En la primera semana de enero se conocieron reportes de escasez de combustible en varios estados como consecuencia del plan de combate al robo de combustibles implementado por el gobierno federal. El huachicoleo, como también se le conoce, ha provocado grandes pérdidas económicas. Según cifras de Pemex, en 2018 fueron robados 58 mil 200 barriles diariamente, lo que representó una pérdida de 66 mil 300 millones de pesos. Ante esta situación, el gobierno ejecutó una estrategia consistente en el monitoreo de ductos; un operativo de seguridad con 4 mil elementos de la Marina y el Ejército en refinerías, instalaciones de Pemex y centros de distribución de gasolinas; el cierre indefinido de válvulas de oleoductos y poliductos para identificar fugas, tomas clandestinas y conexiones ilícitas, y la distribución a estaciones de servicio mediante pipas y autotanques. Si bien las autoridades han señalado que no existe un problema de desabasto, estaciones de servicio en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y algunas zonas del Estado de México y la Ciudad de México no cuentan con el combustible suficiente para satisfacer las demandas de sus habitantes y las industrias.
Los analistas de El Financiero calculan que se necesitarán 5 mil 500 pipas para transportar 200 millones de litros de combustibles en todo el país. A su vez, el transporte terrestre de los combustibles incrementará el precio por litro de la gasolina, a menos que la Secretaría de Hacienda sacrifique un porcentaje del IEPS y otorgue un subsidio; esto tendría como efecto encarecer los productos y servicios durante el tiempo que dure esta medida. En su cuenta de Twitter, el consultor energético Gonzalo Monroy coincide en señalar los impactos del cierre de los ductos: menor actividad económica, menor recaudación del IEPS, incremento a los costos de traslado del combustible y afectaciones a quienes dependen de la gasolina para obtener ingresos, como taxistas, transportistas y choferes.
El presidente López Obrador ha insistido en que no hay desabasto de gasolina porque hay suficientes reservas de gasolina, y lo que se ha presentado es un problema de distribución del combustible. Más allá de la discusión terminológica, el gobierno federal ha optado por una estrategia de comunicación que genera más incertidumbre. La falta de una explicación por parte de los titulares de Pemex y de la Secretaría de Energía que tranquilice a los ciudadanos ha provocado compras de pánico, racionamiento de combustible, caos vial por las largas filas en las gasolineras y el cierre de algunas estaciones de servicio por la alta demanda que han tenido.
Hasta el momento, se desconoce cuándo se reanudará el abasto de combustibles en todo el país, aunque el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, afirmó que eso ocurrirá en el transcurso del fin de semana. En un comunicado, Pemex aseguró que hay suficiente gasolina para cubrir la demanda de la Ciudad de México y el Área Metropolitana. En cuanto al desabasto en los demás estados, la paraestatal informó que “hay suficiente inventario de producto en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) para satisfacer la demanda de la población en todo el país; por lo que la situación que se vive en algunas regiones es solo por un ajuste logístico”.
No obstante, de continuar la emergencia los inventarios podrían ser insuficientes. De acuerdo con una investigación basada en información de la Secretaría de Energía, la gasolina disponible para la región centro del país alcanza para un día; mientras que a escala nacional el inventario de gasolina está calculado para 3.1 días. El problema se agrava pues la producción a la baja de la paraestatal en los últimos meses ha orillado a depender más de la importación de gasolina extranjera. Hasta octubre del año pasado, las seis refinerías con que cuenta el país trabajaron al 30% de su capacidad.
El sector empresarial es uno de los principales afectados por las medidas que ha emprendido el gobierno. A pesar de que el presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos, manifestó su apoyo al combate al huachicoleo, y calificó la política como una “decisión impostergable y valiente”, consideró que la planeación había sido “pésima” y la implementación “torpe”. De la misma opinión es Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien comentó que el combate al robo de combustible es importante, pero “se requiere un programa viable para tener abastecimiento suficiente”.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Juan Pablo González Córdova, aclaró que el grupo al que representa ve con buenos ojos la estrategia del presidente López Obrador. Pero explicó que para acabar con el huachicoleo es necesario modernizar el sistema de control volumétrico de Pemex para cerrar las válvulas vía satélite cuando se detecten fallas, como se hace en otros países. Esta tecnología podría implementarse en un lapso de seis meses a un año. Asimismo, el empresario mencionó que es necesario “reemplazar totalmente el personal que trabajaba en el funcionamiento de los poliductos y poner gente honrada”. Por su parte, el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, felicitó al presidente por sus acciones en contra de la corrupción al “impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustibles” y reconoció que los trabajos en los ductos y las afectaciones a los consumidores son “un costo pequeño para transformar a Pemex”.
