La sentencia sobre el caso de La Manada ha propiciado un gran debate social. En los últimos tiempos son varios los casos judiciales que han despertado polémica. Sin embargo, es posible que ninguno lo haya hecho como el de la violación múltiple sufrida por una joven de 18 años en unos Sanfermines. ¿Por qué? Propongo cuatro elementos para un cóctel socialmente explosivo:
- El factor pasional. No es novedoso. Hay ciertos crímenes que tienen la capacidad de despertar una gran indignación ciudadana. Aquellos que tienen por víctimas a menores de edad, así como los delitos sexuales cometidos contra mujeres, son especialmente proclives a desatar una reacción social iracunda. Estas respuestas suelen guiarse, por decirlo con Montesquieu, más por la “fogosidad” que por los “designios” de la masa. Por supuesto, se sustentan en unos hechos objetivos horrorosos que amparan la sensibilidad y la rabia, pero, por ello mismo, se manifiestan siempre al filo de la venganza.
Quien ha sido dotado para la empatía, quien puede conmoverse profundamente ante el dolor ajeno, tal vez carezca también del temple que exige la administración de la justicia. Es la razón por la que los tribunales son instituciones contramayoritarias que operan al margen del sentir de la calle. No quieran saber la justicia que impartiría yo, dejada a mis instintos, contra cualquiera que atentara como un bárbaro contra mi familia. Por eso entiendo el Poder Judicial como el mástil al que Ulises, prudentemente, se ató para resistir los cantos de sirena.
- La ola feminista. Es indudable que vivimos un tiempo protagonizado por las demandas de igualdad. Cabe preguntarse por el impacto político que pueda tener el movimiento feminista. Las estadísticas afirman que se trata de una reivindicación transversal: los electorados de todos los partidos se dicen concernidos por la necesidad de avanzar hacia una sociedad más igualitaria.
Este hecho, a priori, no parece posicionar el feminismo como un clivaje que pueda rendir grandes réditos electorales, salvo que, ignorando la composición de su electorado, algún partido decida posicionarse fuera del marco feminista, algo que parece estratégicamente poco sensato. El feminismo solo podría convertirse en un factor divisivo si alguna formación decidiera extremar sus reivindicaciones sobre este eje, arrastrando el marco para dejar fuera de él a otras opciones. No obstante, extremar una posición siempre implica un riesgo de pérdida de electores hacia el centro, quizá la razón por la que no hemos visto propuestas arriesgadas en el ámbito de género.
- El momento populista. El populismo busca la ruptura del sistema para proponer un nuevo orden constituyente. En España tenemos dos tipos de propuestas populistas: una de ámbito periférico y otra de ámbito nacional. Desde la periferia, el independentismo catalán persigue el debilitamiento institucional porque considera que ello le aproxima a su objetivo de conseguir un estado propio. Desde la competición nacional, Podemos enarbola un discurso de ruptura con el “régimen del 78” que exige una crisis sistémica.
No basta con la desafección política, es preciso que los ciudadanos dejen de percibir sus instituciones como legítimas para poder plantear un nuevo proceso constituyente (no en vano, el último libro del Instituto 25M, factoría de Podemos, se titula “Crisis constitucional e impulso constituyente”). Este objetivo se intentó con la defensa del derecho a decidir, tratando de aprovechar la crisis territorial que constituye el problema institucional más importante de España. Sin embargo, la estrategia salió mal, demostrando que en España existe una izquierda jacobina no desdeñable y que no es posible ofrecer un proyecto para el conjunto de la nación aliándose, a un tiempo, con el discurso soberanista que reta la unidad territorial. Por esta razón, el populismo ha buscado nuevos frentes de ruptura que puedan conducir al desprestigio institucional que requiere una crisis sistémica. Lo ha intentado con el feminismo, aunque cabe pensar que tampoco tendrá éxito en su empresa por dos motivos: por un lado, como hemos mencionado arriba, se trata de una reivindicación muy transversal que, lejos de morar en los márgenes del sistema, define a la sociedad española actual; por otro lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, despierta un notable rechazo entre el electorado femenino.
La sentencia sobre el caso de La Manada ha permitido al populismo buscar la crisis sistémica en el desprestigio del Poder Judicial, por la vía de la intersección entre el feminismo y la justicia, esto es, entre la reivindicación social más importante de nuestros días y la pasión que desatan los grandes crímenes. No es casualidad que estos días hayamos visto a destacados líderes del independentismo, así como a los principales representantes de Podemos, dirigir enconadas críticas y acusaciones de parcialidad contra la justicia española.
En todo caso, no podemos olvidar que si existen partidos populistas es porque una parte de la sociedad ha abrazado valores populistas (y al revés: la relación entre élites y votantes produce cierta endogeneidad). No pueden ignorarse los preocupantes mensajes que se han lanzado contra la judicatura en los últimos días, algunos de ellos provenientes de las más altas instancias del Estado, por poner el ejemplo de Rafael Catalá, cuyas declaraciones contra un magistrado son impropias de un ministro de Justicia.
En ocasiones puede ser difícil para quien ha de competir electoralmente contradecir una corriente social. Sin embargo, los líderes de altura son aquellos que tienen el arrojo de explicar posturas que quizá encuentren oposición popular. Son quienes, por medio de la argumentación, pueden guiar a la opinión pública, e incluso hacerla cambiar de parecer.
Todo ello conduce a una pregunta: ¿Puede la indignación desatada por el caso de La Manada convertirse en un factor de ruptura constitucional? Esta pregunta nos lleva al último punto del artículo.
- La razón reformista. Aunque en el debate en las calles y los medios de comunicación ha predominado el elemento pasional, de forma paralela y menos ruidosa al proceso se ha desarrollado un debate de pretensiones racionales y sosegadas, que no ha caído en el escarnio contra los jueces, que no ha aprovechado para devaluar todo el sistema judicial español, que no ha propuesto una justicia popular que sustituya a las instituciones contramayoritarias y que ha situado el foco en una reforma de la ley, de acuerdo con los cauces normativos establecidos, que permita resolver las dificultades de interpretación de los jueces en los casos de violación.
Aunque los debates racionales atraen una menor atención mediática, probablemente representen posturas mayoritarias en el seno de la sociedad. Por este motivo, volviendo a la pregunta de si podrá la indignación contra La Manada convertirse en un factor de ruptura constitucional, cabe esperar que la contradicción que ha despertado el conflicto se resuelva en una síntesis que se parezca más a una reforma ordenada, canalizada por la vía parlamentaria, que a un ascenso de las opciones políticas rupturistas. Así han de procurarlo al menos los partidos constitucionalistas, enarbolando un discurso responsable que se aleje de la demagogia, que no desacredite la actuación de los jueces y que renuncie a legislar en caliente.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
