La investigación de Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope
{{ Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope, “Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico”, Science, Vol. 381, N°6664, 2023. }}
publicada en la revista Science sobre el tamaño de los cárteles mexicanos y la relación entre reclutamiento y violencia es una aportación muy valiosa a un debate sobre el tema más preocupante para los mexicanos: la inseguridad y la violencia. Su trabajo tiene dos objetivos: primero, dimensionar el tamaño de las organizaciones criminales en México y estimar su capacidad de reclutamiento para mantenerse activas; segundo, analizar cuál política es más eficaz para reducir la violencia, si enfocarse en prevenir el reclutamiento de nuevos miembros o aplicar más recursos a detener a sus integrantes y encarcelarlos. Para averiguarlo, los autores elaboraron un modelo matemático que toma en consideración cuatro variables: homicidios y desapariciones, encarcelamientos, conflictos violentos entre cárteles y fragmentación y deserciones internas. Sería muy útil que publicaran un texto sencillo, para no iniciados en modelos matemáticos, sobre la fundamentación de su modelo.
El tamaño de los cárteles
Sus descubrimientos son muy interesantes. Por primera vez se da a conocer una cifra estimada con base en un método científico que permite dimensionar el tamaño de las organizaciones criminales en México; no es poca cosa. Por supuesto que el modelo matemático es incompleto y mejorable, pero su cifra –entre 160 y 185 mil integrantes repartidos en 150 organizaciones activas– parece plausible. Hasta que no se disponga de otra estimación sustentada un método científico más completo y con información más amplia, podemos darla por buena y utilizarla como el parámetro más aproximado.
Estamos frente a organizaciones de dimensiones enormes. La más numerosa sería el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con 18% de los 175 mil miembros totales, es decir, poco más de 31 mil integrantes. Le seguirían el de Sinaloa, con casi 16 mil (9%), y la Nueva Familia Michoacana con cerca de 11 mil delincuentes. Pocas empresas mexicanas tienen esa cantidad de personal en la nómina. Sin embargo, el dato que utiliza el artículo para afirmar que el crimen organizado es el quinto empleador en el país es engañoso, ya que compara empresas individuales (Femsa, Walmart, América Móvil, etc.) con un subsector económico, los 150 cárteles activos o “empresas” dedicadas a todas las actividades delictivas. Lo correcto hubiera sido compararlo con subsectores de actividad económica: telefonía celular o tiendas de autoservicio. Frente al subsector de comercio al menudeo (donde están las tiendas como Oxxo) que emplea a 5.2 millones de personas, el crimen organizado es muy pequeño; pero es similar al tamaño de toda la industria de bebidas y tabaco que emplea a 182 mil mexicanos.
Pero eso no le resta relevancia a la magnitud del personal dedicado al crimen organizado y a su capacidad de reclutamiento, ya que, según la investigación, para mantenerse activos y competitivos frente a sus rivales, las organizaciones del crimen organizado reclutan entre 350 y 370 personas cada semana, algo así como 19 mil al año, para sustituir a los caídos, desaparecidos o encarcelados y crecer un poco más.
Es pertinente hacer un comentario adicional sobre el tamaño del crimen organizado. Sus organizaciones no son empresas formales; algunas de ellas sí tienen una estructura más o menos formal (líderes, operadores, sicarios, contadores, transportistas, halcones, etcétera.), pero muchas otras son redes de familias o de bandas con distintos tipos de relación o asociación entre ellas. Además, tienen relación con otros actores que son fundamentales para el narcotráfico, pero que no son sus empleados: es el caso de campesinos que producen mariguana o amapola o que les rentan sus tierras, familiares o novias que participan indirectamente en las tareas delictivas aportando información, pero que tampoco están en la nómina. Esta dificultad para establecer la frontera entre organizaciones delictivas y las comunidades donde operan hacen imposible determinar el tamaño real del crimen organizado.
