El pasado mes de mayo se aprobó el dictamen que revertía la reforma educativa realizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la discusión de las leyes secundarias que la integran –Ley General de Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y Ley de Operación del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación– quedó pendiente. La Cámara de Diputados había agendado el análisis de la primera para la sesión extraordinaria del 25 de julio. De manera inesperada, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, anunció que la discusión quedará postergada hasta el siguiente período de sesiones, en septiembre, y que será entonces cuando se discutan las otras dos leyes secundarias, toda vez que se siguen “escuchando y recabando las opiniones de distintos sectores y de los grupos parlamentarios”. De tal suerte, el próximo 26 de agosto arrancará un nuevo ciclo escolar sin que docentes ni alumnos tengan claridad sobre el marco normativo que los regirá.
El jueves 18 de julio, los coordinadores de diferentes grupos parlamentarios publicaron en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de la Ley General de Educación, que reemplazaría en su totalidad a la ley que fue publicada en 1993 y que se adicionó y reformó en diversas ocasiones, siendo la última en enero de 2018 durante el mandato de Enrique Peña Nieto. La nueva ley contempla 181 artículos y 15 transitorios, aunque la actual solo tiene 85 artículos y 6 transitorios. De acuerdo con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, la nueva LGE es el primer paso para articular el Sistema Educativo Nacional.
Entre los cambios que la ley plantea se encuentran la rectoría del Estado en la entrega de plazas magisteriales, la creación de un organismo descentralizado para la mejora de la educación, la eliminación de las sanciones a docentes, la reinstalación de maestros cesados y la incorporación de materias que habían desaparecido en reformas anteriores. Ante todo, tiene como propósito sentar las bases de la “Nueva Escuela Mexicana”, la cual “buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en educación” al colocar en el centro “el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes” y al fomentar “la responsabilidad ciudadana” con valores como “la honestidad” y “la participación activa en la transformación de la sociedad”.
Para Eduardo Backhoff Escudero, el modelo pedagógico planteado no es innovador, pues en el texto solamente se sustituyen algunos términos como “calidad” por “excelencia”. Además, la iniciativa no contempla los plazos para la elaboración de materiales didácticos y nuevos libros de texto.
La nueva LGE “concibe a la educación como un derecho y el medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de la Nación”. Mientras que en el texto vigente de la LGE se enlistan dieciséis fines de la educación, el artículo 15 de la versión propuesta por los diputados se limita a nueve. Algunos fines permanecen, como el fomento del amor a la Patria, el respeto a la dignidad humana y a la naturaleza, pero hay uno nuevo: “Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país”. En otro de los cambios propuestos, se plantea la creación de los artículos 139 y 140, los cuales obligan a los medios de comunicación a contribuir a dichos fines en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la SEP y las autoridades competentes. Estos postulados no tienen referente en la ley vigente, podrían calificarse como violatorios a la libertad de expresión y resultan inusitados dentro de una reforma educativa. Como sostiene Javier Tejado Dondé, esto es grave porque significa que el gobierno “calificará que la cobertura, información o los editoriales de todos los medios de comunicación se apeguen a la visión y ética gubernamental”.
A su vez, la iniciativa de los diputados contempla la recuperación de contenidos curriculares que habían sido eliminados de la educación básica, como civismo, historia, filosofía, geografía, música y educación sexual y reproductiva. El artículo 26 del proyecto establece que los programas educativos referentes a aspectos culturales, artísticos, históricos y literarios serán supervisados por la Secretaría de Cultura, mientras que los contenidos de salud sexual y estilo de vida saludable serán propuestos por la Secretaría de Salud.
Desde su campaña presidencial, López Obrador ha emprendido una cruzada por regresar el civismo a todas las aulas, no solo a las de los tres últimos grados de primaria y a las de secundaria. Es pertinente la pregunta que Ana Razo y Catherine Andrews hicieron en un texto publicado en este sitio: ¿qué tipo de educación cívica queremos fomentar en las escuelas? La publicación y distribución de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, a 75 años de su redacción, responde a una visión más cristiana de la educación cívica que a una que impulse la defensa de los derechos humanos. Esperar que su lectura o enseñanza influya en los estudiantes para modificar su conducta y convertirlos en mejores ciudadanos peca de ingenuidad. En su lugar, las investigadoras proponen que el Estado se enfoque en las prácticas docentes en el aula, un aspecto que la propuesta actual deja en el olvido.