El huachicoleo como actividad de venta y robo de combustible a manos de pequeños grupos criminales locales tiene una larga historia, pero fue a partir del 2006 cuando las organizaciones dedicadas al narcotráfico vieron en él una oportunidad de negocio. Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) detalló en 2017 que Los Zetas y la Familia Michoacana hicieron del robo de combustible su segunda fuente de financiamiento, después del trasiego de droga. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el robo de combustible se incrementó. De acuerdo con el último informe de Carlos Treviño Medina como director de Pemex, el delito se incrementó 262% durante la administración priista debido a la participación del crimen organizado. Según un reporte de El Financiero, la proliferación de tomas clandestinas hizo que el gasto en la reparación de ductos aumentara: tan solo en 2016 se destinaron cuatro mil millones de pesos a ese propósito.
Aunque ya se conocía la manera de operar de los grupos criminales que explotan el combustible, las acciones llevadas a cabo para combatirlos, como la creación de un centro ciudadano para hacer denuncias, la capacitación del personal para atender tomas ilegales y el resguardo de los ductos por militares fueron insuficientes, de acuerdo con un análisis publicado en El Economista. En 2017 se recuperaron alrededor de 15 millones de litros como resultado del cierre de 70 gasolineras que no corroboraron la procedencia legal del combustible que vendían. Del 2013 al 2018, se despidió a 40 trabajadores de Pemex relacionados con el huachicoleo y se detuvo a casi 1,600 personas, de las cuales mil fueron procesadas y 189 encarceladas.
Para impedir que los grupos criminales se apropiaran de los ductos, el presidente Peña Nieto nombró al general Eduardo León Trauwitz como titular de la Subdirección de Seguridad Estratégica de la paraestatal. Además de contar con los recursos económicos, tuvo bajo su disposición a 2 mil 500 elementos del Ejército y la Marina para tareas de seguridad. Durante la conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador señaló al general como uno de las personas bajo investigación por su complicidad en el robo de combustible desde Pemex.
Mientras que la administración pasada acusaba a los grupos criminales por las fugas de combustible, el actual gobierno también responsabiliza a los funcionarios corruptos de Pemex y a los grupos gasolineros que se abastecen de manera ilegal. Las únicas que no han sido señaladas son las empresas que compran combustible robado. En su columna en El Universal, Carlos Loret de Mola reveló que dos empresas, una dedicada a la comercialización de pan y otra a la fabricación de útiles escolares, compran combustible robado para el transporte de sus productos; según el columnista, el expediente en su contra, abierto hace cuatro años, se cerró sin una explicación.
El presidente sostiene que desde el inicio de su plan contra el robo de combustible, Pemex ha ahorrado 2 mil 500 millones de pesos y que el robo de pipas diarias disminuyó un 77.6%. Nadie pone en discusión el impacto negativo que tiene el huachicoleo en la economía, la salud y la seguridad del país, pero la deficiente planeación de las acciones para combatirlo han terminado por afectar a muchos ciudadanos. En palabras de Salvador Camarena, “toca al gobierno de López Obrador hacer una mejor comunicación de lo que está pasando, de lo que viene y de lo que implicará para todos dar la batalla contra el huachicol”. De lo contrario, “los ciudadanos terminarán por pedirle al presidente petrolero que deje robar a los huachicoleros para poder seguir usando sus naves”.
El plan actual no responde qué pasará una vez que se retiren los cercos militares en las instalaciones de Pemex y se reanude la distribución de combustible a través de los ductos. No es impensable que los huachicoleros continuen ordeñando las tomas, con lo cual la actual irrupción en las actividades cotidianas habrá sido en balde. Retomando a Alejandro Hope, para crear una estrategia exitosa de combate al crimen, el gobierno debe examinar sus costos y beneficios en términos económicos, políticos y sociales. Generar ansiedad en la sociedad y provocar una parálisis económica no parecen las acciones adecuadas para acabar con el delito.
Los primeros efectos de la falta de gasolina en algunas regiones se han empezado a manifestar: varias terminales aéreas se encuentran en problemas por el desabasto de turbosina, los sectores automotriz y de logística del Bajío han sido afectados, las patrullas en Zapopan no pudieron operar por la falta de gasolina, en la Zona Metropolita de Guadalajara hay desabasto de mercancías y los bomberos de Guanajuato solo atenderán emergencias. La estrategia de comunicación puesta en marcha hace unos meses, ante la suspensión del suministro de agua en el Valle de México, permitió a la ciudadanía prepararse y almacenar agua para hacer frente al desabasto. Hoy, la falta de información detallada de parte de las autoridades en la primera gran crisis del gobierno de López Obrador deja a los ciudadanos en la incertidumbre. Es preciso una solución eficaz que garantice el abasto del combustible y que castigue a los responsables del huachicoleo, incluyendo funcionarios, empresarios y criminales.
