A finales del mes pasado, un grupo de migrantes en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco, incendió colchones en protesta por las condiciones en las que se encontraban detenidos, ante la pandemia de covid-19: hacinamiento, imposibilidad de establecer medidas preventivas como el distanciamiento social y la sanitización, falta de servicios médicos e información, así como periodos de confinamiento potencialmente indefinidos. Un migrante originario de Guatemala murió como consecuencia de la inhalación del humo, y otros 14 resultaron heridos.
A esa protesta siguieron otras similares en otros centros de detención del país, todas en respuesta a la falta de atención médica y otros servicios básicos. Como lo mencionó Médicos Sin Fronteras en un boletín de prensa reciente, centros de detención migratoria como el de Tenosique son “caldos de cultivo para la propagación de epidemias como el covid-19”. Como consecuencia, albergues, universidades y otras organizaciones de México y de otras partes del mundo han exigido al gobierno mexicano que libere a los migrantes de los centros de detención y los apoye para su regreso voluntario a sus lugares de origen, en caso de así decidirlo (proceso complicado debido al cierre de fronteras). Lo mismo se está exigiendo en Estados Unidos, en donde los promotores de esta causa piden al gobierno que “cierre las prisiones migratorias” con el fin de salvar vidas humanas y proteger la salud pública.
Sin embargo, los centros de detención no son los únicos lugares en donde los migrantes enfrentan un elevado riesgo ante el covid-19. En un reporte tras otro se ha descrito la amenaza que la pandemia implica para los migrantes, en espacial para quienes se encuentran en los campos fronterizos improvisados. La situación se complica por la falta de capacidad, particularmente debido al programa “Quédate en México”, implementado por la administración de Trump y el rápido procesamiento de los migrantes que cruzan las puntos de ingreso a Estados Unidos (incluyendo a aquellos que buscan asilo).
Esta dinámica se da no solo en México y Estados Unidos, sino en todo el mundo. En un artículo publicado el 6 de abril, el Foro Económico Mundial advirtió que la pandemia se encuentra “a punto de exacerbar las vulnerabilidades de 272 millones de migrantes internacionales en todo el mundo”. Específicamente, el Foro resaltó el impacto de políticas gubernamentales como las restricciones en los cruces fronterizos, la suspensión de los viajes para reasentamiento, así como el retraso en los trámites migratorios y programas de asistencia. Esos problemas se exacerbaron con las condiciones sociales, como la extendida desconfianza y desinformación, la falta de acceso a atención médica y recursos para aplicar medidas preventivas, así como el hacinamiento en espacios habitacionales inseguros.
Es por esto que los refugios de migrantes enfrentan un gran dilema: seguir abiertos y atender a las personas que ahora los necesitan más que nunca, o cerrar sus puertas para proteger a quienes ya se encuentran en ellos.
Hablé con responsables de tres albergues –del norte, centro y sur de México– acerca de la forma en que están respondiendo a la pandemia y sus preocupaciones acerca del futuro. (Debido a que cada refugio enfrenta una situación en constante cambio, es posible que algunas cifras de población se hayan modificado desde que sostuvimos esas conversaciones.)
Tenosique
La 72, un refugio en el sureste de México, cerca de la frontera con Guatemala, ha recibo a cerca de 75 mil migrantes durante sus nueve años de historia. La reciente y difícil decisión de entrar en cuarentena fue inédita para Ramón Márquez, el director de La 72, y su equipo. La cuarentena implica que los residentes que han decidido permanecer en el refugio solo pueden salir y reingresar en circunstancias extremas, como la necesidad de atención médica o un proceso migratorio.
Sin embargo, el refugio sigue con las puertas abiertas para los nuevos residentes, con ciertas condiciones. “Decidimos que se necesitaba un espacio específico para el aislamiento… para las personas que continuaban llegando de la ruta migratoria y quisieran quedarse en La 72”, explicó Márquez. En este sitio se han equipado cinco espacios independientes para aislar a los nuevos residentes por un periodo de dos semanas, así como a cualquiera que presente síntomas de covid-19.