Una observación relevante es que los datos de esta investigación contradicen los revelados por la directora de la DEA, Anne Milgram. De acuerdo con la agencia estadounidense, el cártel de Sinaloa tiene más de 26 mil miembros, asociados, facilitadores e intermediarios distribuidos por el mundo, lo que lo hace más grande que el CJNG, que cuenta con más de 18 mil 800 efectivos. Sería muy útil que la DEA diera a conocer la metodología y los datos en los cuales fundamenta su estimación, para contribuir al debate, pero sobre todo a un conocimiento más preciso de esas organizaciones, que permita diseñar estrategias de desarticulación más eficaces. Por lo demás, da mucho gusto que dos mexicanos hayan evidenciado la ligereza con que en ocasiones las agencias de E.U. se refieren a la realidad del crimen organizado de México.
La dinámica de los conflictos y la tendencia monopólica
Un dato muy relevante que arroja la investigación es que más de la mitad de los homicidios son producto de los conflictos entre las diez organizaciones más grandes contra las 140 más pequeñas. Guerras asimétricas. Es muy probable que esas bandas pequeñas sean producto de la fragmentación ocurrida por la desarticulación de los grandes cárteles durante el sexenio de Calderón. La mayor parte de esas bandas ya no se dedican principalmente a la producción y tráfico de drogas –ya que no tienen las capacidades logísticas ni los contactos para comprar cocaína en Colombia o el poder de corrupción de muchas autoridades para realizar su traslado y exportación–, sino a otros mercados ilegales (huachicol, tráfico de migrantes) y a la extorsión y robo de mercancías. Algunas pocas sí participan, pero ya no como dominantes, en alguna parte de la cadena de actividades del narcotráfico: controlan algún cruce fronterizo, una ruta o una zona productora de mariguana o amapola.
En mi libro Historia del narcotráfico en México
{{ Guillermo Valdés Castellanos, Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender al crimen organizado y la violencia, Aguilar, México, 2013. }}
analicé como las organizaciones del narcotráfico han desarrollado una tendencia a construir monopolios, de la misma manera que muchas empresas legales procuran hacerlo en sus campos de actividad, con la diferencia de que en el mercado ilegal de las drogas no hay marco legal que lo impida y que el monopolio se construye utilizando la violencia para eliminar físicamente a los competidores y no por vías económicas (precios más bajos o mejores servicios) que saquen del mercado a la competencia.
Esta lucha encarnizada de las diez organizaciones más grandes contra las pequeñas parece obedecer a la lógica de reconstruir el monopolio que ejerció el cártel de Sinaloa durante el periodo 1970-1990. A partir de 1990, el narcotráfico se fragmentó en seis organizaciones: los cárteles de Sinaloa, Golfo-Zetas, Tijuana, Juárez, los Amezcua en Colima y los Valencia en Michoacán. A partir de mediados de los 90 y en especial a partir del presente siglo se inicia una época de conflictos entre esas organizaciones cuyo objetivo era volverse el cártel dominante y eliminar o someter al resto. Las guerras más violentas fueron las protagonizadas por el cártel de Sinaloa contra Tijuana, Juárez, los Beltrán Leyva y Golfo-Zetas.
Solo la ambición de restaurar el poderío monopólico de Sinaloa puede explicar la voluntad de sostener por lo menos durante 15 años cuatro guerras simultáneas. Algo similar intentó el Cártel del Golfo cuando Los Zetas eran su sanguinario ejército privado, que les permitió pelearse a muerte con La Familia Michoacana y contra el cártel de Sinaloa. El Golfo perdió la guerra cuando a fines de 2010 Los Zetas se rebelaron contra sus patrones e iniciaron un conflicto interno que los debilitó a ambos. La mayor parte de las bandas existentes ahora son producto de la desintegración de esos cárteles.
