Al momento en que trece chicos zarrapastrosos armados y violentos aparecieron en la señal en vivo de TC Televisión amenazando, golpeando y humillando a periodistas y personal de ese canal de televisión, la percepción del ecuatoriano promedio sobre la seguridad en el país tuvo un giro inimaginable. No es que la población no supiera ya de la pavorosa crisis de inseguridad que se vive desde hace algunos años y que se ha agravado en los más recientes, ni que esa misma población fuera inconsciente de la inmensa capacidad logística de los cárteles, sino que en ese momento se produjo un fenómeno emocional y sicológico muy particular. Que trece delincuentes andrajosos y casi niños, que visualmente representan a los maleantes del narcotráfico que asolan las calles, hayan logrado ingresar al set del canal con mayor audiencia del país era un mensaje inequívoco al país de que son capaces de desafiar al Estado. Eso, con el añadido de que, al hacerlo en el horario del noticiero, cuando cientos de miles de hogares tienen el televisor encendido, se creaba la sensación de que esa trama se estaba introduciendo en las casas de la gente. En otras palabras, que eran capaces de llevar el terror a lo más íntimo de sus vidas.
El asalto a TC Televisión produjo un shock emocional en gran parte de la población: la gente empezó a abandonar sus sitios de trabajo y regresar a sus casas atropelladamente, lo que ocasionó terribles congestiones de tránsito en Quito y Guayaquil, los comercios empezaron a cerrar por miedo a saqueos y, lo más llamativo, empujó al presidente Daniel Noboa a tomar una decisión insólita: declarar al país en un conflicto armado interno. Esto supone que los miembros de las bandas del narcotráfico son declarados objetivos militares y pueden ser eliminados por las fuerzas militares. Una medida que es novedosa no solo para el Ecuador sino para toda la región, pues está declarando la guerra a grupos delincuenciales que aparentemente no tienen motivaciones políticas o ideológicas. Como lo dijo Hugo Acero Velásquez, un ex funcionario de seguridad de E.U. basado en Colombia al Washington Post, la medida se parece a la que declaró alguna vez el gobierno colombiano en contra de las guerrillas que tenían un objetivo político, pero es insólita porque rara vez un gobierno de la región ha definido formalmente a bandas criminales no insurgentes como terroristas y ha declarado un conflicto interno contra ellas, aplicando las leyes internacionales de la guerra.
Si bien aún no se puede saber si la medida de Noboa será exitosa o no, la población ha reaccionado positivamente, lo que explica que ningún movimiento político la haya criticado. Pero a pesar de los respaldos políticos y sociales que ha recibido Noboa, su situación no es envidiable. Para comenzar, muchos ecuatorianos le reclaman que no haya asumido el poder con un plan concreto de seguridad como había anunciado durante la campaña. Ya con los atentados en marcha, Noboa dijo luego que su Plan Fénix ya estaba operando, pero sin que nadie hubiera visto en qué consiste y dónde opera. Este reciente operativo de violencia de las mafias, además, se produjo muy pocos días luego de que se conociera la fuga del narco Adolfo Macías alias Fito, jefe de los Choneros, que son los socios del Cártel de Sinaloa en Ecuador. La fuga de Fito, sin duda, afectó la imagen de Noboa, aun más porque las autoridades no supieron cuándo había sido exactamente y porque la mayor parte de la opinión pública sospecha que en ella colaboraron funcionarios del gobierno. Noboa no ha ocultado su deseo de ser reelecto en 2025 y todos estos episodios de violencia y zozobra han afectado esas aspiraciones.
Pero la gran interrogante es por qué se desató este reciente operativo de terror. Si bien se han delineado varias posibilidades, no hay ninguna que pueda ser confirmada porque los violentos no han hecho hasta ahora una proclama. Según Noboa, la fuga de Fito, los amotinamientos en las cárceles y las acciones de violencia en las calles son formas de presión de los narcos para que el gobierno desista de su plan para trasladar a los capos más importantes a cárceles de alta seguridad.
Pero esa no es la única razón por la que se piensa que los cárteles lanzaron el operativo. En la Fiscalía se cree que mucho tiene que ver con las conexiones que tiene el movimiento político de Rafael Correa con las mafias. Para un vocero de esa institución, que pidió que no se revele su identidad, la violencia es una estrategia para invisibilizar temas que han golpeado mucho al correísmo y que podrían seguir golpeándolo en un futuro cercano. Ahí está el escándalo del caso Metástasis que enlodó a jueces, funcionarios y policías, pero especialmente a operadores políticos del correísmo. También está el tema de la situación del exvicepresidente correísta Jorge Glas, que actualmente está refugiado en la Embajada de México esperando que el gobierno de Andrés López Obrador decida sobre su pedido de asilo. Glas aún no cumple del todo una sentencia por corrupción y estaba en libertad condicional cuando ingresó a la embajada mexicana. Si ese asilo se produce, Glas solo podría ir hasta el aeropuerto con un salvoconducto expedido por el Gobierno de Noboa, pero la presión de la opinión pública hace muy difícil que el presidente quiera jugarse por una decisión así de impopular. Por eso, especulan que las mafias están presionando al gobierno para que firme dicho permiso de salir de la embajada. De acuerdo con esta fuente, con todos estos actos la gente se está olvidando de estos temas. Otro de los posibles motivos que se barajan en la Fiscalía como parte de los orígenes de la ola de violencia es el computador de Jorge Glas, con el que se quedó una exasistente suya que se enemistó con él porque dice que la estaba acosando sexualmente y lo entregó a las autoridades. Ahí habría material para un nuevo escándalo de dimensiones similares al de Metástasis y podría destaparse en breve ya que el proceso de explotación arrancó ya y se prevé que en dos semanas se inicie un caso por ese motivo. En este clima de pánico, un nuevo escándalo que enlode a los correístas no tendría la tracción esperada. No hay que olvidar que en el caso Metástasis apareció un chat del difunto narcotraficante Leandro Norero en el que se revelaba que el narco pagó 250 mil dólares para que un juez le otorgue la prelibertad a Glas.
Lo único que se sabe con certeza, en todo caso, es que lo que vive actualmente el Ecuador no se limita al ataque a TC Televisión ni a los hechos de violencia más recientes, sino a un largo proceso de inserción de los cárteles mexicanos en el país. Las pugnas territoriales entre los Choneros, que son aliados del Cártel de Sinaloa, y los Lobos, que trabajan para Jalisco Nueva Generación, explican muchas matanzas y vendettas en las calles de Guayaquil y otras ciudades. Ambos grupos y muchos otros de menores dimensiones como los Lagartos, los Latin King o los Tiguerones trabajan para que las mafias mexicanas puedan sacar por los puertos ecuatorianos la cocaína que llega sobre todo de Colombia, donde se produce. Expertos dicen que el menos 20 mil personas trabajan para estas bandas. Esto ha degenerado en un auge de la narcopolítica que se evidencia en la complicidad de políticos, jueces militares, militares y funcionarios.
Noboa, por el momento, parece estar dando golpes de ahogado para salir del atolladero en el que se encuentra. De que lo logre no solo dependen sus posibilidades de ser reelegido, sino de que el Estado ecuatoriano sobreviva. ~
es periodista.