El refugio, que actualmente alberga a 120 personas, también está reforzando procedimientos para supervisión de la salud, poniendo a las personas en contacto con especialistas de salud física y mental, garantizando el acceso a recursos preventivos, coordinando tareas y talleres de salud, incrementando la desinfección de espacios comunes y asegurando que las personas tengan acceso a la información. (La 72 trabaja en colaboración con Médicos Sin Fronteras para proporcionar acceso a servicios de salud.)
“Estamos tratando de manejar esta situación creando conciencia, no infundiendo miedo”, afirmó Márquez.
Debido a la pandemia, el refugio perdió seis o siete voluntarios temporales, quienes tuvieron que regresar a su hogar. Hasta ahora solo han llegado dos voluntarios, quienes pasaron por un periodo de aislamiento. Por lo general, el albergue cuenta con un mínimo de diez voluntarios, más un personal de base de siete integrantes. Este personal se ha dividido en tres equipos, cada uno de los cuales trabaja en turnos de 24 horas. Entre los turnos, el personal puede dejar el refugio para ir a sus hogares –y con frecuencia debe salir, refugio para ocuparse de asuntos como comprar nuevos suministros– pero tratan de limitar sus movimientos en lo posible y seguir los lineamientos de desinfección a su reingreso.
En La 72 también se ha visto que la pandemia ha reducido de forma significativa el número de nuevos migrantes. “[Normalmente] para esta época del año estaríamos recibiendo un promedio de 50 o 70 personas al día, y las últimas semanas prácticamente no hemos recibido a nadie”, reconoció Márquez. Así que, por ahora, su principal preocupación son los migrantes en los centros de detención de todo el país, cuya precaria situación recientemente quedó en evidencia con el motín en el centro de detención de Tenosique.
Para las personas que están en casa interesados en ayudar, Márquez recomendó concentrarse en “lo que está sucediendo en nuestras propias comunidades”, reconociendo que la migración es una cadena interconectada y que lo local desemboca en lo global (por ejemplo, cuánto dinero puede alguien ganar para enviar a su comunidad).
Ciudad de México
Cuando la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAMEFIN), un refugio de migrantes de la Ciudad de México, decidió entrar en cuarentena a finales de marzo, había “76 personas albergadas en él, entre ellos recién nacidos, niños menores de cinco años, y algunas personas de mayor edad con padecimientos clínicos”, explica Omar Ortega, coordinador del área de Enlace y Formación interna de CAFEMIN. “Estas personas son minoría, pero son quienes están en mayor riesgo.”
La decisión del albergue de cerrar sus puertas fue motivada por el deseo de proteger a las personas vulnerables de su población, pero implicó que aquellos residentes que tienen empleos fuera del refugio tuvieran que dejar de trabajar (tienen ocupaciones en restaurantes, seguridad privada, limpieza, trabajo administrativo, o similares, en donde “si estás, te pagan, y si no, no”).
Ahora los únicos que pueden entrar y salir son los diez miembros del personal y cinco monjas. Siempre que es posible, con el fin de limitar la exposición, se han dividido en turnos, de tal modo que un miembro del personal permanece en el refugio una semana completa antes de cambiar turno con otro empleado. (Debido al riesgo personal, algunos miembros del personal han dejado de asistir al refugio. Otros solo van un par de días a la semana porque deben cumplir obligaciones familiares.) En cualquier día hay cerca de cinco personas laborando, siendo dos de ellas las que se encuentran en turno semanal, explicó Ortega.
Desde el inicio de la cuarentena la población del refugio se ha reducido a 55 personas, a decir de Ortega. Algunas personas se fueron como parte de sus procesos migratorios (por ejemplo, una familia se reubicó en Canadá) y CAFEMIN ha ayudado a algunos residentes a encontrar vivienda fuera del refugio, para que pudieran seguir trabajando.
El refugio ha hecho su mejor esfuerzo para mantener a los residentes informados e integrados, pero la situación es frágil. “Tratamos de evitar el pánico masivo entre las personas asiladas porque eso podría ser una bomba de tiempo”, explica Ortega. “Nuestro mejor aliado para lograrlo es que los residentes que están en comunicación con sus redes inmediatas han visto la realidad de otros lugares”. Al hablar con personas de sus países de origen o de lugares como Estados Unidos, los residentes han conocido de primera mano la gravedad de la pandemia y las medidas que se han tomado en otros lugares para contenerla.