Otra de las críticas que ha generado la nueva LGE es el papel protagónico que los sindicatos magisteriales han tenido en su elaboración. Tan solo el 19 de julio, el presidente afirmó que las leyes educativas no se aprobarán sin el consenso de los maestros. “Cómo vamos a imponer una reforma educativa sin que estén de acuerdo los maestros, nada de eso, ya se canceló lo que había y ahora es distinto, ahora es fortalecer la educación pública y que la educación no sea un privilegio, que sea un derecho de todo el pueblo”. Sin embargo, la postergación del análisis de la iniciativa en el Congreso podría deberse a las presiones del SNTE y la CNTE sobre los legisladores, pues sus integrantes no estaban conformes con todos los puntos de la propuesta. Cabe recordar que en febrero, el diputado federal por Morena, militante y exdirigente de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Irán Santiago Manuel, aseguró que 40 diputados federales apoyan su movimiento disidente, siendo 19 militantes directos o afiliados al sindicato.
Esta no sería la primera vez que se cede ante las exigencias de los sindicatos. El 27 de mayo, el presidente López Obrador acordó con la CNTE la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) para entregar los recursos destinados al mantenimiento y rehabilitación de las escuelas directamente a los maestros y padres de familia, a través de Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP). Pese a que en todos los estados, salvo en la Ciudad de México, las autoridades educativas estatales son las responsables de regular los criterios de infraestructura educativa en cuanto a higiene, seguridad, supervisión estructural y asesoría técnica, el INIFED es el organismo encargado de brindar los recursos para la reconstrucción y mantenimiento de planteles que conforman el programa Escuelas al Cien y de las instalaciones dañadas por los sismos del 2017, así como el responsable de capacitar a los docentes y autoridades en materia de supervisión y mantenimiento de infraestructura escolar. En el proyecto de LGE no se especifica la labor del INIFED, de tal manera que el gobierno federal se deslindaría de las tareas de seguridad de la infraestructura educativa, dejando a los CEAP la responsabilidad de la toma de decisiones y la gestión de los recursos.
Otro de los logros de los sindicatos es la eliminación de la evaluación magisterial que la administración anterior había implementado. La nueva LGE solo contempla la evaluación de planes y programas de estudio por parte de la SEP “con el fin de mantenerlos permanentemente actualizados y asegurar en sus contenidos la orientación integral para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación”. Pero sobre las funciones realizadas por el INEE que el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación tendría que asumir no hay ninguna información en el proyecto presentado por los diputados.
Por otra parte, el propio gobierno ha tomado decisiones que contradicen los objetivos que busca lograr con el nuevo modelo educativo. Un ejemplo de ello es la cancelación del programa de Estancias Infantiles, la cual atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y niños, como señaló la CNDH. El 1 de febrero de 2018, la SEP firmó un convenio con la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el DIF Nacional para que los niños inscritos en las estancias infantiles acreditaran el primer año de preescolar. Hasta el momento, ninguna de las instancias involucradas ha declarado qué pasará con dicho convenio, que ya había sido celebrado en 23 estados. Aunque la nueva LGE dicta la obligación del Estado de brindar educación desde el preescolar hasta la educación superior, esto no se concreta. Según Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, “al no atender la educación bajo una institución o un programa como es el de Estancias Infantiles, el gobierno se contradice y no solo eso, sino que discrimina y elimina el derecho a la igualdad y equidad”.
La oposición ha cuestionado las deficiencias técnicas de la iniciativa respaldada por el grupo parlamentario de Morena. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, denunció que en la discusión del proyecto no fueron tomadas en cuenta las inquietudes del grupo al que representa y que no entendían por qué se votaría una nueva LGE si la anterior no había sido derogada. El investigador Roberto Rodríguez Gómez coincide con este último punto. En la reforma aprobada el 15 de mayo no se estipula la creación de una nueva Ley General de Educación, por lo que el Congreso estaría emitiendo una ley general que carece de un mandato constitucional expreso.
En caso de aprobarse la iniciativa presentada la semana pasada, esta se turnará al Senado para su revisión y posteriormente se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el plazo constitucional vence el 12 de septiembre.
A pesar de algunos aspectos positivos de la nueva LGE, como el acceso a la educación a niñas, niños, migrantes, repatriados y desplazados y la obligación del Estado de gastar el equivalente al 8% del PIB a educación, y de este el 1% a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, el documento genera inquietudes respecto a la política educativa del Estado, pues carece de una adecuada regulación y de los lineamientos para cumplir con lo propuesto. De acuerdo con David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, “La ley no puede hacerse sin crítica y debate, sin pluralidad y con mera prisa. Es de ley ser democráticos y darle su lugar a los procesos, sin dejarse atropellar por la agenda política del Ejecutivo”. Visto de esta manera, la propuesta de la LGE luce como un documento hecho a la medida de los maestros y no de las necesidades de los alumnos.
Con investigación de Karla Sánchez.
