El 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Armada de El Salvador, adscritos a la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSP) en Haití autorizada por la ONU, desaparecieron tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe. Un mes después, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha desplegado en Haití a más de 2,000 soldados, con fuerzas especiales, vehículos blindados y helicópteros artillados, es decir, tantos efectivos como los que la propia FSP ha logrado reunir en todo el país. Lo que se presentó como una misión de rescate se ha convertido, sin que nadie lo haya anunciado formalmente, en otra cosa: una intervención militar unilateral de un país latinoamericano en otro, financiada en un 90% por el erario salvadoreño, amparada, según su vicepresidente, por acuerdos bilaterales que nadie ha visto, y sin plazo alguno de salida.
“Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes”, advirtió Bukele en su cuenta en la red social X. El autoproclamado “dictador más genial del mundo” ha ido trazando, publicación tras publicación, un paralelismo entre la tragedia haitiana y el pasado salvadoreño, y difundiendo videos de sus tropas recibidas con aplausos en las calles de Puerto Príncipe. El 8 de noviembre, según el propio Bukele, sus helicópteros destruyeron la casa del jefe de la banda 400 Mawozo, en una operación que dejó una veintena de muertos; días después, sus tropas tomaron el Estadio Nacional. La pregunta ya no es si Bukele busca algo más que rescatar a sus compatriotas, sino qué busca exactamente, y si sabe en qué se está metiendo.
Haití y El Salvador comparten el diagnóstico de la violencia pandilleril, pero no su anatomía. En Haití, las pandillas armadas controlan alrededor de 90% de Puerto Príncipe y amplias zonas del departamento de Artibonito y del centro del país. Han ocupado el vacío que dejó el Estado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y, agrupadas en la coalición Viv Ansanm, han dejado de ser bandas de barrio para convertirse en actores con pretensiones políticas, capaces de cercar el aeropuerto, el puerto y las carreteras que abastecen la capital. En lo que va del año, la violencia ha matado a más de 5,700 personas; casi 1.5 millones han sido desplazadas y unos 6 millones, la mitad de la población, padecen hambre severa. La FSP, que sustituyó a la misión encabezada por Kenia con un mandato de hasta 5,550 efectivos, apenas había desplegado alrededor de un tercio de esa cifra a finales de septiembre, lastrada por compromisos de financiamiento que se pagan a cuentagotas.
El Salvador, en cambio, ha vivido una transformación notable. Otrora uno de los países más violentos del mundo, vio caer la tasa de homicidios de 51 por cada 100,000 habitantes en 2018, el año anterior a la llegada de Bukele, a 1.9 en 2024. El precio ha sido un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, crecientemente autoritario; más de 80,000 detenciones, miles de ellas sin juicio; muertes bajo custodia documentadas por organizaciones de derechos humanos y la demolición de todos los contrapesos institucionales y de la libertad de prensa. A cambio, Bukele goza de una aprobación que ronda el 86%, y una reforma constitucional hecha a la medida le permitirá buscar en febrero de 2027 un tercer mandato, ahora de seis años.
¿Por qué arriesgarse con Haití? Las motivaciones son varias y se refuerzan entre sí. La primera es interna. A tres meses de la elección, las encuestas muestran que la economía ha desplazado a la inseguridad como principal preocupación de los salvadoreños: siete de cada diez la señalan como el principal problema del país. Pocas cosas desvían mejor la atención de la deuda, el estancamiento y la pobreza que la épica de un rescate en suelo extranjero. Bukele, un político formado en la publicidad, entiende mejor que nadie que la popularidad se administra como una marca y que necesita renovarse constantemente con nuevas demostraciones de fuerza.
La segunda es de proyección. Haití es el escaparate perfecto para el “modelo Bukele”, que ya se ha convertido en producto de exportación electoral de Honduras a Ecuador y de Chile a Perú. Si funciona en el Estado más frágil del hemisferio, el argumento será irrefutable; si no, siempre se podrá culpar a la ONU, a la burocracia de la FSP o a los haitianos.
La tercera es Washington. Bukele llamó a Donald Trump antes de escalar el despliegue y recibió como respuesta un “haz lo que tengas que hacer”. La operación encaja como anillo al dedo en la lógica del llamado “corolario Trump” a la Doctrina Monroe y de su fórmula de “enlistar y expandir”: aliados regionales que asumen los costos y los riesgos de la seguridad hemisférica mientras Estados Unidos se ahorra soldados, presupuesto y ataúdes. Que el contratista Erik Prince, aliado de ambos mandatarios, opere también en Haití completa el cuadro de una suerte de subcontratación público-privada del músculo estadounidense. Para un presidente que ya convirtió la megacárcel de Tecoluca en servicio penitenciario y de retención migratoria del gobierno de Trump, ser su brazo armado en el Caribe es el siguiente peldaño.
