En las últimas semanas, la calle se ha calentado. A las protestas del 2 de octubre, a las marchas universitarias, a los paros de piperos, transportistas y agricultores, se suma una movilización simbólicamente poderosa: la que exige justicia por el asesinato de un alcalde que, para muchos, representaba el último resquicio de Estado en su comunidad. Para muchos, la figura de este alcalde encarnaba la del héroe. 

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, desató una protesta intensa que incluyó bloqueos, quema de vehículos y reclamos airados tanto en redes sociales como en el espacio público nacional. Llamó la atención por su magnitud y por el tono: fue (y es) una protesta que parece romper el cerco de resignación.

No escribiré sobre la difícil situación en Michoacán, sobre el crimen organizado, sobre la incapacidad federal y la complicidad de algunos miembros de la clase política estatal. No le resto ni un ápice de importancia, pero hay bastantes letras ya –y muy buenas– sobre estos puntos.  

Me interesa abordar el crecimiento visible de la protesta social. La teoría política comparada (perdón, a veces hay que usar los librotes) enseña que esta nunca se queda sin consecuencias cuando alcanza dimensiones críticas. La protesta genera reacciones en el gobierno en turno. Y la reacción gubernamental produce, a su vez, un efecto político, que puede ser estabilizador, radicalizador o destructivo.

En regímenes democráticos o híbridos, los gobiernos suelen elegir entre seis respuestas posibles. La represión directa, que restaura un orden aparente pero incendia el sistema a largo plazo. La cooptación, que desactiva liderazgos ofreciendo cargos, dinero o concesiones. La negociación institucional, que canaliza demandas y fortalece el sistema. La negación, que minimiza los hechos y culpa a terceros. La transformación simbólica, que absorbe causas sin atenderlas. O la reacción populista, que convierte el conflicto en parte del relato: no hay un problema, hay enemigos del pueblo.

La reacción del gobierno federal ante las protestas por el asesinato de Manzo mostró rasgos de este último tipo. En lugar de atender el reclamo o asumir responsabilidad, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el enojo y los descalificativos. “¿Realmente les importa Michoacán? ¿O solo lo usan los comentócratas carroñeros?”, preguntó la titular del Ejecutivo, añadiendo epítetos como buitres, hablando de provocadores y acusando a quien dejó la presidencia hace 13 años de ser el responsable de la situación en Michoacán. La presidenta marcó una linea divisoria otra vez: los que protestan, los que critican la estrategia, los que reaccionan con indignación, no son el pueblo bueno. Son carroñeros.

La respuesta oficial fue, además, defensiva. Sheinbaum reivindicó la estrategia de seguridad en curso como única vía legítima, una vía que, en todo caso, puede someterse a consulta con el pueblo bueno. No ofreció un ajuste de rumbo, ni un gesto que reconociera el nivel de descomposición y el carácter urgente de la intervención. Es una buena idea elaborar con calma un plan de acción como el Plan Michoacán, pero el Estado mexicano sabe muy bien qué medidas puede y debe tomar de inmediato. Inteligencia no le falta.   

Ni las protestas ni las reacciones en redes ni la crítica profesional en medios es de opositores o provocadores profesionales, pero la presidenta no escucha. En lugar de responder a la fractura, la coloca dentro de su propio marco: está el pueblo legítimo y el que no lo es. 

La calle se está calentando y la presidenta parece perder la cabeza fría. Debe tener mucho cuidado con esto porque, si bien no elige la represión, sí está eligiendo el camino que ha demostrado dejar a los gobierno solos. La identidad y la popularidad se pierden si la calle se calienta. ~