Entre los 18 y los 29 años, que es el periodo definido como “juventud” en México, se abre una puerta de libertad al ampliarse las posibilidades de elección: puedes empezar a elegir a quienes te representan políticamente, puedes elegir tomar alcohol con menos culpa, los padres se hacen a un lado; las elecciones se extienden a los ámbitos afectivo, sexual, educativo, de vivienda y de trabajo.
La paradoja es que la libertad le cae a los jóvenes cuando todavía no se consolidan sus herramientas de vida, y pueden convertirse en una carga si su transición es fallida. El joven puede cambiar positivamente el país con trabajo y creatividad, pero es vulnerable y puede también formar parte de la delincuencia o aventurarse en adicciones que restrinjan su vida y la de otros. Por esa razón, los jóvenes son materia relevante de política pública para casi cualquier gobierno.
De todos los retos de los jóvenes, quizás el trío educación-trabajo-presión social es de los más relevantes. Es descorazonador terminar los estudios y no encontrar trabajo; es triste ver truncada la educación; es tentadora la salida fuera de la ley, por presión social, para salir de ambos problemas.
Con esto en mente, el gobierno actual diseñó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF). A finales de 2018 se contabilizaron 2.3 millones de jóvenes que no trabajaban y que no estudiaban o que estaban en el desempleo abierto en el país. El programa estima que habrá alrededor de un millón 725 mil jóvenes que sean elegibles. Su idea principal es acercar a estos jóvenes con centros de trabajo en los que puedan ser entrenados en labores específicas del interés de ambos y que los empleadores potenciales los conozcan. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promueve que jóvenes y centros de trabajo se encuentren y el gobierno les paga 3,600 pesos mensuales a los jóvenes durante 12 meses para lograr el aprendizaje que se otorga en el centro de trabajo. El beneficio incluye también acceso a los servicios de salud vía el Seguro Social. Lo que se busca es aumentar la empleabilidad de los jóvenes, además de alejarlos de conductas antisociales, incluyendo el crimen. El presupuesto para este programa durante 2019 es de 40 mil millones de pesos. En agosto, 900 mil jóvenes y 100 mil jóvenes indígenas de comunidades rurales pasaron a formar parte del programa, de acuerdo con cifras oficiales.
El objetivo del programa es importante, pues uno de los impedimentos comunes para que los jóvenes consigan trabajo es la falta de experiencia en trabajos previos, así como la falta de información sobre vacantes. La International Initiative for Impact Evaluation (3ie) ha señalado que uno de los mecanismos que más se han utilizado por diferentes países para mejorar la empleabilidad de los jóvenes es precisamente el esquema de aprendizaje en el trabajo. Alemania ha basado parte de su capacitación laboral en esquemas de aprendices, que en México aún son incipientes.
Si bien la idea del programa es relevante, vale la pena hacer algunas observaciones sobre la forma en que está diseñado el programa, con la intención de mejorar tanto el programa mismo como la estrategia general para los jóvenes en materia laboral y educativa. Ojalá que este artículo pueda complementar la discusión que sobre JCF ha estado recientemente en los medios de comunicación, para que año con año el programa pueda mejorar su desempeño, en beneficio de todos.
Capacitación y educación formal, un problema de incentivos. En general, la capacitación (en el trabajo o en cursos cortos) es un complemento de la educación formal, no un sustituto. La capacitación rinde mejores frutos cuando la persona tuvo una mejor educación formal. Parecería que el programa no toma en cuenta la importancia de la educación formal, que en muchas ocasiones puede ser más relevante para el futuro del joven que la capacitación en el trabajo. El Programa Jóvenes Escribiendo Futuro, que apoya la educación superior formal, se escinde de JCF, pues la SEP es el organismo responsable de su funcionamiento, y sus beneficiarios no son parte de su población objetivo original. No solo eso, los incentivos parecen invertidos: el apoyo a JCF son $3,600 mensuales, el apoyo para la educación superior es de $2,400 y para media superior es de $800. Un joven dudoso de seguir en prepa o en universidad podría dejar sus estudios por los $3,600 de JCF.
Certificación. No es claro el tipo de certificación que se otorgará al final de la capacitación. Este elemento se ha minimizado en el programa, con el peligro de que el año de aprendizaje no contará con una señalización adecuada para mostrarla ante un futuro empleador. De hecho, hay poca supervisión sobre la forma en que cada centro de trabajo otorga la capacitación; ese proceso podría ser heterogéneo dada la gran diversidad de los centros de trabajo, lo cual complica aún más la certificación.
