La primera reforma estructural del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la educativa. Entre sus ejes se encontraban la evaluación docente con exámenes estandarizados y homogéneos, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sus objetivos eran aumentar la calidad educativa para obtener mejores resultados en pruebas internacionales, como PISA, incrementar la matrícula estudiantil y que el Estado recuperara la rectoría del sistema educativo. La reforma se promulgó en febrero del 2013 como parte del Pacto por México.
Andrés Manuel López Obrador se opuso a la reforma desde su promulgación. Durante la campaña presidencial prometió cancelar “la mal llamada Reforma Educativa” y detener “las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”. Ya en el poder, una de sus primeras acciones fue entregar una iniciativa para reformar los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución.
Si bien la iniciativa fue entregada en diciembre, las mesas de negociación y consultas se extendieron por varios meses. Además, los bloqueos efectuados por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro retrasaron las sesiones. A falta de un acuerdo en el legislativo, el presidente emitió un memorándum ordenando la cancelación de la reforma educativa, aunque se trataba de un recurso ilegal que violaba la autonomía de los poderes.
El 25 de abril, después de las negociaciones con la CNTE, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma educativa para continuar con su discusión en el Senado. El 30 de abril, el Senado aprobó en lo general la nueva reforma educativa con 95 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, no consiguió la mayoría calificada para los artículos reservados, por lo que se devolvió a la Cámara de Diputados para continuar su discusión. En tanto, el presidente López Obrador confía en que un “milagro” haga cambiar el parecer de la oposición para que su iniciativa sea aprobada en un periodo extraordinario de sesiones. Mientras eso sucede, su memorándum se mantiene vigente.
El dictamen devuelto a los diputados contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y su reemplazo con un organismo público descentralizado responsable de evaluar la calidad educativa del país, la obligatoriedad de la Educación Superior, la educación de excelencia e incluyente, una nueva Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y el derecho de los docentes a un sistema de formación actualizado y gratuito. En comparación con la reforma aprobada en el 2013, que estaba más interesada en el ámbito laboral de los docentes, el nuevo acuerdo educativo tiene en su centro al magisterio como “agente de transformación nacional”. Es decir que la permanencia laboral de los docentes no dependerá de sus resultados en las evaluaciones, las cuales ya no será homogéneas, sino de un enfoque regional y local.
Tras el freno en el Senado, Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, percibe un clima de incertidumbre sobre el marco educativo vigente que “mantiene la puerta abierta para mucha confusión y deja en el limbo a los niños y a los maestros”. A partir del 4 de mayo estaban planeados los concursos de oposición para la promoción a directivos de educación básica y nivel medio superior, pero ahora no se sabe qué ocurrirá con ellos. Según cifras de Mexicanos Primero, alrededor de 210 mil docentes se registraron para competir por alguna plaza. La suspensión de los concursos dejaría a los profesores a la mitad de un proceso y a las autoridades sin claridad de cómo hacer las contrataciones para el próximo ciclo escolar. El Dr. Raúl Romero Lara, coordinador de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señala que aunque se ha mencionado que habrá otro tipo de evaluaciones, aún no quedan claros los criterios para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente. De tal manera que “no es posible evaluar a un docente en aquellos criterios en los que no se está considerando brindarles alguna estrategia de mejora”.
El regreso del dictamen a la Cámara de Diputados es una oportunidad para mejorar algunos aspectos problemáticos, como el artículo 16 transitorio que abre la posibilidad para la venta de plazas magisteriales al dejar que el 50% sean ocupadas por los sindicatos, como denunció el senador del PAN Julen Rementería, los mecanismos de evaluación docente y la Ley General de Educación Superior para evitar que las Escuelas Normales permanezcan en el olvido y sin una estrategia específica. “Nos preocupa más que al volver el dictamen a la Cámara de Diputados se eliminen los procesos públicos y transparentes de ingreso y promoción docente, dejando en su lugar algo que podría representar un retroceso”, opina O’Donoghue.