De aquellos años (2000-2012) Sinaloa fue el cártel que mejor salió mejor librado, pero pronto se enfrentó a otro rival, CJNG, que creció aprovechando el vacío dejado por los cárteles del Golfo y Los Zetas. Ahora estas dos organizaciones protagonizan las principales batallas por el control del narcotráfico y otros mercados ilegales (Zacatecas y Chiapas son los escenarios más recientes y violentos de su guerra) en la que las organizaciones más pequeñas están desempeñando un papel relevante, si considramos la cuota de violencia que aportan: más de la mitad de los homicidios.
Podría haber una hipótesis alterna para entender ese nivel de conflictividad entre grandes y pequeñas organizaciones: que no sean luchas de exterminio, sino de control. Las 140 pequeñas serían útiles a las diez más grandes fundamentalmente por tres razones. Primera, para someterlas, por la vía de la fuerza, a fin de que contribuyan al negocio del narcotráfico (aportar producción, protección, cruces fronterizos, narcomenudeo en ciudades, etc.). Segunda, para incrementar sus campos de acción y sus rentas diferentes al narcotráfico, ya sea exigiéndoles a las organizaciones pequeñas un cobro de piso a cambio de protección contra organizaciones rivales, o incorporándolas para ampliar actividades delictivas como la extorsión y otro tipo de robos. Tercera, para incrementar su capacidad paramilitar al utilizarlas como carne de cañón en sus guerras contra organizaciones rivales; que las pequeñas pongan los muertos y heridos.
Se trata de un proceso de fortalecimiento de los grandes cárteles que tienen pretensiones monopólicas, por la vía de la eliminación o fusión de pequeñas organizaciones. Considerando la amplitud del mundo criminal (150 organizaciones), ese proceso de eliminación/fusión será largo y violento.
Las políticas para reducir la violencia
La parte que más se presta al debate es la conclusión del estudio que afirma que una política orientada a la detención y encarcelamiento de integrantes producirá más reclutamiento y violencia. Esto, porque el modelo propuesto por los autores pronostica (con base en las tendencias mostradas entre 2012 y 2022) que un incremento del doble de las detenciones/encarcelamiento de los integrantes de los cárteles generará 8% más homicidios y aumentará el reclutamiento 6%. Por el contrario, si la política se concentra en prevenir y reducir a la mitad el reclutamiento de nuevos integrantes, el tamaño de los cárteles se reducirá de 175 mil a 155 mil elementos y los homicidios se reducirán 25%, al pasar de 120 a 90 semanales.
Hago al respecto algunos comentarios para provocar el debate, ya que el tema es muy amplio y complejo para desarrollarlo a fondo en unos cuantos párrafos.
- Sin dudar que el resultado del modelo arroje que a mayores detenciones los cárteles intensificarán el reclutamiento y la violencia, lo que habría que hacer es problematizar el modelo, ya que el tamaño de las organizaciones y sus necesidades de nuevo personal no dependen únicamente de que se encarcele a parte de su gente. Las necesidades de crecimiento tienen que ver también con las oportunidades de expandir sus actividades, es decir con la ampliación de los mercados ilegales: mayor demanda de drogas, nuevas fuentes para comercializar gasolina robada; incremento de la economía informal que demanda más mercancías robadas para su venta en tianguis, etc. Cómo introducir esa variable –y quizás otras más– en el modelo, cómo medirla y de dónde obtener la información es tarea de los expertos en ello. Solo apunto la necesidad de incorporar esos factores pertinentes.
- Es cierto que solucionar el problema de la violencia no puede ni debe reducirse a la política represiva. Pero apuntar que detener y encarcelar delincuentes –especialmente a los asesinos más violentos e inescrupulosos– es contraproducente plantea el problema de la impunidad. La justicia es selectiva necesariamente debido a la imposibilidad logística de detener a la totalidad de los delincuentes de una sociedad. Se definen prioridades. ¿Cuáles? ¿No es la impunidad un incentivo muy poderoso a la delincuencia? ¿Cómo solucionamos esa contradicción?