Sin embargo, Bukele podría estar subestimando los riesgos. Para empezar, el modelo salvadoreño no es trasplantable. Su “éxito” descansó en condiciones que no existen en Haití: pandillas masivas pero sin padrinos en las élites económicas, identificables, territorialmente fragmentadas y con las que, según el Departamento del Tesoro estadounidense, su propio gobierno había negociado en secreto; un Estado capaz de ejercer todo su poder, desde la policía y el ejército hasta los tribunales, el Congreso y un sistema penitenciario de máxima seguridad. En Haití no hay nada de eso. Las pandillas están entrelazadas con segmentos de la élite política y empresarial que las financian y las arman con fusiles de asalto que, en su inmensa mayoría, llegan de Estados Unidos. No hay cárceles que no hayan sido vaciadas por fugas masivas, ni jueces, ni un gobierno electo: el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé encabeza una transición sin mandato popular, y la elección presidencial acaba de ser pospuesta, una vez más, hasta julio de 2027.
Incluso si Bukele gana algunas batallas, no ganará la guerra. Las fuerzas de seguridad haitianas han recuperado territorio una y otra vez solo para volver a perderlo, porque detrás de los operativos no llega el Estado: ni policías, ni escuelas, ni clínicas, ni fiscales. La experiencia de las múltiples intervenciones internacionales en Haití, que han costado más de 22 mil millones de dólares en las últimas dos décadas, es elocuente. La fuerza puede despejar un barrio; no puede gobernarlo.
A ello se suma un riesgo que ya se ha materializado: la mayor parte de las tropas salvadoreñas opera fuera de la jurisdicción de la FSP, con reglas de enfrentamiento desconocidas. El 31 de octubre, un convoy salvadoreño atacado por pandillas protagonizó un tiroteo en el que resultó alcanzada la embajada de Estados Unidos. Al día siguiente, el encargado de negocios de le embajada estadounidense en Puerto Príncipe se quejó ante el primer ministro haitiano de la falta de coordinación con la FSP y pidió frenar las operaciones. San Salvador respondió con una nota diplomática acusándolo de difundir información falsa, y el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo que pedir públicamente coordinación para evitar que fuerzas aliadas terminen disparándose entre sí. Tres estructuras de fuerza paralelas (la FSP, los salvadoreños y los mercenarios contratados por el gobierno haitiano) en una ciudad densamente poblada son la receta perfecta para el fuego amigo, las víctimas civiles y la impunidad. Amnistía Internacional ya exigió que se publiquen el acuerdo bilateral y las reglas de enfrentamiento. Y en un país que guarda la memoria de la ocupación estadounidense de 1915 a 1934 y de los abusos y la epidemia de cólera de 2010, asociada a los cascos azules, el entusiasmo inicial con que algunos haitianos han recibido a los salvadoreños puede evaporarse al primer error.
Está, además, el frente interno. Si los soldados salvadoreños empiezan a volver en ataúdes, la intervención se convertirá en un lastre electoral, por más que el aparato de propaganda controle el relato. Y la propia misión carece de una definición de victoria. Si los cuatro técnicos aparecen, con vida o no, ¿se retiran las tropas y dejan a los barrios “liberados” a merced de las represalias de las pandillas? Si no aparecen, ¿cuándo y cómo se declara el éxito? Bukele queda atrapado en la clásica disyuntiva de toda intervención sin estrategia de salida: quedarse y ser arrastrado a un conflicto prolongado y costoso que El Salvador no puede financiar, o marcharse sin haber logrado mucho más que algunos videos. Las preguntas que debería poder responder son las más elementales. Son las que el futuro secretario de Estado Colin Powell artículo en 1990-91, durante la primera guerra del Golfo en lo que posteriormente seria conocida como la Doctrina Powell: ¿cuál es la visión?, ¿cuál es el plan?, ¿y cuál es la hoja de ruta de salida?
Bukele sabe ganar titulares y, quizá, algunas batallas. Lo que no ha demostrado, ni siquiera en su propio país, es que sepa construir instituciones. Más allá de si la apuesta de Bukele rinde frutos políticos, persiste la pregunta de fondo: ¿ayudará realmente a Haití? La fuerza puede ser necesaria para quebrar el control territorial de las pandillas, pero la estabilidad duradera requiere de un proceso político creíble que culmine en elecciones, una policía y un sistema de justicia capaces de sostener lo recuperado, el corte de los flujos de armas y dinero que alimentan a las bandas, y un desarrollo económico que aleje a los jóvenes haitianos de la tentación de unirse a ellas. Nada de eso puede ni quiere ofrecerlo El Salvador. Y hay un riesgo adicional, quizá el más insidioso: que la “bukelización” de Haití, con su promesa de seguridad a cambio de derechos, se convierta en el programa de gobierno de los aspirantes haitianos de 2027, en un país donde la última cosa que falta es un nuevo hombre fuerte. ~