El régimen venezolano se debilita internamente
El panorama político venezolano acaba de sufrir un pequeño cataclismo. Tras varios años a la deriva, la oposición cuenta ahora con una líder indiscutible, recién respaldada en las urnas. Se trata de María Corina Machado, quien tras obtener el 93% de los 2.5 millones de votos en las primarias del 22 de octubre, cuenta ya con un 70% del respaldo nacional según las más recientes encuestas. El hecho representa una nítida señal de alerta para el chavismo-madurismo, por varias razones.
A pesar de recibir toda clase de amenazas, los votantes demostraron su enorme rechazo al régimen actual, participando masivamente en unas primarias que, tal como exigió Machado, no se realizaron con asistencia del Consejo Nacional Electoral que tutela Maduro –órgano que desde hace 20 años solo organiza comicios mediante un sistema automatizado que permanece sin auditar. El proceso fue organizado por la sociedad civil; el recuento se hizo manualmente y además pudieron votar los venezolanos en el exterior que previamente se hubieran inscrito para ello.
Estos factores, unidos al respaldo casi unánime obtenido por la candidata que esgrime el discurso más frontal contra la autocracia, otorgan al proceso en general un tono de rebeldía que lógicamente ha sido comprendido en Miraflores. Maduro y compañía entienden que la impopularidad creciente pasa factura y que la pura represión no basta para mantenerse en el poder.
Atrincherarse en el nacionalismo
De ahí que el gobierno madurista procure ahora seguir el guión de tantas otras dictaduras, tratando de superar un momento de drástico rechazo interno mediante la agitación de algún motivo nacionalista dirigido contra un “enemigo exterior”. Para ello acaba de inventarse un polémico referéndum sobre la soberanía del territorio ubicado al oeste del río Esequibo, el cual se extiende por casi 160,000 kilómetros cuadrados. Se trata de un reclamo histórico que Venezuela mantiene desde hace casi dos siglos, en una primera etapa ante Gran Bretaña y posteriormente ante la actual República Cooperativa de Guyana.
En esencia, el territorio de Venezuela se corresponde con el de la antigua Capitanía General, establecida en 1777 por la monarquía española bajo el reinado de Carlos III. El río Esequibo fue asumido siempre como frontera oriental de dicho territorio, y así lo acredita la expulsión, en 1794, de contingentes holandeses que incursionaban por la zona. Al este del citado río se extiende un espacio que Holanda cedió al imperio británico a partir de 1814, el cual a su vez colinda por el este con el actual Surinam. En 1841, los tripulantes del buque venezolano Restaurador avistaron la bandera británica en Punta Playa, muy al oeste de la desembocadura del Esequibo, iniciándose así la histórica reclamación que llega hasta nuestros días. Gran Bretaña asignó entonces al explorador Robert Hermann Schomburgk un primer levantamiento de mapas de la zona, sin consentimiento de Venezuela. En el primero de dichos mapas, que los británicos se encargarían de no mostrar posteriormente, se muestra al río Esequibo como frontera entre Venezuela y la colonia inglesa.
Ante el progresivo deterioro de la situación, Caracas decidió romper relaciones diplomáticas con Londres en 1876, solicitando el arbitraje de los Estados Unidos y apelando a la Doctrina Monroe. En octubre de 1899 se desarrolla en París un laudo arbitral que desde un principio fue rechazado por Venezuela, en virtud de que en dicho proceso no participaron venezolanos –los representantes de Caracas eran estadounidenses–, se adulteraron algunos mapas y el juez ruso que realizó el fallo, Fiodor Martens, era profesor en universidades británicas. Entre los argumentos empleados para el fallo, se afirmó que era mejor que el territorio en disputa fuera adjudicado a una “gran civilizadora de pueblos” como Gran Bretaña y no a una nación de “semibárbaros” como Venezuela.
En 1962 el gobierno venezolano llevó el caso a la Organización de Naciones Unidas, alegando los vicios de nulidad del laudo arbitral de París y propiciando el Acuerdo de Ginebra de 1966 con Gran Bretaña (Guyana seguía siendo una colonia británica). Desde entonces se ha reconocido el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo y se sentaron las bases para un acuerdo negociado, mientras la ocupación del territorio seguía de facto en manos anglosajonas. Tras la independencia de Guyana, Venezuela ha buscado una negociación bilateral para saldar el diferendo, mientras que los guyaneses han propuesto la incorporación de un tercer ente como la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad o la Corte Internacional de Justicia.
Revolucionaria inconsistencia
A partir de 1999 la suerte de Venezuela cayó en manos del chavismo, que asumió una posición muy distinta a la de sus predecesores en Miraflores. Bajo las directrices que ejerce la Cuba castrista sobre la Revolución bolivariana, y para ganarse los votos que en la Organización de Estados Americanos reúne el CARICOM (comunidad de países angloparlantes que siempre ha respaldado la posición de Georgetown en el diferendo limítrofe con Venezuela), Chávez permitió que los guyaneses operaran en el Esequibo, mientras llegó a afirmar que la reclamación de Caracas en 1962 fue “orquestada desde Washington para presionar al gobierno izquierdista de Guyana”.
Ante la debilidad mostrada por el chavismo, Georgetown se lanzó a otorgar concesiones de explotación maderera, petrolera y gasífera en territorios en disputa, llegando a impulsar la navegación en espacios marítimos que Venezuela considera como parte de su zona económica exclusiva. En julio de 2015, tras diversos incidentes fronterizos y choques diplomáticos, Caracas solicitó un buen oficiante a la ONU, función para la cual se designó en 2017 a Dag Halvor Nylander, facilitador noruego que también intervino en los diálogos de paz de Colombia (2012-2016) y que desde 2020 ha conducido los diálogos de México entre Maduro y la oposición venezolana. A principios de 2018, la ONU culminó sus buenos oficios y sugirió llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, tal como propuso la canciller de Guyana a finales de 2014 y como Georgetown procedió a solicitar en junio de 2018.
El gobierno de Maduro introdujo objeciones preliminares a la petición guyanesa de admisibilidad del caso, las cuales fueron rechazadas por 14 de los 15 jueces en abril de 2023. Ahora se espera que el gobierno venezolano presente su posición razonada ante la Corte el próximo 8 de abril de 2024, explicando por qué Venezuela desconoce el laudo arbitral de 1899. Sin embargo, los esfuerzos de Maduro y compañía no parecen concentrarse en esa línea. Más bien, el pasado 21 de septiembre convocó la realización de un polémico referéndum de 5 preguntas, a realizarse el próximo 3 de diciembre. Con la tercera pregunta, el actual gobierno venezolano pretende desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este litigio; con la quinta, propone la “creación del estado Guayana Esequiba” como uno más de los que integran a Venezuela.
La movida es tan osada como inconsistente. Ha motivado la apelación de Guyana ante la Corte, y abre las puertas para que algo –o todo– salga terriblemente mal para Venezuela. Predomina la sensación de que, ante el temor de que su régimen se desmorone progresivamente, la prioridad de Maduro es cohesionar al país bajo una atmósfera de emergencia nacionalista. No se trata del asalto armado a las Malvinas, ni de la ocupación rusa de Ucrania, pero sí es un gesto que revela el gran nerviosismo que padece una autocracia cada vez más fragmentada y carente de respaldo popular, así como una nueva muestra de los niveles de irresponsabilidad a los cuales es capaz de llegar. Una dictadura herida es siempre un actor imprevisible. ~
(Caracas, 1976) es doctor en Conflicto político y procesos de pacificación. Investigador independiente, ha sido profesor en diversas universidades de Venezuela y Chile.