Para Ortega, una gran preocupación es la situación de los migrantes que se quedan afuera de los albergues cerrados, y que ahora se ven obligados a vivir en la calle: un problema que ya existía antes de la pandemia.
Tijuana
El refugio Casa del Migrante en Tijuana decidió, a finales de marzo, reducir su capacidad máxima de 160 residentes a solo 80 y, posteriormente, después de las restricciones nacionales al tamaño de las reuniones, a 50 ocupantes. (Actualmente tienen menos de 50.) Con el fin de limitar la exposición, los asilados existentes permanecen en el interior, explica Pat Murphy, director del refugio. La única excepción a esta regla es para los 17 residentes que tienen un empleo, quienes cuentan con un permiso para salir del albergue a trabajar (con medidas estrictas de sanitización a su regreso).
En las últimas semanas el albergue también contrató a un doctor, que trabaja de cuatro a cinco horas diarias, cinco días de la semana. El doctor atiende a los residentes actuales y les da pláticas sobre salud preventiva, además de encargarse de examinar a las personas que llegan al refugio, determinando si es seguro admitirlas. Sin embargo, cuando platicamos, Murphy me comentó que son muy pocas las personas que han solicitado admisión al albergue hasta ahora, solo dos o tres en los diez días anteriores.
El refugio cuenta con un personal de 22 integrantes, de los cuales 16 están trabajando desde su hogar. Los otros seis –cuyos trabajos consisten en lavandería o compra de insumos, por lo que no pueden trabajar desde su hogar– están asistiendo en un horario reducido. (Cinco voluntarios de tiempo completo también continúan colaborando con Murphy para el albergue.)
“Simplemente no puedo mandar a todos a casa. Alguien tiene que presentarse a trabajar con la gente”, reconoce Murphy, quien ha estado tratando de limitar su contacto en las áreas comunes del complejo, ya que, al tener 68 años de edad y padecer diabetes, es particularmente vulnerable al virus.
Hay una sola pregunta que le quita el sueño a Murphy: “¿Qué sucederá cuando venga lo fuerte y las personas no puedan trabajar, tengan que quedarse en casa y luego pasen hambre?”
La violencia contra los migrantes ya es muy común. A Murphy le preocupa que se agrave. Hace poco más de una semana, uno de los residentes del albergue fue obligado a entrar en un auto a punto de pistola mientras regresaba a casa al salir de su trabajo; le robaron su celular, sus documentos, su chamarra y los cerca de 30 dólares que traía. “Le iban a quitar hasta los zapatos, pero los convenció de que se los dejaran”, cuenta Murphy. “Luego lo golpearon. Por eso temo que esto pudiera llegar a normalizarse”.
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Estamos en un momento de crisis, y para muchos migrantes y las organizaciones que los atienden, las preocupaciones son inmediatas. Pero estas preocupaciones provienen de problemas mayores, más sistemáticos –problemas con la forma en que tratamos a ciertos migrantes y las condiciones existentes que, para muchos, transforman la migración de algo que debería ser una elección a lo que se convierte en una última opción.
Me quedo pensando en algo que preocupaba a Ortega me comentó: la idea de que, una vez que pase la pandemia, no habrá un cambio significativo en las políticas de los gobiernos hacia las poblaciones migrantes. De ser así, la carga de ofrecer acceso a los servicios básicos, como atención médica y vivienda, seguirá recayendo en organizaciones como esta.
“Pienso que si cuando esto termine regresamos a lo mismo, particularmente en lo que se refiere a movilidad, migración, refugios; si no se toma ninguna medida que tenga un efecto subsecuente, entonces habrá sido en vano”, advierte. “Será como decir: ‘Sí, una emergencia’, ‘Sí, ya pasó, ‘Sí, qué terrible’, pero nada más. Eso me preocupa mucho.”
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es la editora operativa de Future Tense.
