Cuatro días después de la invasión rusa de Ucrania, escribí en el Financial Times sobre el crimen de agresión, que introdujo en el derecho internacional un jurista soviético en 1945, durante las negociaciones del tribunal de Nuremberg. Desde entonces, la agresión es uno de los cuatro crímenes internacionales establecidos, junto con los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. La Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) investiga actualmente los presuntos crímenes cometidos en Ucrania, pero aún no ha emitido ninguna acusación.
Sin embargo, la CPI no puede ejercer jurisdicción sobre la agresión, una laguna que me llevó a proponer la creación de un tribunal penal especial para investigar a Vladimir Putin y sus acólitos por haber librado una guerra manifiestamente ilegal, lo que constituye un crimen de liderazgo. A mí y a otros nos preocupaba que pudiera ser difícil inculpar a los dirigentes de los demás delitos, y reconocimos que el único delito que llegaba con cierta certeza a la cúpula era el de agresión. Ante los horrores que se están produciendo en Ucrania persiste la preocupación de que las investigaciones de la CPI culminen con procesos contra militares de bajo rango, pero dejen libres de culpa a los dirigentes, tanto políticos y militares como de inteligencia y financieros.
A lo largo del último año se ha ido reconociendo cada vez más la necesidad de evitar la impunidad del crimen de agresión. Pocos días después de la publicación de mi artículo, Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, declaró que su país quería un tribunal especial. En pocos meses, una coalición de países encabezada por los tres Estados bálticos y Polonia unió sus fuerzas, y las asambleas parlamentarias del Consejo de Europa y la OTAN y el Parlamento Europeo sumaron su apoyo. Avaaz, una organización activista mundial, organizó una petición que no tardó en reunir más de un millón de firmas, mientras los académicos debatían los pros y los contras de un primer tribunal que abordara el crimen de agresión desde Nuremberg.
El impulso pronto se enfrentó a la realpolitik: Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos se mostraron, por decirlo suavemente, reticentes en un principio. Quizá no fuera tanto una cuestión de principios como de autopreservación: si hoy se creaba un tribunal para Rusia, ¿por qué no mañana para nosotros? También hay elefantes en la habitación, como Irak y otros muchos conflictos en los que las potencias occidentales hicieron la vista gorda en materia de justicia.
Sin embargo, aquí, en el territorio de Ucrania no puede haber impunidad para este gravísimo crimen. Chile Eboe-Osuji, ex presidente de la CPI, abogó recientemente por la creación de un Tribunal Penal Especial como “uno de los pilares del interminable proyecto de construcción del derecho internacional”.
Francia fue la primera en cambiar de postura, hace unas semanas, y desde entonces le han seguido el Reino Unido y Alemania. La Comisión Europea ha anunciado la creación de un centro para el enjuiciamiento del crimen de agresión, y el gobierno holandés se ha ofrecido a albergar un mecanismo provisional. No hay ninguna razón por la que no se puedan nombrar ahora investigadores internacionales y ucranianos, con un fiscal provisional, para reunir pruebas e identificar a posibles acusados.
Un tribunal internacional necesitará un acuerdo jurídico, muy probablemente entre Ucrania y la ONU o una organización europea. Puede redactarse fácilmente y ya circulan textos al respecto. Sería muy apropiado que el acuerdo se firmara en Lviv, la ciudad ucraniana cuya sangrienta historia contribuyó a las ideas que, en la década de 1940, se convirtieron en las nuevas categorías jurídicas de crímenes contra la humanidad y genocidio.
En comparación con la CPI los costes serán insignificantes. No cabe duda de que habrá puntos que debatir sobre la estructura y la naturaleza del tribunal. Ucrania es partidaria, con razón, de un organismo internacional de pleno derecho, una petición que ha apoyado Christoph Heusgen, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se reunió el pasado fin de semana, pero no cabe duda de que las mentes creativas serán capaces de hacer lo necesario. Habrá que abordar cuestiones técnico-jurídicas -entre las que destaca la cuestión de si un jefe de Estado debe tener derecho a la inmunidad- y establecer relaciones con las investigaciones y enjuiciamientos en la CPI y en los tribunales ucranianos y de otros países.
Este es un momento histórico crucial. No estábamos preparados para la invasión, para los crímenes y otros horrores que han venido, incluido el ataque grotesco y totalmente ilegal contra infraestructuras civiles en toda Ucrania. Esos actos no tienen ningún propósito militar y pretenden doblegar la voluntad de la población (aunque tienen precisamente el efecto contrario).
Tras los fracasos de Occidente en Georgia, Chechenia, Crimea y Siria, Putin creyó que flaquearía. Se equivocó. No tengo una visión idealista del poder de la ley, pero soy plenamente consciente de sus límites y de la necesidad de esfuerzos militares y diplomáticos. Sin embargo, si no se aborda esta agresión, puede que también renunciemos al impulso de Nuremberg y al crimen de agresión. Que el aniversario de este terrible momento en Europa sirva para señalar que no se tolerará cruzar esta línea y que habrá responsabilidad penal individual, hasta la cúspide.
Publicado originalmente en el Financial Times.
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Philippe Sands (Londres, 1960) es profesor de derecho internacional en el University College de Londres y abogado. Ha intervenido en destacados juicios internacionales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la Corte Penal Internacional de la Haya, como el caso Pinochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda o la invasión de Irak. Es autor de los libros 'Calle Este-Oeste' y 'Ruta de escape', ambos publicados en español por la editorial Anagrama.
