El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó los Índices de Competitividad Estatal y Urbana 2018, los cuales analizan la calidad de los servicios públicos y el desempeño de los funcionarios con el propósito de que los ciudadanos cuenten con datos confiables para exigir mejores resultados. En momentos en que nuevas administraciones inician labores en seis entidades –Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Puebla y Tabasco– esta información resulta relevante para dimensionar los desafíos a los que se enfrentarán los gobernantes y los recién creados “superdelegados”.
Para el IMCO, la competitividad consiste en la capacidad para generar, atraer y retener el talento y la inversión a nivel nacional y local. Esta depende de varios factores, como el respeto a los derechos humanos; el acceso a servicios de salud, educación, vivienda y medio ambiente; la infraestructura y la seguridad. El gobierno federal y los gobiernos locales se distribuyen estas tareas, pero la falta de claridad constitucional sobre sus funciones provoca que los ciudadanos no sepan ante qué organismo hacer una petición o levantar una denuncia. Los funcionarios tampoco tienen claras sus atribuciones, lo que genera un deslinde de responsabilidades y redunda en insatisfacción ciudadana.
La Constitución establece 17 funciones de los municipios, entre ellas el suministro de agua y energía eléctrica, el alcantarillado, la recolección de residuos y el mantenimiento de parques, calles y avenidas. Hay casos en los que los congresos locales atribuyen otras funciones a los ayuntamientos, multiplicando sus tareas sin necesariamente aumentar los recursos que pueden destinar a su cumplimiento. Tal es el caso del municipio de Durango, el cual tiene un total de 34 responsabilidades, frente a otros municipios como Chilpancingo que solo tienen las 17 que menciona la Carta Magna.
En contraste con la atención que reciben las acciones del gobierno federal, el actuar de los gobiernos locales pasa desapercibido y esto deja espacio a la impunidad y corrupción. Según cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, solo el 23.7% de los mexicanos está satisfecho con la calidad de los servicios públicos que recibe y el 35.9% con el desempeño de la policía local. Además, esta encuesta reveló que es en los trámites municipales donde ocurren las mayores prácticas de corrupción . Esta percepción ha desmotivado a la ciudadanía para participar en la toma de decisiones locales, a pesar de que se trata del nivel más básico de gobierno, cuyas acciones repercuten en sus vidas de manera inmediata.
Esta semana, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, entre otras cosas, propone la creación de la Secretaría de Bienestar y de las figuras que servirán como intermediarios entre los gobiernos locales y el gobierno federal: los delegados de los Programas Integrales de Desarrollo, conocidos como “superdelegados”, que se dedicarán a atender a los ciudadanos, coordinar e implementar los programas federales en los estados y municipios y supervisar la prestación de servicios y trámites de las dependencias federales. En la propuesta presentada por el Senado se lee: “Tales unidades tienen por función verificar las acciones estratégicas en materias prioritarias, y llevar a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias y entidades federales, en las entidades federativas”. Bajo el argumento de la simplificación administrativa, los nuevos “superdelegados” absorberán las tareas de los funcionarios de las 2,300 oficinas de delegaciones, subdelegaciones y dependencias gubernamentales estatales que actualmente ejercen 5,300 atribuciones, y le responderán a un Coordinador General de Programas para el Desarrollo, que se encontrará bajo el mando directo del Ejecutivo. La “verificación de las funciones de las dependencias y entidades federales en el plano local” es su principal objetivo.
Más allá de los cambios en la jerarquía de la administración pública, Juan Pardinas, director del IMCO, considera que el cambio más importante sería transparentar a nivel nacional los padrones de los beneficiarios de programas sociales, ya que muchas veces se tiene el mismo programa social federal a nivel estatal y municipal, lo que se traduce en el uso ocioso de recursos que no contribuye a la solución de los problemas. “El contar con un padrón único permitiría saber a quiénes se les dan los recursos, en qué se están utilizando y cuáles son las necesidades de la población. En ese aspecto, cierto nivel de centralización de la gestión podría ayudar a encontrar esas áreas de oportunidad. Sin embargo, ningún gobierno ha querido transparentar estos padrones porque implicaría una pérdida de control político”, aseguró.
La creación de los coordinadores estatales ha generado críticas porque podría interpretarse como una violación al pacto federal y un deseo de centralizar el poder en una sola figura. Pardinas lo ve como “una especie de atentado al federalismo mexicano” debido al perfil de los futuros delegados. Muchos fueron contendientes políticos de los gobernadores en las pasadas elecciones o pertenecen a Morena, el partido que tiene mayoría en varios congresos locales, y por ello, dice Pardinas, “me parece que es una medida de concentración de poder en la federación y de restarle poder a los gobiernos estatales”.
No está del todo claro de qué manera los “superdelegados” se van a involucrar en la administración local, cuáles serán los límites de interferencia del gobierno federal y hasta dónde podrán intervenir los alcaldes y gobernadores en sus propios territorios. Uno de los riesgos es que, como se ha visto en los ayuntamientos, la cantidad de atribuciones sobrepase a los coordinadores y sean incapaces de atender todas las solicitudes de la ciudadanía, con lo cual, lejos de simplificar los procesos burocráticos, los complicarían. Además, no contar con una delimitación de funciones podría provocar vacíos al momento de asumir responsabilidades, lo que ultimadamente dejará a los ciudadanos sin claridad.
Para un óptimo desarrollo de las comunidades, considera Pardinas, es importante tener funcionarios y autoridades capacitadas para cumplir con las múltiples funciones y responsabilidades que sus puestos implican. Esto se podría solucionar con la implementación de un servicio civil de carrera en áreas técnicas de administración pública municipal, por ejemplo finanzas, manejo de sistemas de agua y manejo de recursos sólidos. Siempre según Pardinas, para solucionar los problemas de las comunidades “se necesitan profesionistas, experiencia, visión de largo plazo. Sin un servicio civil de carrera los profesionistas y técnicos están a merced de los ciclos políticos y cambian con cada administración”. Mientras mejor preparados estén los funcionarios del nivel de gobierno más inmediato a la gente, tendrán más herramientas para enfrentarse a los retos. A partir de la reforma electoral del 2014, ahora es posible que los presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales se reelijan, lo que permite a los ciudadanos castigar o premiar su desempeño. Pero para que esto funcione de manera efectiva es necesario que los ciudadanos estén informados y se involucren en la vida política de sus comunidades.
Como muestran los informes del IMCO, muchos de los problemas del país tienen su origen en el mal manejo de los gobiernos locales. Estas administraciones no deben limitarse únicamente a garantizar los servicios básicos, sino a la gestión de políticas que fomenten la competitividad, una tarea que no es exclusiva del gobierno federal. Todos los niveles de gobierno en conjunto con el sector privado y con organismos de la sociedad civil tendrían que trabajar para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.
