La semana pasada, el gobernador Gavin Newsom se disculpó en nombre del estado de California por la historia de “violencia, maltrato y negligencia” en contra de los pueblos indígenas. “Lo sucedido en California, principalmente en el siglo XIX”, dijo Newsom “fue un genocidio. No hay otra forma de describirlo y así es como debe ser descrito en los libros de historia”. Entre los testimonios que citó para reforzar su argumento incluyó el del primer gobernador del estado, Peter Burnett, quien en 1851 anunció que “la guerra contra los indígenas continuará hasta que la raza india se extinga”. Y a punto estuvo de lograrlo: entre 1846 y 1873, la población indígena bajó de 150 mil a 30 mil personas.
El acto de contrición de Newsom de inmediato tuvo eco. En un artículo publicado en Los Angeles Times, la periodista Frances Dinkelspiel, autora de un libro sobre la explotación de los indígenas en la industria del vino, exigió a las autoridades que también se disculpen en nombre de la ciudad por sus abusos históricos.
La disculpa de Newsom ha sido bien recibida en las comunidades indígenas y voces como la de la congresista por Nuevo Mexico, Debra Haaland, incluso recuerdan que el genocidio fue uno de los hechos fundacionales del país.
Un recordatorio que debe ser inscrito en el contexto del movimiento que hoy exige no solo disculpas a grupos étnicos y raciales explotados, sino reparaciones económicas a los descendientes de esclavos y otras víctimas de injusticias en Estados Unidos. Por lo pronto, un subcomité judicial de la Cámara de Representantes ha creado una comisión para estudiar el tema. Aunque hay algunos como el líder del Senado, Mitch McDonnel que han intentado escabullir responsabilidades aduciendo que no tienen por qué pagar por lo sucedido hace 150 años. Un subterfugio que el escritor Ta Nehisi Coates refutó desde el piso del Senado, al recordar que el gobierno federal sigue pagándole pensiones mensuales a descendientes de soldados muertos en la Guerra Civil. Se sabe, por ejemplo, que entre estos pensionados está la anciana hija de un soldado del esclavista ejército confederado.
Es evidente que el tema es extremadamente complejo. En 1965, por ejemplo, el presidente Lyndon Johnson elaboró planes para procurar la igualdad racial con programas como el de Acción Afirmativa y otros. Pero la idea de la reparación económica no prosperó entre otras razones porque otros grupos agraviados por la discriminación –indígenas esclavizados, hispanos segregados, japoneses americanos internados en campos de concentración, chinos-americanos victimizados– exigieron su inclusión.
En pocas palabras, ¿quiénes deberían ser compensados? ¿Todos o solamente los menos favorecidos dentro de cada grupo? ¿Cuánto deberían recibir? ¿Qué efectos tendría esta compensación en la economía del país?
Hace poco, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador despertó una encendida polémica al pedirle al Rey de España una disculpa a “los pueblos originarios” por la Conquista de México de 1519. Aparte de que esta visión ramplona del nacionalismo mexicano niega el legado español a México, exime de cualquier responsabilidad en la conquista a varios “pueblos originarios” que colaboraron con los españoles en contra del “pueblo originario” que les esclavizaba.
Si vamos a revisar la historia habría que hablar de responsabilidad compartida y, sobre todo, reconocer que el México actual, como escribe el historiador mexicano Héctor Aguilar Camín, hace tiempo que se decantó por la castellanización y se confirmó como hispanohablante.
Y sobre todo, hay que entender a cabalidad lo que dijo el también historiador mexicano Enrique Krauze en una entrevista en El País. “La gran contribución de España y México al mundo ha sido el mestizaje. Cuando los anglosajones desembarcaban, según ellos mismos decían, al adentrarse y mezclarse con los indios, penetraban en las tinieblas. Los españoles llegan y establecen vínculos. Los conquistadores terminan conquistados en una mutua inseminación fructífera”.
Escribe sobre temas políticos en varios periódicos en las Américas.
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