Una trampa disfrazada de democracia

La consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril no busca fomentar la participación democrática de los ciudadanos. Su eje es la embestida contra el INE.
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Un recuento del proceso que culminará el 10 de abril con la realización de la consulta de revocación de mandato muestra que el objetivo final de este ejercicio no es consolidar la democracia en México, sino fortalecer el poder del presidente a costa del poder que sería arrebatado a los ciudadanos a través de la desaparición del Instituto Nacional Electoral como órgano constitucional autónomo. El embate constante y frontal contra el INE ha sido paralelo a la indebida promoción del ejercicio por parte del presidente y diversas autoridades emanadas de Morena. Paradójicamente, esa entusiasta –aunque prohibida– promoción ha logrado generar en la ciudadanía la pérdida de la confianza en la propia consulta.

Analice usted mismo, amable lector, algunos hechos ocurridos a partir de la expedición misma de la ley reglamentaria federal de dicho ejercicio. Bajo la presión de López Obrador, la ley fue discutida y aprobada al vapor entre los meses de julio y agosto del 2021. Se expidió de forma extemporánea, pues debió publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en el mes de junio del 2020, en cumplimiento a lo ordenado en el segundo transitorio del decreto publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2019,  y se promulgó en septiembre del año pasado con un sinfín de omisiones. Carece incluso de mecanismos para el debido control y verificación de los fondos con que asociaciones civiles como Que Siga la Democracia, A.C. (encabezada y conformada por militantes, excandidatas y representantes de Morena ante los institutos electorales estatales) han llevado a cabo la promoción indebida de un ejercicio inexistente, como lo es la ratificación de mandato.

Siguió el recorte, promovido y aprobado por los diputados de Morena, de los recursos que el INE utilizaría para la promoción, organización y ejecución de la consulta revocatoria. El presidente lo justificó, en su conferencia matutina del 17 de diciembre de 2021, solicitando expresamente que se instalaran menos casillas de las ordenadas en ley, para después, en la conferencia del 24 de febrero de 2022, acusar al instituto de violar la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato para el caso de que colocara menos casillas, ante la dificultad generada por la deficiencia presupuestaria. Posteriormente, el primer mandatario y otras autoridades han acusado al INE de “esconder casillas” a la población, a pesar de que Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto, ha anunciado que la ubicación geográfica de las casillas estaría a disposición de la ciudadanía a partir del 28 de marzo, en los tiempos que señala la ley.

El presidente no ha estado solo en la embestida frontal y sin cuartel contra el INE: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (quien sería designado presidente interino de México por 30 días en caso de que la revocación procediera); el presidente de Morena, Mario Delgado, así como varios senadores y diputados del citado partido, llevan a cabo una campaña continua y permanente de desprestigio contra el instituto, violando continuamente la ley promovida y aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Ante la violación de la prohibición constitucional y de ley que ordena a los servidores públicos no promover la revocación, el INE ha aplicado medidas precautorias que garanticen el cumplimiento de las leyes correspondientes. En respuesta, ha sido acusado de autoritario y señalado como adversario del partido en el poder. 

El propio Gutiérrez Luna denunció al Consejo General y al Secretariado Ejecutivo del INE ante la Fiscalía General de la República en diciembre del año pasado, convirtiendo un diferendo de criterio legal en una franca y abierta persecución política mediante el uso faccioso de las instituciones. Luego, en enero de este año, presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados, dedicada a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, tendiente a “evitar que ningún funcionario gane más que el presidente de la república” –cuando, en realidad, el Diputado percibe un salario mucho mayor al de los consejeros y demás servidores públicos empleados en el Instituto. El 3 de marzo, el diputado presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que ordenó, conforme lo dicta la ley, frenar la propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato. Esta acción fue desechada, al no ser facultad de la Corte sino del Tribunal Electoral conocer de controversias en materia electoral.

Finalmente, el 17 de marzo la bancada de Morena y sus aliados avalaron un decreto interpretativo que permitía a los funcionarios militantes del partido oficial manifestarse abiertamente sobre el proceso de revocación de mandato sin que fuera considerado como un acto de propaganda gubernamental, marcando un criterio contrario a lo que establecen la Constitución y la ley, y a lo que el tribunal electoral ha sostenido en este rubro. En menos de 48 horas, magistrados de la Sala Especializada del TEPJF revirtieron este decreto inconstitucional, por lo que no puede ser aplicado a la promoción de la consulta revocatoria, al no haber sido emitido con 90 días de anticipación al proceso revocatorio, tal como lo establece el artículo 105 constitucional. Ello no fue obstáculo para que, a los pocos minutos de aprobado el decreto, la gobernadora de Campeche Layda Sansores y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzaran tuits idénticos que no solo promueven la revocación, sino que tienden a dirigir el sentido del voto de la ciudadanía, conducta que constituye en sí misma un delito electoral, que han presentado falsamente a sus partidarios como una libertad, cuyo ejercicio pretende coartar el Instituto Nacional Electoral. 

El presidente López Obrador ha repetido como axioma la frase: “el pueblo da, el pueblo quita”. Y la sociedad civil en México se dio a finales de la década de los 90 del siglo XX un Instituto, primero Federal, hoy Nacional Electoral, con el que la participación directa de la ciudadanía en la organización, ejecución y vigilancia de los procesos electorales está garantizada. Como todo instrumento humano, ese instituto es perfectible. Pero en cada elección desde 1997 han sido ciudadanos y ciudadanas mexicanos quienes legitiman directamente con su intervención los resultados de los comicios.

El 29 de abril de 2021, López Obrador planteó elaborar una reforma constitucional para desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos, al Instituto Nacional Electoral. En la mañanera del 29 de marzo de este 2022, anunció que enviará al Congreso dicha reforma, a fin de que los futuros consejeros del INE y magistrados del TEPJF sean elegidos en elecciones “abiertas” a través del voto popular –¿quién organizaría esas elecciones? ¿Más militantes de Morena disfrazados de asociación civil?–, lo que rompe con los principios de autonomía e imparcialidad que rigen al Instituto, mientras que politiza a jueces y árbitros restándoles credibilidad. Con ello, el presidente quiere garantizar para sí y su partido el control absoluto sobre los procesos electorales futuros, restaurando un sistema que los mexicanos experimentamos dolorosamente durante el periodo del PRI como partido hegemónico en el siglo pasado: “la dictadura perfecta”, como atinadamente la denominó Mario Vargas Llosa. 

La consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril no tiene al centro la participación democrática de los ciudadanos ni la democracia deliberativa. Su eje es la embestida contra el INE. Si los mexicanos quieren conservar su poder sobre los procesos electorales, la alternativa es quitarle a López Obrador la legitimidad ciudadana para debilitar y, posteriormente, desaparecer al INE. 

Es hora de defender a las instituciones con todo el poder ciudadano, y la abstención mayoritaria es la expresión política más poderosa por la defensa de la existencia y autonomía de un órgano como el INE. Pero al abstenerse de participar en la consulta de revocación no solo se defiende al INE. También se da una respuesta a la pregunta sobre la pérdida de confianza que establece la constitución: los mexicanos no confían en un ejercicio solicitado y promovido por Andrés Manuel López Obrador, su partido y sus aliados, desde la opacidad, la doble intención y la mentira.

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