Ignacio Sánchez-Cuenca ha escrito una columna en El País relativa al “nacionalismo primario” de las derechas españolas. Esta afirmación podría valer para hoy, 9 de enero, pero también para el pasado 15 de noviembre o el 28 de noviembre, donde dice que la oposición a la amnistía se basa en el orgullo herido de unas derechas incapaces de entender la plurinacionalidad del Estado español, y disfrazando de defensa de la democracia lo que es una oposición a una visión diferente de España.
Ha de reconocérsele a Sánchez-Cuenca que critica tanto el oportunismo del PSOE como la posibilidad de oponerse a la amnistía en términos políticos, dado que podemos considerar que violenta ciertos principios. Sin embargo, arguye, que “el legislativo apruebe una ley orgánica de amnistía no es una ofensa a la democracia. La constitucionalidad de esta ley, como la de cualquier otra, podrá someterse a la consideración del Tribunal Constitucional”. A diferencia de lo que opina, textualmente, “una legión de editorialistas, columnistas, expertos en Derecho Constitucional y demás opinadores”, él no ve problema alguno, desde lo democrático, en la amnistía o las comisiones de investigación a los jueces por el llamado lawfare.
Creo que, a lo largo de estas columnas, Sánchez-Cuenca hace una serie de trampas. O, al menos, no reconoce explícitamente que su modelo de democracia no es el mismo que sostiene un defensor de la democracia liberal. En un artículo de 2016 alababa la solidez de la democracia británica por el referéndum del Brexit, frente al “marasmo tecnocrático y liberal” en que ha devenido la UE. Misma postura sostenida en 2020, diciendo que era una expresión del “funcionamiento de la democracia”. Y es cierto: tanto la ley de amnistía como el referéndum del Brexit son decisiones democráticas, sea por vía representativa o directa. Lo que pasa es que lo que está en juego aquí no es la parte “democrática”, sino la parte “liberal” de nuestro sistema político.
Esa es la primera de las trampas argumentales que me gustaría señalar. Por supuesto que la Ley es perfectamente válida desde el punto de vista democrático, igual que investigar a los jueces, aunque podríamos argüir que son acciones totalmente contrarias a lo prometido, y votado, en campaña, resultando en una suerte de engaño al votante. Pero, en ambos casos, lo que se pone en riesgo son principios básicos liberales, tal y como son la separación de poderes o la igualdad ante la ley. La aprobación de una amnistía para continuar en el Gobierno toma como principio que los delitos lo serán menos si el que los comete tiene poder político, y que pueden borrarse si tal poder es necesario para que lo use otro actor. Siguiendo la idea liberal, Rawls escribía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”, y esta ley, desde luego, no parece ser justa.
La concepción democrática de Sánchez-Cuenca es, por tanto, de una democracia más plebiscitaria y menos preocupada por los contrapesos que constriñen la acción gubernamental. Es una postura legítima, aunque cabría preguntarse cuál sería su opinión si un hipotético gobierno PP-Vox aprobara una reforma constitucional, por los cauces establecidos, para eliminar las autonomías o, como sugería Víctor Lapuente en un experimento mental también en El País, una amnistía para políticos que cometieran un delito y cuyos votos necesitaran. Mi sospecha es que no le gustaría, y de esa sospecha, y de la necesidad de preservar unas reglas de juego que destierren la arbitrariedad, protejan a las minorías y garanticen la igualdad ante la ley surge la democracia liberal que, hasta ahora, ha sido el instrumento más eficaz para mantener a raya los terrores que suele traer el iliberalismo.
La segunda trampa que hace es agrupar a toda la oposición a la amnistía bajo la bandera de los más radicales. Vox ha sido un ejemplo palmario de un partido que amenaza la democracia liberal y cuyas declaraciones y actos deben ser condenados. Desde decir que el pueblo “querrá colgar por los pies” a Sánchez hasta la llamada de Revuelta, vinculada al partido, a la manifestación de Nochevieja en la que se apaleó una piñata con su cara en Ferraz. Pero el Partido Popular ha condenado ambas cosas y reconocido la legitimidad del Gobierno, a pesar de los lamentos de Feijoo por no haber podido formar su Ejecutivo. De la misma manera, en el Parlamento Europeo Ciudadanos dio total legitimidad al Gobierno, y condenó cualquier acto en contra de esa consideración. A la amnistía, desde el punto de vista de su amenaza al componente liberal de nuestras democracias, también se han opuesto personas de diversas ideas, incluyendo, recientemente, a gente nada sospechosa de ser “nacionalistas reaccionarios” como Javier Cercas o Tomás de la Quadra Salcedo.
La tercera trampa va relacionada con esta segunda, y es con la que inicia este último artículo: la presunta llamada a la ilegalización de partidos independentistas. Esta, de nuevo, es una propuesta de Vox, no de un PP que pretende tipificar como delito y causa de disolución “la convocatoria de referéndums ilegales”. Esto sería un paso más en la conversión de España en una “democracia militante” (según Josu de Miguel, ya estamos en una) y una postura a la que me opongo por diversas razones (entre otras: ¿por qué esos delitos en concreto y no otros que hayan podido cometer otras formaciones, incluyendo el PP?), pero no es una llamada a la ilegalización de las fuerzas independentistas. Se trata, en todo caso, de un nuevo paso adelante en la espiral de populismo penal por la cual se endurecen penas a conveniencia de la última noticia, se eliminan delitos en función del apoyo político necesario y se apuesta, incluso desde la izquierda, por el endurecimiento penal en lugar de poner el foco en aspectos como la rehabilitación.
Estas tres trampas, en conjunto, contribuyen a crear un hombre de paja frente al que Ignacio Sánchez-Cuenca alza su espada. Es evidente que existen elementos de nacionalismo español herido en algunas posturas opuestas a la amnistía. Y es evidente que Vox, y muchos grupos radicales, tienen propuestas y declaraciones que amenazan nuestra democracia. Pero no son los representantes de la oposición a la amnistía. De la misma manera, es evidente que la concepción de Sánchez-Cuenca sobre la democracia es una más popular que liberal, donde las mayorías tienen menos cortapisas frente a las minorías y la propia aprobación de una ley, sin importar su contenido, es democrática.
A esta concepción es a lo que debemos oponernos. Desde esta óptica más plebiscitaria cualquier reforma de Orban o las leyes de desconexión del Parlament en 2017 (Criticadas por otro reaccionario como Coscubiela) serían perfectamente democráticas. Lo mismo pasaría con retrocesos en materia de derechos LGTBI o de las mujeres, siempre y cuando los aprobara una mayoría suficiente en las Cortes. Es evidente que la democracia es la voluntad de las mayorías, pero sin contrapesos a la acción del poder, protección de las minorías y sin entender que una ley perfectamente democrática puede dañar el andamiaje liberal de nuestras democracias, damos pasos decididos hacia el iliberalismo. Y allí donde la voluntad de la mayoría reina suprema, el individuo, y sus derechos, valen mucho menos. Por respeto a la democracia liberal, a la virtud cívica y a los derechos del individuo, no caigamos en la trampa.
Tirso Virgós es responsable de programas políticos en Ciudadanos y profesor asociado en la Universidad Carlos III.