A esta incertidumbre se suma la desaparición del INEE, el organismo público autónomo responsable de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional. De acuerdo con Romero, esto podría poner en peligro la información que se ha recuperado a lo largo de los años para la construcción de políticas públicas. “Si bien no hubo un avance consistente en materia de evaluación docente, también es de reconocerse que el INEE desarrolló estrategias locales de acercamiento con regiones de difícil acceso o no consideradas por las oficinas centrales de cada estado, por lo que recuperar este camino andado será muy importante para aprovechar los aciertos y revaluar las áreas en las que aún hace falta trabajar”. También es preciso determinar la manera en que operará el organismo que lo reemplace. En opinión de Romero, este tendría que enfocarse en la actualización docente, para después plantear una evaluación orientada en la mejora de la calidad educativa.
Uno de los aspectos positivos del dictamen es la reforma al artículo 3º Constitucional, que garantiza a las personas con discapacidad, de comunidades indígenas y en condiciones de vulnerabilidad el derecho a la educación. Es decir, todos los niños podrán estar en el mismo salón, sin importar si poseen alguna discapacidad física o intelectual o si son hablantes de alguna lengua originaria.
La exclusión es un problema multifactorial que no se limita solo a prácticas, sino que incluye actitudes, por ejemplo, la falta de infraestructura en la escuelas para atender a población con problemas motrices, los escasos planes educativos específicos y la discriminación. Los niños con discapacidad muestran los porcentajes más altos de inasistencia escolar en el país. Según el informe Niñas y niños fuera de la escuela. México, realizado por UNICEF en 2015, el 1.5% de los niños de 5 años con discapacidad no asistían a la escuela, 24.8% entre 6 y 11 años con discapacidad no cursaban la primaria y el 5.32% de los adolescentes con alguna discapacidad no estudiaban la secundaria.
Durante el sexenio de Peña Nieto, se desintegraron los grupos de atención especial que atendían principalmente a niños y jóvenes con discapacidad auditiva, visual o cognitiva. Para Romero, la atención en diferentes espacios no representa un intento por segregarlos, sino una oportunidad para brindarles una educación con profesores capacitados en lenguaje de señas, braille y estrategias de acuerdo a cada tipo de discapacidad. Lo que pierde de vista la nueva reforma educativa son los planes, el presupuesto y la capacitación que se requiere para lograr espacios educativos inclusivos. Como afirma O’Donoghue, “es obligación del Estado eliminar cualquier tipo de barreras para el aprendizaje y la participación. Plantearlo en la Constitución es un avance muy positivo, pero es clave lo que siga después”. A partir de la promulgación de la reforma, el Gobierno Federal contará con 180 días para presentar una estrategia nacional de inclusión educativa.
La atención de los medios de comunicación se ha concentrado en los conflictos con los sindicatos magisteriales y ha ignorado que hay un problema con el diseño de los materiales didácticos que pondría en riesgo el aprendizaje de millones de niños. Por primera vez en 60 años, el proceso de elaboración de libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar está retrasado y estos podrían no estar listos a tiempo. De no entregarse en agosto, los docentes, principalmente los egresados de Escuelas Normales, no contarían con las herramientas necesarias para sus clases. “Los libros de texto gratuitos otorgan un marco común de conocimiento a los niños mexicanos. Su importancia no es menor si se considera que para los alumnos en condiciones de vulnerabilidad son los únicos libros a los que tendrán acceso en sus primeros años en la escuela”, dice Romero. La nueva reforma debe contemplar la elaboración en tiempo y forma de contenidos de calidad, que sean útiles y relevantes en todas las disciplinas.
El reporte Aprender es más, realizado por Reduca, revela que los principales retos consisten en implementar un modelo educativo para la educación obligatoria en todo el país y lograr que todos los estudiantes, sin importar su nivel socioeconómico, género, ubicación geográfica y lengua materna, aprendan y participen en las escuelas. Para conseguir esto es necesario que las nuevas políticas educativas no pierdan de vista la importancia del diseño de esquemas más claros de evaluación docente y de aprendizaje orientados en la mejora y fortalecimiento de las prácticas educativas, así como la formación continua de los docentes de acuerdo a sus necesidades y a las de sus estudiantes. Si bien aún falta un trecho para que las propuestas educativas impulsadas por este gobierno se conviertan en las ideales, O’Donoghue considera que al menos son alcanzables y representan un avance considerable en los principios de obligatoriedad de la educación inicial, inclusión, interculturalidad y equidad. “Aunque continuarán los procesos de negociación política, todo parece indicar que sí se están considerando los derechos de los niños”.
Con investigación de Karla Sánchez.
