Defender a un político investigado por las autoridades es cometer un error de perspectiva. Su rectitud no forma parte de nuestras certezas; tampoco su mal proceder. Sus responsabilidades están fuera de nuestro alcance.
Sin embargo, el tablero en el que se le investiga, las piezas que se mueven y los objetivos del juego pueden estar a la vista y ser objeto de escrutinio. Es perfectamente posible juzgar el comportamiento del poderoso ante opositores sospechosos.
Esto es lo esencial: examinar el uso del poder, las formas en las que recurre a sus herramientas más temidas. ¿Cuáles? La fuerza, la cárcel, la amenaza, el acoso, el exilio y el ostracismo. La inocencia o la culpabilidad de quien ve sobre sí al poderoso no es irrelevante, pero para el análisis político es poco pertinente: un culpable puede ser simultáneamente víctima y culpable.
En México, esta simultaneidad ya ha sido constatada. Uno de los casos más bochornosos fue el de la aprehensión en 2014 de la maestra Elba Esther Gordillo, poderosa líder sindical a la que se mantuvo en prisión, sin sentencia, sin que se investigaran sus delitos, hasta 2018. Se usó el poder pero no se aplicó la justicia.
Este año, uno de los excandidatos presidenciales es señalado en una investigación de corrupción de alto nivel. Las acusaciones lo pueden llevar a la cárcel y acabar con sus anhelos políticos. ¿Se está usando el poder o se está haciendo justicia con alguien que merece ser castigado?
Aquí es donde hay que tener cuidado con la perspectiva. La pregunta no debe responderse con Anaya, sino con el tablero. La pregunta no se responde al conocer su culpabilidad o cerciorar su inocencia. La pregunta se responde al observar al poder.
La persecución política, como la agresión, tiene un abanico graduado. En un extremo, el de las dictaduras asesinas, están la desaparición física, la muerte y el encarcelamiento por ideas. En la otra punta podemos encontrar el acoso propagandístico, la obstaculización institucional al trabajo político, el ostracismo, la creación de tabús ideológicos. Lo que caracteriza a este abanico, de punta a punta, es el miedo de los individuos a ser señalados. En una tiranía, ese señalamiento precede a la muerte; en regímenes autoritarios no asesinos, viene antes de la infección social. El señalado por el poder pierde, de facto, su condición de ciudadano bien recibido. En ambos regímenes, el objetivo es acabar con la competencia, eliminar la pluralidad. Siempre funciona: descalificar a quien levanta la cabeza inhibe a las cabezas que vienen atrás.
¿Qué elementos hay hoy en México que nos indiquen la presencia de persecución política? No pocos. En el régimen actual, el gobierno federal usa selectivamente a la Fiscalía General de la República, que investiga a Anaya con toda razón, pues ha sido mencionado en un caso de corrupción, pero que no incorpora ni persigue a otros involucrados. Ahí hay un elemento: la investigación es selectiva.
¿Por qué? Porque Anaya es rentable.
El excandidato es un joven político que intenta abrirse camino en la opinión pública y que no ha logrado rebasar la frontera del potencial, pero que encarna al heredero de una clase política desterrada y a una clase social abominada en el discurso presidencial. George Orwell lo hubiera puesto sin dudar en el programa de los dos minutos de odio que ejercitaban los ciudadanos de su novela contra el villano seleccionado cada día por el poder.
Anaya es un buen blanco y lo corroboró el presidente en su diario espectáculo con altavoz: al tocar el tema de su presunto soborno, el mandatario dijo que Anaya es discípulo de los neoliberales. Ojo, aquí ya no se está hablando de cohecho. El presidente identificó a un presunto culpable con toda una clase política y con ello mandó una sentencia doble: Anaya es malo porque es neoliberal y los neoliberales son malos porque son lo mismo que el sospechoso de soborno. Eso genera una infección social.
El contexto en el que esto se inserta aporta más elementos para observar persecución política y generación de miedo entre los opositores. Cada semana, desde que llegó a la presidencia y encendió el altavoz, López Obrador señala a periodistas, a empresarios, intelectuales y políticos como responsables de la depravación moral que impide que México sea grande. Esto genera miedo.
A los ciudadanos incluso se les ha pedido poner en el mural de los villanos a los expresidentes. Eso y no otra cosa fue la consulta para preguntar si había que investigar el pasado.
El caso de Anaya no es aislado. En octubre de 2019, Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y acto seguido el presidente confirmó en su conferencia matutina que al ministro se le investigaba por “movimientos millonarios inusuales” en sus cuentas bancarias. Después no sucedió nada. Ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni Hacienda ni la FGR han vuelto a presentar avances de la investigación y nadie sabe si había desviado recursos o no, si era culpable, si debía ser juzgado o si podía buscar una reparación del daño por difamación. Su lugar en la Corte quedó libre para alguien afín al nuevo gobierno federal y nadie lo juzgó. El tablero político funcionó; el de la justicia no.
Hay más casos. La periodista Peniley Ramírez reveló en junio de 2021 una investigación en curso de la Unidad de Inteligencia Financiera contra consejeros electorales, esos que en muchas ocasiones han sido señalados por el presidente como cómplices del pasado. El periodo electoral pasó y no hubo resultados de esas indagatorias.
El poder, el de hoy como el de ayer, usa sus acusaciones para amedrentar a los incómodos o para mandar señales a los peces gordos. Eso es persecución política y no necesita derivar en la muerte o en el encarcelamiento para denominarse así. Tampoco es indispensable que el perseguido sea inocente. Basta con que sea rentable porque genere miedo, y que sea evidente que la investigación es selectiva.
La persecución política ya no es lo que era, pero sigue aquí y su impacto en el sistema político es igual de dañino. Más aun: su toxicidad se potencia si no se le identifica.
es politóloga y analista.
