En este punto, no queda duda: uno de los principales legados del sexenio de López Obrador es el avance de la militarización de la seguridad pública.
En 2019, logró que nuestra Constitución avalara el despliegue de las Fuerzas Armadas durante cinco años. Un “periodo de transición” para que su gobierno lograra terminar con la guerra contra el narcotráfico y, en paralelo, tuviera el tiempo para construir una Guardia Nacional de mando y carácter civil.
En el resto de su sexenio, se ha dedicado a violar la reforma constitucional que él mismo impulsó. El presidente López Obrador designó como dirigentes de la Guardia Nacional a 27 militares y solo a 5 civiles, y conformó las filas de dicha institución por un 76% de integrantes castrenses y solo un 24% de civiles. Impulsó leyes abusivas para regular a su nueva institución, que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ordenó el despliegue de los militares en todo el territorio nacional de manera permanente durante cuatro años, sin regularlo, fiscalizarlo ni subordinarlo a los civiles, a pesar de que su misma reforma constitucional solo permitía un despliegue “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Además, como han mostrado Leonardo Núñez y Diana García de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Guardia Nacional tiene más recursos y poder que en sexenios pasados. Esta institución acumula 234 funciones que antes eran de instituciones civiles y actualmente tiene el mayor presupuesto que ha tenido en décadas, según un recuento del Programa de Política de Drogas del CIDE.
Con su nueva iniciativa, este gobierno ha renunciado a la pantomima del “periodo de transición”. Los militares están aquí para quedarse, incrustados en nuestras leyes y en nuestras calles. Si hasta ahora patrullaban y ejercían el control sobre la Guardia Nacional de manera irregular, en adelante podrán hacerlo con todo el respaldo legal. Quien quiera regresarlos a sus cuarteles, deberá enfrentar los costos políticos que implicaría una contrarreforma, contra la resistencia del poder militar y de la aprobación popular que los respalda.
Otros ya lo han resumido bien: la propuesta de López Obrador pretende i) que el titular de la Guardia Nacional sea propuesto por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y esté bajo su mando; ii) que la Sedena administre, organice y controle la operación de la Guardia Nacional; iii)que los integrantes de la Guardia Nacional cuenten con fuero militar, fomentando su impunidad en casos de abuso de la fuerza, desaparición forzada, tortura o asesinatos de civiles; iv) que los recursos de la Guardia Nacional pasen a la Sedena; v)garantizar la “permanencia e implantación territorial” de los integrantes de la Guardia Nacional;
{{ “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública”, p. 15. }}
y un largo etcétera.
Así pues, la militarización es un hecho indiscutible, aunque el presidente niegue su existencia. Más que debatir este hecho, es importante llevar la discusión un paso más allá y preguntarnos por las causas del problema y qué hacer para evitar que nuestros gobernantes sigan el camino de la guerra.
Primero, debemos intentar comprender honestamente los motivos de la militarización obradorista. En materia de seguridad, López Obrador era la antítesis de Felipe Calderón. Incluso, algunos sostienen que la guerra contra el crimen organizado inició, en parte, como una estrategia de Calderón para legitimarse ante la elección de 2006, extremadamente cerrada y controvertida con Obrador.
(( ANGUIANO, Arturo. Calderón, aprendiz de brujo o la guerra como escape. Región y sociedad [online]. 2014, vol.26, n.especial4 [citado 2022-09-05], pp.285-301. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000600011&lng=es&nrm=iso. ISSN 2448-4849. ))
El actual presidente ha criticado sin cansancio lo fallido de esa estrategia. Tanto que, paradójicamente, una de sus justificaciones para subordinar la Guardia Nacional (y todo nuestro sistema de seguridad pública) a los militares es la fallida guerra de Calderón. Esto dice su iniciativa:
La creación de la Guardia Nacional [durante la actual administración] es resultado del esfuerzo (…) para garantizar la seguridad pública frente a las profundas afectaciones que el crimen organizado ha generado (…) agravadas por la estrategia conocida como “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (…).
Si la guerra “de Calderón” (que adoptaron Peña Nieto, López Obrador y que siempre ha sido, también, de Estados Unidos)
{{ Léase cualquier libro de Luis Astorga, como El siglo de las drogas, en los cuales detalla cómo el gobierno de Estados Unidos ha sido uno de los principales impulsores del prohibicionismo en América Latina y el uso de la violencia al sur de su territorio para evitar el tráfico de drogas. }}
es uno de los principales males diagnosticados por el obradorismo, ¿por qué darle más recursos públicos, funciones institucionales, poder político y respaldo jurídico a los militares?
Hay varias explicaciones. En su momento, ciertas coyunturas (sin olvidar el permanente impulso al prohibicionismo de Estados Unidos y el interés de empresas armamentistas en el crecimiento de su negocio) explicaron por qué Calderón sacó a los militares a las calles. Ahora, es importante concentrarnos en los factores transexenales internos y los que son propios de este sexenio.
