El clarividente Mariano Gistaín ha señalado un problema de la corrupción en nuestro tiempo. “Incluso, o especialmente, en los negocios ilegales ha de haber una ‘seguridad jurídica’ de los maleantes: silencio, discreción, ejecución. ¡Ya vale de grabar!”, ha escrito, y ha apuntado que es posible que de ahora en adelante los negociadores de estos asuntos deban aprender el lenguaje de signos.
Uno nunca sabe a qué atenerse. El primer abogado de Santos Cerdán decía que Koldo era un agente provocador y recordaba que había colaborado con la Guardia Civil; el segundo, próximo al PSOE, montaba reuniones con Leire Díez para desacreditar a la UCO.
Las cosas se complican: un procedimiento habitual es echar la culpa a los corruptores, esos sibilinos empresarios que obligan a corromperse a los pobres políticos. Pero ¿qué hacemos con Santos Cerdán, si como parece también era dueño de una empresa involucrada? ¿Era corruptor o corrupto? Quizá la corrupción, como todo, se ha precarizado, y no queda otro remedio que recurrir al pluriempleo e incluso a oprobiosas actividades dentro de la ley.
Además, por lo visto las empresas que participan en los trapicheos son sistemáticamente corruptas, mientras que en los partidos es cosa de casos aislados y manzanas podridas.
También son confusas las consecuencias penales y políticas. A veces, si la corrupción persigue un fin político, es menos grave o incluso perdonable: por ejemplo, la malversación del procés, cuyo castigo se quiso rebajar primero y amnistiar más tarde. Otras veces, que la corrupción obedezca a un fin político es el motivo (o al menos se dice que sería el motivo) para la ruptura de cualquier acuerdo: todo tiene un pase, se dice, menos la financiación ilegal, porque en este asunto lo personal no es político. Conviene guardarse los tickets.
La centralización propiciaba unos tipos de corrupción y la descentralización facilita otros: hay que estar en continua formación.
También pasa al revés: algunas de las medidas que se proponen contra la corrupción pueden profundizar esta incertidumbre posmo-barroca. Se crean órganos que son colonizados o irrelevantes (o las dos cosas) o se establecen controles que operan como barreras de entrada.
Conocemos la teoría (independencia de la administración, más medios para la justicia), pero en la práctica es más difícil: a menudo la eficacia frente a la corrupción es mejorable (los corruptos con acceso al poder político o económico encuentran la forma de esquivar los controles) y la actividad económica legal sufre.
Se plantean parches, opciones que están entre lo inane y la intoxicación (como encuestas del CIS), y cuando se anuncia que se empleará la IA en la lucha contra la corrupción lo primero que uno piensa es en la forma de hackear la adjudicación: más de uno habrá preguntado a Chat GPT.
