El Senado de la República está por aprobar la creación de la Guardia Nacional, una decisión que, en sus términos originales, resultaba problemática desde el punto de vista estratégico, operativo y político, que erraba lo mismo en el diagnóstico que en la solución y el medio. Una decisión cuyos impactos amenazaban con trascender el ámbito de la seguridad y anunciaban el verdadero cambio de régimen: ese donde los militares volvían de lleno a la vida pública. Afortunadamente, gracias a la acción ciudadana y la operación política de una oposición que logró consenso en torno a un dictamen de compromiso y unidad, hoy recuperamos la posibilidad de avanzar por la vía civil.
Pero antes de festejar esta victoria, la de dotar a la Guardia Nacional de un mando, adscripción y orientación civil, eliminando la posibilidad de modificar el texto constitucional para militarizar formalmente la seguridad pública, entendamos a cabalidad lo que realmente se planteaba: un pacto de gobernabilidad entre el ejecutivo federal y las Fuerzas Armadas que no pasaba por la necesidad de construirla con gobernadores, alcaldes o partidos políticos. Leamos pues esa intención inicial en todas sus dimensiones y, sobre todo, hagamos las preguntas necesarias para seguirla rechazando con el objetivo de que se construya un verdadero proyecto de seguridad civil y democrática.
Primero, la dimensión narrativa. Discursivamente, la idea original de la Guardia Nacional descansaba sobre la afirmación de que en México el crimen organizado está fuera de control y solo las Fuerzas Armadas pueden hacerle frente, aunque para hacerlo requieren certeza jurídica. Esta afirmación es engañosa porque: a) parte de una magnificación del fenómeno de la delincuencia organizada;
((Según el SESNP la abrumadora mayoría de los delitos cometidos en México son del fuero común. Entre ellos destacan por su incidencia y crecimiento neto los delitos patrimoniales, la violencia intrafamiliar y otras faltas de orden local que nada tienen que ver con crimen organizado y que pueden y deben ser enfrentados por autoridades civiles locales.
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b) omite mencionar que ese fenómeno delictivo ya es enfrentado por un despliegue masivo de soldados y marinos sin que su presencia tenga un efecto disuasorio del delito;
((Ver evidencia reunida por el Programa de Política de Drogas del CIDE, donde se documenta que cada enfrentamiento con presuntos delincuentes en el que participan las Fuerzas Armadas aumenta hasta en 9% la tasa de homicidios de la localidad en la que se desarrolla y que el efecto es acumulativo. Cf Madrazo, A., J.R. Romero y R. Calzada. “La guerra contra las drogas. Análisis de los combates de las fuerzas públicas 2006-2011” en Política y Gobierno, CIDE, Vol. 25, México, 2018.
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y c) niega el hecho de que el marco constitucional vigente permite crear una nueva corporación civil –o intermedia si se quiere– sin la necesidad de reformarlo.
((Crear corporaciones civiles es posible en el marco del artículo 21, lo mismo que utilizar excepcionalmente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad (que podría realizarse por la vía de la reglamentación de los artículos 119 y 129 de la CPEUM).
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Cabe entonces preguntarse ¿cuál era la verdadera razón que animaba al presidente a no apostar por la vía civil y en su lugar dar al ejército un poder que le negó el constituyente de 1917? ¿No sería que el verdadero problema no era la ausencia de marco jurídico sino su presencia y el hecho de que apegarse a él requería aceptar el peso de su fiscalización?
Segundo, la dimensión estratégica. Quienes nos opusimos a la aprobación de la Guardia Nacional militar siempre sostuvimos que los riesgos de su creación eran mayores a los beneficios por varios motivos: 1) porque pese al cambio de nombre, la estrategia seguía siendo la misma que la de los últimos dos sexenios, usar a militares como policías, y no resolvía los problemas de fondo –a saber la suficiencia, eficiencia y eficacia de las instituciones civiles; 2) porque, en ausencia de esas instituciones, la capacidad de las fuerzas armadas para resolver el problema era nula –la evidencia demuestra que 70,000 efectivos, entre soldados y marinos, no han disminuido la incidencia delictiva, las tasas de homicidios o los índices de victimización–; 3) porque su participación en tareas de seguridad pública aumenta la violencia y 4) porque el galimatías institucional planteado por el dictamen podía generar más problemas tácticos, operativos y jurisdiccionales de los que pretendía resolver. Bastaba leer el documento para identificar que una corporación de mando mixto y doble jurisdicción que lo mismo hace de policía que de MP tendría problemas de interlocución y coordinación con quien desde siempre ha desempeñado esa función. Luego entonces ¿si el objetivo era mejorar la seguridad, por qué profundizar una estrategia fallida y proponer un ente de difícil manejo?
Tercero, la dimensión política. El gobierno de AMLO es el gobierno con más legitimidad y poder de la alternancia. Ganaron la presidencia con un amplio margen de votos y el presidente goza de extrema popularidad. Además, detentan la mayoría no solo de ambas cámaras federales sino de decenas de congresos locales. En este escenario resulta por demás paradójico que López Obrador decidiera invertir todo su capital político en otorgar semejante poder a quienes no traerán mayor seguridad, pero prometen gobernabilidad. Y que decida hacerlo por la vía más difícil y permanente: la reforma constitucional. La pregunta vuelve a ser: ¿por qué ir por las mayorías calificadas si puede tener una guardia civil con la Constitución como está? ¿Quién lo convenció de compartir el mando y a cambio de qué se le estaría encomendando al ejército y la marina la obligación constitucional de los ejecutivos locales, estatales y federal?
Afortunadamente, frente a todas estas preguntas la discusión avanzó hacia un nuevo dictamen que atiende al menos algunas de las críticas y devuelve a los civiles el mando y conducción de la estrategia de seguridad, acotando la participación de las fuerzas armadas a un plazo temporal contenido en los transitorios. El acuerdo autorizado por el pleno del Senado de la República tendrá que ser ahora devuelto a la Cámara de Diputados, que deberá aprobarlo luego de integrar las modificaciones realizadas por la cámara revisora.
En este escenario, parecería que la Guardia Nacional sí se creará, pero será eminentemente civil y no responderá a los imperativos políticos no declarados que, lejos de la seguridad, la justicia y la concepción más mínima del estado de derecho democrático le mentían a la ciudadanía en términos narrativos, estratégicos y políticos.
Es maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