El mes 13. La prueba de fuego de JCF es qué pasará cuando el joven termine su año de apoyo. Si fueron contratados por la empresa, posiblemente esa persona sustituyó a un trabajador previo, con lo cual no se gana empleo neto. Si el joven sale de la empresa sin un aprendizaje contundente, su empleabilidad estará en peligro y su desencanto puede ser mayúsculo.
Posibles prácticas inapropiadas por parte de los centros de trabajo. Se han reportado casos aislados de empleadores que le piden un “porcentaje” al joven a cambio de que haga muy poco o no asista al centro de trabajo. Algunos han sustituido el sueldo que pagaban a un trabajador con el apoyo de JCF para algunos de sus empleados. Las evaluaciones y auditorías tendrían que analizar la frencuencia de estos casos.
Mayor claridad en los registros públicos del programa. Hace unos días Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer un análisis sobre JCF a partir de la información pública que se puede obtener del programa. Destacan la evolución atípica de los beneficiarios, al observar tendencias invariantes en los porcentajes entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo. El estudio muestra también que muchos centros de trabajo no se pudieron encontrar (sólo se encontraron el 0.12% de los Centros de Trabajo en la Ciudad de México). La STPS respondió que la evolución de beneficiarios tenía lógica, con información más clara que puso a disposición, y que algunos de los centros de trabajo efectivamente sí existían, pero en direcciones diferentes. Asimismo, Animal Político analizó que algunas cifras del Informe de Gobierno no podrían ser verificadas públicamente en la información pública de JCF.
Ante esto es importante destacar tres aspectos. El primero es que es fundamental contar con información pública veraz sobre los programas, especialmente para que cualquier ciudadano pueda verificar no solo la cobertura del programa, sino también sus resultados. No hay que olvidar que los ciudadanos somos quienes financiamos todos los programas sociales. En este mismo tenor, el diálogo abierto entre las autoridades del programa y quienes buscan información es vital para entender mejor el funcionamiento del mismo y para retroalimentar a las autoridades. Es bienvenido el intercambio y la apertura que ha habido entre la sociedad civil y la STPS.
El segundo aspecto es que la expansión de los beneficiarios se llevó a cabo permitiendo que el tipo de centros de capacitación fuera muy amplio, incluyendo empresas pequeñas e informales, así como personas físicas. Lo anterior reduce las posibilidades de generar una capacitación adecuada para los jóvenes y puede aumentar la posibilidad de simulación de la capacitación. Con controles insuficientes, estas dos posibilidades pueden materializarse en detrimento de los objetivos de JCF.
Un último aspecto que vale la pena mencionar respecto al estudio de MCCI, es que éste no señala que JCF tenga un carácter clientelar, como en ocasiones se ha sugerido. Aquí vale la pena destacar una experiencia personal directa con el programa: el CONEVAL se dio de alta como Centro de Trabajo para el programa, pues queríamos ver de cerca el funcionamiento del mismo. Más allá de observar algunos errores normales del sistema de captura y de intercambio de información en la red, en ningún momento se observó un trato clientelar del programa hacia los becarios que finamente fueron recibidos en el CONEVAL. Esperemos que este hecho se mantenga así, incluso en épocas electorales. Hoy hay 11 becarios de JCF en el CONEVAL.
Más allá de JCF. Es difícil pensar que un solo programa pueda solucionar la problemática y vulnerabilidad de los jóvenes. El documento de 3ie señala que este tipo de programas es solo uno de los apoyos posibles para aumentar la empleabilidad de los jóvenes. De hecho, hay esquemas con mejor desempeño relativo, tales como la promoción empresarial, en la cual se apoya de diversas maneras a quienes buscan poner un pequeño negocio, ante un mercado laboral restringido. Adicionalmente, el proceso reciente de eliminar el programa Prospera, la falta de organización en el otorgamiento de becas, la reducción de apoyo a instituciones de educación superior y la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, que precisamente promovía apoyos a través de la promoción empresarial, no serán el mejor complemento para JCF ni para los jóvenes en general.
La solución para los jóvenes va más allá de los programas presupuestarios. La falta de generación de empleos productivos en México implica que los jóvenes cada vez mejor educados (la educación ha venido aumentando en el país) tengan como destino empleos informales de baja calidad. Lo anterior tiene que ver con un deficiente régimen fiscal, bajo acceso a crédito por parte de las empresas y un mal diseño histórico de la seguridad social, que hoy está fragmentado.
((Una prosperidad compartida: Propuestas para crecer y transformar la seguridad social en México. Santiago Levy, 2019.
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El futuro que estamos construyendo para los jóvenes, mismo que debería fomentar centralmente su libertad, depende de tener respuestas claras ante los retos aquí señalados. El programa JCF, si puede corregir a tiempo algunos de sus retos, podría ser parte de una solución más amplia.
economista y funcionario público mexicano. Es fundador y fue Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2005 a 2019.1
