios hagan coberturas más profesionales o con más contexto, sino a que le “bajen”. Aquí reside la maroma discursiva. La propuesta lanzada desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento no tiene su base en el derecho a saber de las audiencias, sino en el deseo de hacer sentir y producir tranquilidad. Brugada –quien parece olvidar que dos de sus colaboradores más cercanos fueron asesinados a plena luz del día en una vía altamente transitada– traslada una parte de la responsabilidad por el estado anímico de la ciudad de sus políticas a la agenda de los medios.

El país no ha superado la violencia. Siguen los homicidios, las desapariciones, la extorsión. En este escenario, cualquier llamado a “bajarle” a la cobertura, sin un compromiso simultáneo, transparente y efectivo con la reducción real de los delitos, es maquillaje. Queda el cuestionamiento de la autoridad moral que tiene un funcionario, ante las presiones de la gobernanza, para pedir un acuerdo que modere la cobertura de la violencia, cuando en alguna medida construyó su identidad política denunciando ese mismo tipo de acuerdos como pactos deshonestos.

La solución a los excesos del periodismo no está en un acuerdo político con el gobierno en turno, sino en el fortalecimiento profesional, ético y económico del periodismo, y en una ciudadanía más crítica. Es un recordatorio de que la defensa de la libertad de prensa no es una bandera que se levanta solo contra los adversarios, sino un principio que debe sostenerse, con más firmeza si cabe, cuando se está al mando. ~