Hace unos días, la Secretaría de Salud volvió a abrir la convocatoria para asignar recursos públicos a los sitios que funcionan como refugios para las mujeres víctimas de violencia. El gobierno tomó esta decisión luego de que activistas, organizaciones y la Red Nacional de Refugios se manifestaran en contra de la cancelación unilateral e imprevista de la convocatoria. La noticia es, sin lugar a dudas, una victoria para las mujeres y las feministas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el Programa de Estancias Infantiles (PEI) no ha corrido con la misma suerte.
Antes de que los refugios ocuparan el centro del debate público, la atención se concentró en el cuidado infantil debido a que el presidente anunció que el presupuesto del PEI se reduciría. A cambio, se entregaría a las madres y padres beneficiarios un apoyo monetario directo, destinado al cuidado de los hijos.
El PEI, de acuerdo con sus reglas de operación, está dirigido a las madres, tutores y padres que crían por su cuenta a uno o más hijos que tienen entre un año y un día menos de los tres de edad. Según los requisitos, se trata de personas que trabajan, buscan empleo o estudian, pero su ingreso por hogar no rebasa la línea de bienestar y no tienen acceso a servicios públicos de cuidado y atención infantil por medio de instituciones de seguridad social u otras.
El gobierno de AMLO pagará 950 pesos mensuales por cada niño inscrito en una estancia afiliada al PEI. La población indígena recibirá el mismo apoyo monetario hasta que el hijo cumpla cuatro años, y se otorgarán 1,800 pesos mensuales en caso de discapacidad, el cual se extenderá hasta los seis años de edad. Sin embargo, según la Secretaría de Bienestar,la población atendida en 2019 será de 264,559 infantes, cuando en 2018 hubo 310,968 beneficiarios.
¿Quién cuida a los niños?
Quienes tienen niños pequeños saben lo demandante que resulta el trabajo de cuidado. El acceso a las estancias y guarderías –públicas o privadas– determina si el adulto a cargo del niño puede o no trabajar, así como la calidad de su trabajo y el monto de su salario. Además, este asunto tiene más consecuencias en las mujeres que en los hombres. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEGI 2014) revela que, en promedio, las mujeres dedican 28.8 horas a la semana al cuidado infantil, mientras que los hombres dedican solo 12.4 horas. En cuanto al cuidado de niñas y niños de entre cero y cinco años, los hombres dedican en promedio 5.2 horas y las mujeres 13.
Sabemos también que el 97% de la población atendida por el PEI son mujeres, y solo el 3% son hombres. Las beneficiarias del programa se ocupan en empleos flexibles (cambian constantemente de trabajo), no tienen seguridad social y reciben remuneraciones precarias, tienen poca capacitación y escasas oportunidades de mejorar en el ámbito laboral.
Además, en los municipios de alto grado de marginación hay en promedio solo 0.42 estancias por cada mil niños de entre uno y cuatro años de edad, mientras que en los municipios de media y baja marginación hay más de una estancia por cada mil niños. Como se aprecia en el siguiente mapa, la red de estancias de la Secretaría de Bienestar es insuficiente:
Por todos estos motivos, el pasado 5 de febrero los responsables de estancias infantiles acudieron al Senado, donde dieron testimonio de las consecuencias que han padecido por la escasa comunicación de parte de la Secretaría de Bienestar. También defendieron la labor que llevan a cabo:
“Debe considerarse que en muchos municipios somos la única opción que tienen estas madres y padres para dejar a sus hijos y poder ir a trabajar; no hay guarderías del IMSS, del ISSSTE o del municipio. Además hacemos labor social, porque muchas de estas mujeres son trabajadoras sexuales o trabajan en el campo de forma eventual, y a veces las citan a las seis o siete de la mañana y nosotros los recibimos a esa hora. También se dan casos donde no nos pueden pagar la cuota de corresponsabilidad (450 pesos)”, comentó Verónica Juárez, responsable de una estancia ubicada en Zacatecas.
Otra responsable fue enfática al decir que, en su experiencia, “muchos de los niños y niñas que han llegado a nuestra estancia eran cuidados por otros infantes menores de diez años o por sus abuelos enfermos; en las estancias no existen los riesgos de accidente que hay cuando se quedan en casa.”
Asimismo, debe considerarse que el cuidado en casa o realizado por familiares no garantiza que los niños crezcan en espacios seguros: la UNICEF ha declarado que en las familias se presentan distintos actos de violencia contra las y los niños y adolescentes. Es frecuente el maltrato por parte de madres, padres o cuidadores.
Abuelas sin descanso
Otra parte de la polémica provino de una declaración del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien sugirió que el cambio en las reglas del programa abría la posibilidad de que los padres encargaran a los niños con las abuelas y les pagaran por ese trabajo, en vez de enviarlos a las estancias.
Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Social 2017 muestran que de los 14 millones de niños y niñas de entre cero y seis años, el 13.7% fueron cuidados por su abuela mientras su madre trabajaba, el 7.2% fueron cuidados por otra persona, el 3.1% asistieron a una guardería pública y el 1% a una guardería privada. Esta misma encuesta, pero publicada en 2013, indica que el 90% de las abuelas no recibieron ninguna remuneración por este trabajo; al 5% se le pagaron 499 pesos mensuales y al 5% restante entre 500 y 2 mil 499 pesos.
