¿Por qué el proyecto de ley orgánica de amnistía ha generado tanto rechazo en los partidos y medios de la derecha y en buena parte de la opinión pública? Según lo veo, se debe no a que la amnistía suponga una violación de los principios democrático-constitucionales, sino a un nacionalismo español que, con motivo del conflicto catalán de 2017, considera que, ante una crisis territorial, la solución debe ser penal y represiva.
Tirso Virgós, en un artículo de respuesta a otro mío publicado en El País, piensa que no llevo razón, que la causa del rechazo a la amnistía reside en la ruptura de ciertos principios políticos que están en la base de la democracia liberal. Admite que hay ciertas opiniones sobre la amnistía que podrían estar relacionadas con el nacionalismo español, pero considera que son minoritarias y corresponden a la extrema derecha únicamente. Quisiera utilizar el espacio que me brinda Letras Libres para aclarar las razones por las que sigo creyendo que, en el fondo, lo que está en juego en torno al debate sobre la amnistía es una cierta concepción sobre España y no sobre la democracia. No iré punto por punto, desgranando mis desacuerdos con los argumentos que plantea Virgós. Él dice que hago “trampas” (tres, para ser más preciso), pero pienso que simplemente estamos en desacuerdo. Paso de largo también por la cuestión, que no creo que sea interesante para los lectores, de si defiendo una concepción liberal o iliberal de la democracia, asunto sobre el que he escrito algunos trabajos más extensos.
Vayamos, pues, al grano. La amnistía, como los indultos, forma parte del derecho de gracia. Algunas constituciones liberales, como la francesa, la italiana o la portuguesa, reconocen explícitamente la amnistía como parte de su ordenamiento legal. Asimismo, algunas democracias, incluyendo la española y la italiana, se fundan sobre amnistías: la del 1977 en España (simbólicamente, la primera ley de nuestra democracia) y la de 1946 en Italia (que promovió el ministro comunista Palmiro Togliatti para perdonar a los fascistas). La amnistía española de 1977 es preconstitucional, pero los jueces, sistemáticamente, la han considerado válida ante los intentos varios de juzgar a responsables de crímenes políticos cometidos durante la dictadura franquista. En España, además de la amnistía de 1977, se dio un trato especial para librar de juicio y cárcel a miembros de ETA política-militar, algunos con delitos de sangre (aquello fue iniciativa de UCD en los años 1980-82 y contó con el apoyo de todos los partidos políticos, incluyendo Alianza Popular). Además, en nuestro país, como en casi todas las democracias europeas, el poder Ejecutivo ha hecho uso frecuente del derecho de gracia para indultar a personas condenadas (según el Indultómetro de Civio, se han concedido más de 10.000 indultos desde 1996, con un pico de 1.744 en el año 2000, con José María Aznar como presidente del Gobierno).
No parece correcto, por tanto, considerar que la amnistía sea incompatible con la democracia liberal cuando hay democracias indiscutiblemente liberales que la incluyen en su ordenamiento legal y que la han aplicado en casos diversos. En un sentido estricto, el derecho de gracia (ya sea en forma de indulto o de amnistía) rompe el principio de igualdad ante la ley. Ahora bien, en ese mismo sentido estricto, también la excepción monárquica o la existencia de tribunales especiales o el aforamiento de diversas autoridades son violaciones del principio de igualdad. En general, los principios constitutivos de las democracias liberales no suelen ser absolutos o irrestrictos. Ni siquiera lo son los derechos fundamentales, pues, en momentos muy especiales, se puede declarar un estado de excepción, de alarma o de sitio que restrinja dichos derechos o incluso los suspenda.
Las amnistías se aprueban para dejar atrás un pasado político incómodo. Se trata de una medida ciertamente excepcional, que encuentra justificación en un cambio de régimen, tras un golpe de Estado fallido, cuando se supera un conflicto armado o ante cualquier otra crisis del sistema político. Es la naturaleza excepcional y sistémica de los hechos amnistiados lo que justifica una medida de este calibre.
Aunque se reconozca que la amnistía cabe en una democracia liberal, puede argumentarse que una amnistía en concreto, aplicada a cierto grupo de personas, resulta injusta. Virgós, desde luego, considera que la amnistía a los independentistas catalanes es injusta. Ahora bien, que se perciba como injusta no significa en absoluto que sea antidemócratica o iliberal.
La cuestión de si la amnistía es injusta depende de los ideales de justicia de cada uno y de cómo se entienda lo que sucedió en Cataluña. Es materia de disputa ideológica. Por eso, cuando las derechas arremeten contra el Gobierno por la ley de amnistía alegando una traición a los principios democráticos, cuando Alberto Núñez Feijoo dice que la amnistía es “un atraco a la democracia” o Isabel Díaz Ayuso afirma que es “un abuso de poder”, cuando piden protección y ayuda a las instituciones europeas, están disfrazando su disgusto ideológico con los ropajes de la retórica democrática.
El origen de ese disgusto ideológico se encuentra en lo que las derechas piensan que sucedió en España en otoño de 2017: un golpe de Estado cometido por los líderes del independentismo catalán. En múltiples ocasiones he defendido que es un error hablar de “golpe de Estado” para referirse a aquello. Los golpes de Estado no se anuncian, ni son fruto de la actividad parlamentaria, y requieren el uso de la violencia o la amenaza de la misma; su objetivo no es la separación de un territorio, sino la toma del poder o la permanencia en el mismo al margen de las reglas vigentes. Nada de esto ocurrió en Cataluña. Hubo un choque entre instituciones y un conflicto de legitimidades, así como una desobediencia clara de las decisiones del Tribunal Constitucional (y también “guerra sucia” desde el Ministerio de Interior con la connivencia de medios de comunicación y ciertos jueces). Siendo todo ello de extrema gravedad, no fue un golpe de Estado ni una rebelión violenta ni un alzamiento tumultuario. Fue una crisis constitucional de complicada génesis en la que una parte del Estado quiso sustraerse del orden constitucional y fundar una república catalana.
Quienes no reconocen la existencia de una crisis constitucional no tienen razones para apoyar la amnistía. Piensan que hubo unos delitos y que se juzgó y condenó a sus autores. Y punto, como se dice a veces. Igual que cuando se detiene y encarcela, por ejemplo, a los miembros de una banda de narcotraficantes. Ahora bien, muchas personas ven el problema de otra manera, considerando que se produjo una crisis constitucional y que esta fue el resultado último de un conflicto sobre el “demos” español. Dicho conflicto desencajó el orden territorial de nuestro sistema político. Y la mejor manera de encajar las piezas de nuevo pasa por aprobar una amnistía que supere lo que fue un enfrentamiento intransigente entre las dos partes, con unos líderes independentistas que se negaron a cumplir la Constitución y un Estado que quiso resolver el problema mediante el Código Penal.
Quien, desde posiciones nacionalistas españolas, cree que en España solo hay una nación, que nuestro país es mononacional, no puede entender la necesidad de una amnistía cuyo fin es el acomodo de las diversas comunidades nacionales que componen el Estado. Desde dicho nacionalismo, la amnistía se entiende como una desautorización de la estrategia seguida por el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. Quien mejor lo ha expresado ha sido Isabel Díaz Ayuso: en su opinión, lo que ha hecho Pedro Sánchez es “traicionar a la nación”. Sus palabras muestran que el desacuerdo de fondo es nacional, no liberal.
