El “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” de Andrés Manuel López, presentado el pasado 14 de noviembre ante la presencia de su gabinete legal y ampliado, provocó un alud de críticas. Y no es para menos. Analistas y expertos en seguridad coincidieron en que, pese a incluir algunas buenas intenciones, lo que el plan augura es la profundización de la militarización de la seguridad pública y el desmantelamiento de la institucionalidad civil, empezando por las policías. ¿La lógica? La delincuencia florece por su colusión con la autoridad civil. El mando civil de las policías es corrupto, pero no así las Fuerzas Armadas. Lograr seguridad requiere combatir la corrupción, de ahí que se deba sacarla del ámbito civil.
Concreta y paradójicamente, el documento admite que la delincuencia es un fenómeno complejo, multidimensional y multicausal que debe atenderse no solo por la vía de la represión sino a través de medidas de prevención y reinserción social. Reconoce que es urgente abandonar “la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia” para reorientarla hacia la sanción, por ejemplo, de los delitos cometidos por funcionarios públicos, y manifiesta que, para lograrlo, es necesario incidir en problemáticas disímiles pero conectadas, como la erradicación de la corrupción, la provisión de servicios públicos básicos, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, la regeneración de la ética nacional, el cambio en la política de drogas, la construcción de la paz y el desarrollo de una nueva estrategia de seguridad pública.
Hasta aquí, nada fuera de lo común. Si acaso, se podría criticar la naturaleza misma de este tipo de documentos generalistas, donde se enuncian elementos correctos y áreas de intervención necesarias –como el combate a la corrupción, la regulación legal de algunos mercados de drogas y la recuperación del tejido social– pero se repara en ellos únicamente de manera anecdótica sin atribuirles objetivos, temporalidades, acciones específicas o presupuestos que hagan creíble su viabilidad. Sin embargo, hacia la parte final, el documento empeora significativamente al afirmar que, para hacer frente al nuevo panorama delincuencial, esa nueva estrategia implica reformular el concepto de seguridad nacional para darle atribuciones de seguridad pública y crear una Guardia Nacional militarizada, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y bajo el mando operativo del General Secretario de la Defensa, que además funcionará con las normas y el adiestramiento propias de las Fuerzas Armadas.
Suenan las alarmas y el motivo no es menor. Efectivamente se propone un cambio de régimen, pero hacia uno que sabemos que no funciona. Primero, porque la evidencia demuestra que Ejército y Marina son altamente eficientes en ejercer la violencia letal, pero no así para desempeñar labores de seguridad pública –al margen de su inconstitucionalidad. Segundo, porque su presencia retrasa, cuando no cancela, la posibilidad de resolver el verdadero problema de fondo que es la carencia de policías y fiscalías fuertes, suficientes, capaces y eficientes. Y tercero, porque demuestra la falta de coherencia con la que el nuevo gobierno abordará fenómenos tan complejos como la inseguridad. No hace falta ser experto para entender que la militarización de la seguridad es incompatible con la justicia transicional, que el combate a la corrupción no se logra con el desmantelamiento institucional y que dotarse de una Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para “coordinar” una estrategia de seguridad nacional es contradictorio. El oxímoron de pacificar el país manteniendo el estado actual de guerra.
Solo queda una certeza, y es que quien haya redactado el “plan” se quitó la máscara. El nuevo gobierno ni siquiera intentó recurrir al eufemismo de la seguridad interior para mantener la falsa “temporalidad” de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque esta será permanente. No requerirá resolver su constitucionalidad porque su nuevo rol quedará asentado en la Carta Magna. Y no requerirá contrapesos, porque bastará que quien la dirige decrete que funcionará.
Pero el riesgo es enorme, pues más allá de la seguridad lo que queda claro es que el presidente electo desconfía plenamente de los gobiernos estatales y municipales, desoye la evidencia plasmada en su propio documento y demuestra la enorme capacidad que todavía tiene la cúpula militar para someterlo a sus designios. Pero lo que más alarma es que quienes defienden la estrategia lo hacen recurriendo a la voluntad expresa del mandatario de no reprimir ni violar Derechos Humanos, como si aquello pudiera hacerse cumplir por decreto. Ignoran, sin embargo, que el poder transformador de la reforma trascenderá al propio Andrés Manuel y habilitará la no muy lejana posibilidad de que quien lo utilice después no sea un presidente de “izquierda”, sino todo lo contrario.
Es maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
