Durante décadas, el petróleo mexicano enviado a Cuba tuvo una lógica geopolítica clara. No era solidaridad pura: era contención. El PRI sabía que el apoyo energético servía para mantener a Fidel Castro lejos de la tentación de apoyar movimientos insurgentes en México. Esa era la razón detrás de la ayuda humanitaria. Hoy, todo indica que el envío se explica por afinidad política y eso, en sí mismo, no es ilegal, como no lo era lo de la contención. Es más, los envíos de hoy podrían incluso estar perfectamente justificados como cooperación internacional o ayuda humanitaria. Pero eso habría que demostrarlo. Y demostrarlo implica abrir la información.

Ahí está el problema. A este gobierno no le gusta justificarse jurídicamente. No le interesa blindar sus decisiones con transparencia, aunque podría salir ganando pues tal vez seríamos los periodistas y los analistas quienes diríamos que la oposición delira. Pero no. La presidenta Claudia Sheinbaum prefiere acusar a la oposición de inventar escándalos y guardar los datos en un cajón con doble llave.

El año pasado alguien se adelantó –y se lo agradezco– a preguntar formalmente por el estatus de los envíos de petróleo a Cuba durante 2024. Lo hizo con una solicitud impecable, como escrita por alguien que conoce bien los trucos de la burocracia: fundamento jurídico correcto, nombres completos, sinónimos técnicos, todos los posibles actores involucrados. Tan bien hecha que no pudieron desecharla.

La respuesta que dieron las autoridades está en la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, la de la era post INAI. Es una pieza casi literaria: tres páginas dedicadas a explicar la obligación de Pemex de informar y el derecho sagrado del solicitante. Después, un documento de 38 páginas con el reporte financiero completo de Pemex de 2024.

Vale la pena leerlo, es un documento hermoso. Primero porque registra que Pemex tiene una calificación de 100 en transparencia y ese humor siempre es bienvenido. Además, leyendo con cuidado cada línea, me enteré de que la paraestatal donó un camión de bomberos en Tamaulipas, instaló domos para hacer aerobics en Veracruz y remodeló un salón social en Tolosita, Oaxaca, un pueblo de 722 habitantes que no tiene consultorio médico a menos de 4 horas de distancia, pero ese es otro cantar. Yo seguí con Pemex y sus decisiones. Confirmé, por cierto, que las finanzas están para llorar: la utilidad mínima de 2023 se convirtió en una pérdida descomunal en 2024, con ventas a la baja y costos al alza.

Lo que no encontré fue una sola mención a Cuba o a envíos internacionales o a ayuda humanitaria con petróleo, hidrocarburos, gasolina o tubos. Ni una. El petróleo enviado simplemente no existe en el universo informativo que Pemex decidió entregar.

No sé si el solicitante impugnó la respuesta ante el sustituto del INAI. Pero si lo hizo, sospecho que tuvo una experiencia similar a la que han vivido periodistas de la red que coordino junto con Sandra Romandía y Santiago Alamilla: la de un sistema de revisión inútil.

El informe más reciente de Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información (PIPAI) lo deja claro. De 121 recursos de revisión presentados por respuestas evasivas o incompletas, solo tres fueron resueltos. ¡Tres! No es una muestra estadística, es un estudio de caso de usuarios expertos. Pero la diferencia con el INAI es brutal: ahí se resolvían todos. No siempre a favor, pero todos.

No se trata solo de Pemex ni solo de Cuba. Se trata del nuevo sistema. Uno cerrado. Al poder le diré esto: la opacidad no protege. Deteriora. Entre otras cosas, porque rompe el vínculo mínimo de confianza que permite gobernar sin sospecha permanente. Si el envío de petróleo a Cuba está bien justificado, mostrarlo fortalecería al gobierno. La transparencia, ya lo sabemos, es un mecanismo de defensa ciudadana, pero ojo, es también una herramienta de Estado para tener gobernanza y legitimidad. ~