La pandemia, las protestas sociales y el mal desempeño  consolidaron una tendencia hacia la alternabilidad en los gobiernos nacionales de la gran mayoría de países en Latinoamérica. Esto cambió en 2024, con el regreso de las reelecciones y la consolidación de algunos proyectos políticos nacionales. De cinco elecciones presidenciales, en dos ganó la oposición (Panamá y Uruguay) y en tres el gobierno (El Salvador, República Dominicana y México).  ¿Qué es lo nuevo? Que los Ejecutivos  ganaron con supermayorías en el congreso, lo que les permite hacer reformas institucionales estructurales, rasgo que caracteriza a las llamadas coaliciones ascendentes. México y El Salvador han aprovechado la coyuntura para erosionar los controles del poder presidencial, mientras que otros, como República Dominicana,  se han inclinado por  fortalecer la democratización.

Excluir o incluir, el dilema del poder

El caso de El Salvador, donde Nayib Bukele (partido Nuevas Ideas) fue reelecto para un nuevo periodo presidencial en febrero de 2024, y el de México, donde Claudia Sheinbaum fue electa en julio de 2024 y pudo mantener al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el poder, son dos ejemplos de cómo las llamadas coaliciones ascendentes pueden construir proyectos excluyentes. El Pulse of Democracy de Lapop Lab (2023) indica que  los gobiernos de NI y MORENA  “han podido utilizar su popularidad para socavar la rendición de cuentas y erosionar las instituciones democráticas con la aprobación del público”. Por otro lado, se contrapone el caso del presidente dominicano Luis Abinader (Partido Revolucionario Moderno, PRM) en mayo de 2024. Al igual que NI y Morena, el PRM se reeligió con supermayorías en la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, se ha caracterizado por una práctica inclusiva, que ha priorizado la generación de pactos nacionales con miras a generar grandes consensos (Informe sobre la democracia, 2024).

¿Por qué es importante observar estos casos en América Latina? 1) los Ejecutivos han sido reelectos con supermayoría en el Legislativo; 2) los presidentes cuentan con niveles altos de aprobación y popularidad; 3) la mayoría a nivel nacional tiene un espejo en el control de los gobiernos regionales. Finalmente, a estas razones agregamos una condición externa y es que las agendas impulsadas por estos gobiernos supermayoritarios inciden en la región, en tanto son encabezados por mandatarios que destacan por: estar entre los Ejecutivos con mayor popularidad de América Latina;  contar con preferencia electoral ascendente, lo que permite inferir que su paso por el gobierno de sus países define una era, más que un período presidencial, en detrimento de  las  posibilidades de la alternabilidad; y, por último, este tipo de presidente ha sido proclive a vincularse internacionalmente con temas y aliados que les ofrecen mayor perspectiva mediática y relacional. 

El Salvador

El Salvador vive un proceso de regresión democrática y su sistema de gobierno es considerado una autocracia electoral. Es decir, mantiene elecciones periódicas, pero cuenta con problemas institucionales respecto a la independencia de los poderes públicos y la injerencia del presidente en el parlamento y el poder  judicial. El 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele ganó la presidencia del país con el 53,10% de votos. En su ascenso al poder contó con una fracción parlamentaria de 16/84 diputados en la unicameral Asamblea Legislativa y 27/262 municipios a nivel territorial. 

En las elecciones legislativas y municipales de 2021, Bukele y su partido recibieron el apoyo del 66% del electorado, consiguiendo 56/86 parlamentarios y el gobierno de 152/262 municipalidades. Tres hitos resaltan el proyecto reformista de Bukele y NI: primero, el asalto al Parlamento con militares en diciembre de 2020 para imponer  la aprobación de recursos destinados a su política de seguridad, bajo la amenaza de disolver el Legislativo. Segundo, el accionar extrajudicial en el combate a las pandillas vía estado de excepción desde marzo de 2022 a la fecha. Se han advertido vulneraciones a los derechos humanos de civiles inocentes; también la cooptación del poder judicial con la destitución de magistrados y el fiscal general, reemplazados con personas afines al Ejecutivo. Tercero, la reducción en junio de 2023 del número de parlamentarios de la Asamblea Legislativa y de los gobiernos municipales a iniciativa del presidente, bajo el argumento de reducir la burocracia y la élite política. De esta manera, El Salvador disminuyó los escaños de representantes a la Cámara de 86 a 60 y la cantidad de municipios de 262 a 44.

La práctica autoritaria y la agenda reformista de Bukele han sido ajenas al diálogo y el consenso desde 2019 a la actualidad. Por el contrario, la condena y persecución a los opositores ha sido la norma. Sin embargo, ninguna de sus acciones socavó su base de apoyo popular. De acuerdo con varias encuestadoras, la aprobación del presidente salvadoreño ha llegado a superar el 90%. La delegación popular en la figura de Bukele y sus abanderados se consolidó en febrero de 2024, una vez aprobadas las reformas del Estado, que redujeron el tamaño de la Asamblea y los municipios, y  una controvertida sentencia judicial que reinterpreta el artículo 74 de la Constitución salvadoreña, el cual prohibía la reelección presidencial. Lo anterior permitió a Bukele postularse nuevamente. El presidente obtuvo el 82% de los votos, logró 57/60 diputados y a nivel municipal 42/44. Así, llegamos al inicio del nuevo periodo de gobierno con una súper mayoría parlamentaria y territorial. Definitivamente, los incentivos para el consenso y la incorporación de otros actores, opositores y sectores minoritarios son escasos. 