- Creo que es incuestionable e impostergable que exista una política orientada a frenar la incorporación de jóvenes a las organizaciones criminales. Pero además de que no es excluyente de una estrategia que saque de las calles a los asesinos, plantea retos muy complejos y no puede basarse exclusivamente en programas como las becas de este gobierno, que han sido un fracaso. La relación entre crimen organizado y las comunidades donde opera es extremadamente compleja, al grado de que las fronteras se desdibujan con gran facilidad. ¿Dónde están los límites entre el barrio de Tepito, las organizaciones de comerciantes informales, el partido político al que pertenecen esas organizaciones, el cártel Unión Tepito y autoridades del gobierno de la alcaldía y de la ciudad? Por otro lado, la dejadez y complicidad de muchos gobiernos locales han dejado en la completa indefensión a la sociedad, la cual no tiene más opción que someterse, por las buenas o por las malas, al dominio criminal. Y en ese sentido, la sociedad acaba normalizando y legitimando a los narcoestados locales o regionales que se han expandido como hongos gracias a la política de los abrazos. Así las cosas, ¿cómo debe ser una política que restablezca los límites entre comunidades y organizaciones criminales? ¿Qué hacer para que la gente no legitime al crimen organizado y se ponga de su lado porque lo considera mejor o menos malo que sus autoridades corruptas y cómplices?
La investigación
Finalizo con unos comentarios necesarios sobre la investigación en torno a las organizaciones criminales en México. Da mucho gusto que dos mexicanos brillantes –Rafael Prieto-Curiel y Alejandro Hope–, junto con uno italiano, hayan producido esta muy valiosa investigación. Es una lástima que se haya hecho en el extranjero con fondos austriacos. El campo de la investigación sobre el crimen organizado, narcotráfico, violencia ha florecido. Hay muchos estudiantes de posgrado dedicados a estos temas. Una pequeña generación de doctores y maestros han hecho valiosas contribuciones y varias instituciones académicas (Colegio de México, CIDE, UIA, INACIPE, el IIS de la UNAM, etc.) cuentan con programas o áreas dedicadas a estos temas. Además, varias ONG (Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa) también han aportado investigaciones valiosas.
Sin embargo, hacen falta dos cosas. La primera es una visión común de prioridades estratégicas de investigación. Las agendas particulares de esas instituciones no han podido, por ejemplo, generar en conjunto evaluaciones serias y sistemáticas de las políticas públicas en materia de seguridad. Tampoco hay un conjunto de investigaciones coordinadas de varios de esos centros o investigadores sobre la evolución y características de las organizaciones criminales mexicanas. Tenemos un montón de generalidades (su fragmentación, su diversificación; algunos mapas de presencia territorial y una lista de conflictos) pero casi no sabemos nada de sus estructuras internas, de las características de sus liderazgos, de la penetración política, del control creciente de mercados legales.
La segunda omisión es imperdonable. El Congreso tiene la obligación de evaluar las políticas públicas en materia de seguridad: las de los gobiernos federal, estatales y municipales que utilizan fondos federales. Nunca lo ha hecho. El principal problema del país según la opinión pública es la seguridad; llevamos tres sexenios dando palos de ciego en materia de políticas públicas y el Congreso sigue aprobando presupuestos sin saber qué eficacia tienen las decenas de miles de millones de pesos que cuestan las políticas públicas de seguridad.
¿Sería mucho pedir que la comunidad académica de investigadores en materia de seguridad y justicia se junte para elaborar una propuesta seria, apartidista y despolitizada, de evaluación de políticas públicas en la materia y de mayor conocimiento sobre las características de la criminalidad en México, y que le exija al Congreso que la financie como parte de su obligación constitucional? En menos de un año comenzará el cuarto gobierno del país que se enfrentará a una prolongada crisis de seguridad, cada vez más grave. Es increíble que aún no conozcamos a fondo el problema ni las soluciones. ~
Es especialista en seguridad nacional y fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Es socio de GEA.