El obradorismo es tan partícipe de la narrativa de la guerra como sus antecesores. Aunque, en ocasiones, el presidente incluso ha afirmado que “cuida” la vida de los integrantes del crimen organizado, su discurso y su política no han cambiado mucho. En su iniciativa, afirma que el crimen organizado es una “fuerza cuasimilitar” que amenaza a la seguridad nacional. Aunque critica la política anterior de seguridad por tener una “lógica bélica y de exterminio desde una conceptualización del derecho penal del enemigo”, ha utilizado las principales herramientas de esa corriente, como la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por otro lado, el índice de letalidad en su sexenio (4.15 civiles muertos por cada militar), aunque es más bajo que en el de Calderón (5.15), es más alto que en el de Peña (3.89). El discurso y la política de Obrador son el discurso y la política de la guerra.
Por otro lado, su iniciativa comparte un rasgo en común con todas sus demás políticas: su rasgo voluntarista y moralista, al mismo tiempo que antitécnico y anticientífico. Como en su política anticorrupción (que considera que lo único que hay que hacer para acabar el problema es sacar a las manzanas podridas, incorporar a buenos servidores públicos y barrer las escaleras de arriba para abajo), argumenta que el cambio de una política de seguridad bajo una “lógica bélica” a una “estrategia de seguridad fundada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y la protección de la población, [ha provocado que] los elementos de las fuerzas de seguridad [se destaquen] por su atención a los problemas de inseguridad y de alteración del orden público en distintas zonas del territorio mexicano e, incluso, por su disposición para el servicio en el auxilio (…)”.
{{ “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública”, p. 15. }}
En otras palabras: el problema no es la guerra, sino quiénes y cómo la administran.
Además de lo anterior, existe una explicación transexenal de la militarización: una vez en las calles, los militares impulsaron la creación de un marco jurídico que justifique su actuación. De hecho, en 2016, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió que sucediera una de dos cosas: que se retirara al Ejército de las calles o que se regularizara su presencia. Esta sería la cara buena de la moneda. Su reverso son todos los intereses creados con el crecimiento del sector militar en el país. Más recursos públicos implican más poder político.
En un contexto de total falta de rendición de cuentas y de transparencia, como el que existe bajo la doctrina obradorista de la seguridad nacional, también implica una gran oportunidad de hacer negocios corruptos, como ya ha sucedido en algunas ocasiones. Por eso, también es importante que el periodismo de investigación descubra quiénes han sido los principales beneficiarios del crecimiento económico del sector militar, tanto del lado del gobierno como del lado de los contratistas privados. A veces, la guerra y la seguridad nacional son, más que cualquier otra cosa, un negocio y una estrategia de poder.
Esta hipótesis también explica por qué el proceso de militarización ha sido transexenal: los militares, como agentes permanentes en nuestra vida pública, han impulsado sus propios intereses sin importar el cambio de administración. También nos da un ingrediente para solucionar el problema: si los militares pidieron un marco jurídico porque estaban en las calles, primero hay que empezar a retirarlos de ellas y luego restaurar nuestras leyes a su normalidad.
La iniciativa argumenta que la “tradición pacifista y de servicio [de los militares] para con el pueblo mexicano” por su participación en las “luchas emancipatorias” nacionales ha hecho que los militares se distancien “del carácter elitista y beligerante de otras instituciones castrenses en la región”, lo cual asegura “su apoliticidad, integridad y obediencia a las autoridades civiles”.
No entiendo qué tiene de apolítico un ejército que ha logrado reformas constitucionales y legales en su favor a lo largo de varios sexenios, así como absorber los recursos públicos de todas las demás áreas del gobierno hasta convertirse en la ejecutora de los proyectos más importantes del gobierno. La tradición golpista de otros ejércitos en el continente puede no ser el riesgo más cercano a nosotros, pero sigue siendo un riesgo. Además, ¿para qué necesitarían los militares un golpe de Estado, si los civiles ya gobiernan a su favor?
Por eso, el momento perfecto para llevar a cabo la desmilitarización de las calles y luego una desmilitarización normativa es ahora. Si la guerra está en nuestras leyes, ¿cómo terminarla en nuestras calles? El gobierno de López Obrador debería hacer algo muy simple: cumplir su propia reforma constitucional, construir una Guardia Nacional civil y retirar a los militares de manera paulatina de labores de seguridad, auxiliándose de ellos solo de manera extraordinaria y fiscalizada.
Si damos un paso más en el camino hacia la militarización, quizá tardemos décadas en revertirlo. En palabras del colectivo #SeguridadSinGuerra, “paso que da el ejército, no lo retrocede en años”. Por eso, el momento para protestar, manifestarse y resistir la militarización con acciones jurídicas es ahora. El mejor camino para evitar la dominación es el que impide que el amo tome el látigo y el esclavo se someta a sus cadenas.
Consultor en Derecho Anticorrupción y litigio estratégico.