México

De acuerdo al ya citado  Informe sobre la democracia (2024), México se ubica como una democracia electoral que experimenta un episodio de autocratización. En otras palabras, un país que vive un proceso de regresión democrática. MORENA, partido que lidera el Ejecutivo y el Legislativo, es un movimiento identificado con la izquierda progresista y construido en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, su líder y fundador, quien llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018. Se trata del partido mayoritario de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que, sumado al Partido del Trabajo y al Partido Encuentro Social,  obtuvo el 53.19% de los votos, lo que se tradujo en una bancada legislativa de 308/500 diputados y 69/128 senadores; además, la coalición ganó 7/10 de las gobernaciones en juego en esta elección. (México tiene 31 estados territoriales que conforman el segundo nivel de gobierno, no todos concurren a elección de su Ejecutivo en el mismo periodo,  de tal forma que se alternan con las elecciones legislativas de mitad de periodo que ocurren cada tres años.)

El apalancamiento de la mayoría política de Morena se hizo desde arriba, con una estrategia de intensa presencia mediática y el posicionamiento del presidente como figura carismática dominante. El debate político nacional fue controlado desde la rueda de prensa presidencial diaria con el objeto de establecer “determinado sentido de la realidad: aquel que se corresponde con la lógica de acción del populismo y la democracia plebiscitaria del líder”.

Enumeramos algunos cambios institucionales con incidencia en la estructura del Estado llevados a cabo por MORENA y sus aliados: la reforma a la Ley de Amparo para limitar resoluciones judiciales y evitar que se suspendan leyes; la eliminación de órganos públicos autónomos de control y asesoría al Ejecutivo (Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación); y  la reforma del poder judicial para la elección popular de los jueces y la reestructuración de las autoridades de la justicia.

Muchos de los cambios sustantivos para el funcionamiento del Estado mexicano fueron aprobados vía imposición, con el uso de las mayorías de la coalición ascendente y sin instancias de diálogo o negociación. En febrero de 2024 y como preámbulo a las nuevas elecciones presidenciales, AMLO propuso un paquete de veinte reformas, dieciocho de ellas en el ámbito constitucional, que tocan la justicia, lo electoral y la militarización de la fuerza pública. Así, llegamos al nuevo proceso en el que su sucesora Claudia Sheinbaum obtuvo el triunfo para dar continuidad al proyecto reformista. Sheinbaum junto a la coalición “Sigamos Haciendo Historia” logró el 2 de junio de 2024 el 59.76% de los votos, caudal que se tradujo en mayoría calificada con 364/500 diputados y 85/128 senadores. A nivel territorial el mapa favorable fue de 7/9 gobernadores. La consolidación como súper mayoría y la introducción de una agenda reformista excluyente y con rasgos que tensionan la convivencia democrática permiten inferir el mantenimiento de esta práctica durante el nuevo periodo.

República Dominicana

El caso de República Dominicana es una excepción que permite entender cómo las nuevas supermayorías pueden tener resultados inclusivos. Luis Abinader llegó a la presidencia de República Dominicana en 2020 con 52.5% de los votos de la mano del PRM. Esto se tradujo en una bancada parlamentaria de 86/190 diputados y 17/32 senadores, más un número de gobiernos regionales en el orden de  81/158 alcaldes. República Dominicana ha experimentado un proceso de democratización y profundización de la calidad de sus instituciones con el ascenso de Abinader. El sistema de gobierno del país es considerado una democracia electoral con un clima de convivencia política favorable, construido a partir de una serie de pactos nacionales y del proceder inclusivo del gobierno del PRM. 

La gestión de Abinader se ha diferenciado de sus antecesores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en cuanto a  la integración de otros actores del arco político y al distanciamiento respecto a las prácticas de corrupción que, durante los gobiernos del PLD, llevaron a sus adversarios a llamarlo el partido cartel. Durante el primer periodo de Abinader se impulsaron varios pactos nacionales con el resto del sistema político para lograr reformas consensuadas. Destacan: la reforma de la ley electoral de 2023, que fortaleció a la Junta Central Electoral, reguló el transfuguismo político y consolidó la cuota de género; la definición de la política de Estado con respecto al tema de Haití (defensa y migración); la reforma al Código del Trabajo (sistema laboral); el pacto por el agua 2021-2036; y  el impulso a la reforma de la administración pública en asuntos claves como la educación. De igual forma, algunas reformas estructurales con el uso de la súper-mayoría tuvieron fines inclusivos como la autonomía del Ministerio Público y la modificación de la designación del Procurador General. 

En 2024, Abinader se reeligió con 57,4% de los votos, que en el Congreso Nacional se tradujeron en 134/190 diputados,  27/32 senadores y, a nivel territorial, en 122/158 alcaldías. Con el inicio del nuevo periodo fue convocada a instancias del Ejecutivo la Comisión Revisora (equivalente a una Constituyente) para introducir nuevas reformas, algunas con resultado excluyente por potenciar el predominio del partido mayoritario. Una es la unificación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales; la otra, la reducción del tamaño de la Cámara de Diputados.

En la América Latina de hoy se confirma la disposición que tienen los gobiernos para usar sus mayorías en beneficio de las agendas particulares y excluyentes, como de hecho ocurrió en el pasado con gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador. Las coaliciones ascendentes tienden a utilizar la imposición y prescinden del diálogo y el consenso, con excepciones como República Dominicana. Si las supermayorías siguen su tendencia autoritaria, en lugar de aprovechar la coyuntura para fortalecer las instituciones políticas nacionales, se profundizará la crisis de la democracia que está sacudiendo al mundo en estos momentos y que tan graves consecuencias ha traído a países ahora gobernados por dictaduras, como las de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.