Cuidar niños es un trabajo de tiempo completo. El pago de 950 pesos mensuales es insuficiente. Si bien es deseable el vínculo familiar en los primeros años de vida, el cuidado infantil es un trabajo de alta responsabilidad: los niños deben recibir una estimulación acorde a su edad, una nutrición balanceada y estar supervisados para evitar accidentes y enfermedades.
Encargarse de estas actividades impide que las personas de la tercera edad –en especial, las mujeres–, ocupen su tiempo de otras maneras. Más aún, los adultos mayores tienen derecho a una vejez digna y, también, al cuidado. Y no hay garantía de que las abuelas reciban el monto de la transferencia en forma de pago. Al respecto, importa conocer los testimonios de las madres.
“Hace cinco años llegué a vivir al entonces Distrito Federal. El primer dilema real al que me enfrenté fue encontrar un departamento que pudiera pagar y que tuviera una guardería cerca. Soy derechohabiente del seguro social, pero en la guardería más cercana había una lista de espera de seis meses, así que una estancia infantil de la Sedesol, Bolboreta, en Alfonso Reyes, fue la única opción para poder traer a mi hija a vivir conmigo sin dejar de trabajar. No tuve derecho a la beca porque tengo seguridad social, pero el costo era simbólico: mil 600 pesos frente a casi 6 mil que habría tenido que pagar en guardería particular”, cuenta Olinka Valdéz, profesionista y jefa de familia sin redes familiares en la Ciudad de México.
“Recuerdo que un día mi madre, que entonces tendría 65 años, vino a visitarnos. Fuimos juntas a dejar a la niña a la guardería a unas cuadras de la casa. Me detuve un momento para entrar a una tienda. No recuerdo lo que iba a comprar, pero dejé a la niña de la mano de su abuela. Dalila se soltó y comenzó a correr. Mi madre quiso alcanzarla, pero no le dieron ni las rodillas ni la edad. Yo vi pasar a la niña corriendo afuera de la tienda y dejé todo para salir por ella. Y la pesqué del brazo cuando bajaba la banqueta. Un auto se detuvo y me pegó en la muñeca. Estaba molesta. Quería gritar del susto y de la impotencia, pero ¿a quién? ¿A mi mamá porque ya no tiene edad ni fuerza para sujetarla? ¿A la niña que echó a correr? Ese día había pensado que mi mamá podría ‘hacer la caridad’, como dice ella, de cuidar a Dalila. Obviamente no le iba a imponer tal responsabilidad.”
¿Hacia dónde vamos?
Para explicar la decisión de retirar apoyo al PEI, López Obrador dijo que se detectaron anomalías en el funcionamiento de las estancias infantiles, principalmente listas infladas (con un número mayor de niños inscritos de los que realmente asisten), así como deficiencias en la infraestructura y seguridad. Por esas razones y para evitar intermediarios, el dinero que se destinaba a las estancias, agregó, se entregaría directamente a los padres y madres que actualmente son beneficiarios del programa.
Esta medida obvia el problema de fondo: lo que se necesita es que haya una cobertura suficiente para la demanda de estancias infantiles. En especial, porque la demanda de cuidado va creciendo en nuestro país –esto es, hay que atender a los adultos mayores, además de a los niños–. Hace falta una política pública integral para crear un sistema nacional de cuidados.
Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población en 2018 habrá 9.1 millones de personas de 65 años y más (4.9 millones serán mujeres y 4.1 millones hombres). Para el 2028 el total aumentará en 40 por ciento. De continuar esta tendencia, en 2050 la proporción será de 79 adultos mayores por cada 100 personas menores de 15 años.
¿México está preparado para enfrentar ese incremento? De acuerdo con datos del Instituto Simone de Beauvoir, las personas encargadas del cuidado de otras lo reciben remuneración: el 70% de estas, en la Ciudad de México son mujeres, según la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS, 2012), y es muy posible que estén a cargo de más de una persona.
Ante los cambios en la organización de las familias, la participación de las mujeres en el mercado laboral, el proceso de envejecimiento de la población y la persistencia de disparidades en términos de derechos sexuales y reproductivos, es urgente que el gobierno federal replantee el modelo de protección social y cuidado de niños, enfermos, personas con discapacidad y adultos mayores.
El gobierno de López Obrador tiene, en este sentido, una oportunidad histórica: tras haber puesto el tema en el debate público, podría diseñar un sistema nacional de cuidados con perspectiva de género y profesionalizar la red de cuidadores. En países como España, Uruguay y Argentina se han promulgado leyes específicas que norman la política pública nacional de cuidados para toda la población. Es necesario comenzar ya con la creación de este sistema de la mano de los responsables de las estancias infantiles y guarderías, de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil.
es comunicóloga y tiene una maestría en periodismo por el CIDE. Ha colaborado en Newsweek México y Animal Político.
