Mientras líderes de todo el mundo, empresarios y activistas se congregaron en la sede de las Naciones Unidas para la Cumbre de Acción Climática, en Palacio Nacional el presidente López Obrador afirmó: “Más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua, como el aire, que no se siga destruyendo el territorio. Y eso es lo que estamos haciendo”. Pero en la misma conferencia, el presidente destacó que se incrementó la inversión en refinerías para producir más gasolinas y que el próximo año espera que las seis que ya existen trabajen al 75% de su capacidad. La preocupación del gobierno mexicano se limita al discurso, no va acompañada de la implementación de acciones contundentes que ayuden a contrarrestar los efectos del cambio climático.
Como ya lo hemos analizado en este espacio, el medio ambiente no es una prioridad para este gobierno. Así lo demuestran la falta de ejes medioambientales en sus proyectos de infraestructura y el desdén con que trató el problema del sargazo, al calificarlo como “un asunto menor”. Pero la situación es grave. México ocupa el onceavo lugar en el ranking de países con mayores emisiones de dióxido de carbono y será uno de los más afectados por los efectos del cambio climático.
En el marco de la 74a. Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Marcelo Ebrard, quien asistió en representación del presidente López Obrador, señaló que se está trabajando para cumplir con el Acuerdo de París a través de la “mejor ciencia posible y la protección de las comunidades más vulnerables”. También firmó un compromiso con otros trece países para implementar estrategias que permitan reducir el impacto del cambio climático en los océanos a través de la transformación de las industrias.
Sin embargo, de acuerdo con el informe Climate Action Tracker más reciente, México ha retrocedido en sus políticas contra el cambio climático al favorecer el uso de combustibles fósiles en vez de impulsar la generación de energías renovables. Sus planes de invertir en refinerías y la inyección de recursos a la “modernización” de plantas de carbón, en vez de destinarlos a las plantas geotérmicas e hidroeléctricas, contrastan con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1.5º C, como plantea el Acuerdo de París. Este análisis de Climate Analytics y New Climate Institute sugiere que México “no cumplirá con sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030 y tendrá que implementar políticas adicionales, como revertir el uso del carbón”. La organización ha calificado los esfuerzos mexicanos como “insuficientes” porque son menos rigurosos que los de otros países y no contribuirán al cumplimiento del Acuerdo de París, a menos de que otras naciones reduzcan sus emisiones de manera profunda.
El propio estudio indica que hace unos años México se puso en la vanguardia de acciones climáticas con la promulgación de medidas legales. En 2015, la Ley de Transición Energética estableció como meta para el año 2018 generar el 25% de la energía eléctrica con recursos renovables, el 30% para 2021 y el 35% para 2024. Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, México generó el 24.12% de su energía eléctrica a través de recursos renovables. Pero luego del cambio de gobierno se dejó de elaborar el reporte semestral y ahora se desconocen los avances o retrocesos de los siguientes meses. La Ley de Transición Energética también decretó las subastas energéticas de largo plazo como mecanismos para el desarrollo y la inversión en proyectos de energía limpia. Después de tres subastas exitosas, en febrero de este año el gobierno decidió cancelarlas por supuestos conflictos de interés de las empresas participantes. No está claro cómo se impulsarán los proyectos de energías limpias y, según el Programa de Desarrollo del Sistema Energético de la Secretaría de Energía, solo hasta 2023 se construirán centrales eléctricas basadas en energías renovables, así que parece remoto que en 2024 el 35% de la energía del país se genere con fuentes limpias.
La Ley General de Cambio Climático fue la primera en promulgarse en un país en desarrollo y fijó las metas para reducir un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero al limitar las actividades de la industria, la agricultura y ganadería, el transporte, el manejo de residuos y la generación eléctrica. Pero, conforme a la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para cumplir con esto hacen falta acciones concretas, transversales y coordinadas entre el sector privado y el público, así como en los diversos órdenes de gobierno.
El estudio del IPCC sobre los impactos del calentamiento global reveló que si las emisiones de CO2 continúan a este ritmo, el panorama en el 2040 será peor: inundaciones, sequías, escasez de alimentos, ondas de calor, incendios, epidemias, extinción de especies. La crisis no es solo ambiental, sino política, económica y social. Pero los gobernantes siguen ignorando la dimensión del problema. Trump ha desechado cientos de regulaciones ambientales, la más reciente una que permitía al estado de California limitar las emisiones contaminantes de vehículos. Jair Bolsonaro y su gobierno intentaron minimizar las causas y consecuencias de los incendios en el Amazonas. Xi Jinping está impulsando proyectos dentro y fuera de China con las empresas estatales de carbón. Narendra Modi, primer ministro de la India, se comprometió a impulsar la energía solar, pero durante su gobierno se ha incrementado la quema de combustibles fósiles. Y López Obrador sigue apostando por los hidrocarburos y un programa de siembra de árboles maderables y frutales que pone en riesgo a las especies endémicas con talas y quemas agrícolas.
En medio de todo esto, el discurso enérgico que Greta Thunberg, la joven activista sueca, pronunció en la sede de las Naciones Unidas ha inspirado a la clase política mexicana, y ahora el Senado prepara una invitación para que exponga su causa ante el pleno. Los senadores olvidan que en el país existen cientos de activistas, en su mayoría indígenas, que día a día luchan por los derechos ambientales, pero suelen ser ignorados. En 2018 y lo que va del 2019, 30 de ellos han sido asesinados. No se ve cómo la visita de Thunberg contribuiría a atender las demandas que por años ellos han hecho.
De poco sirve que México cuente con un marco legal innovador en materia ambiental si este no se cumple. La obsesión petrolera del presidente le ha impedido ver que hay opciones energéticas menos contaminantes y perjudiciales para la población. En tanto, su afán por limitar los problemas ecológicos a la contaminación y destrucción del territorio no le permiten observar todos los factores que intervienen en la actual crisis ambiental y sobre los que su gobierno tendría que actuar.
Con investigación de Karla Sánchez.
