Más de uno ha confesado su estupor ante el manifiesto firmado por un centenar de políticos, artistas e intelectuales vinculados a la derecha. Encabezado por los nombres habituales (Bertín Osborne, Nacho Cano, Clint Eastwood), el documento muestra su apoyo al Gobierno y pide prudencia ante la presunta corrupción atribuida al ministro Cristóbal Montoro.
“Es inadmisible que un Gobierno democráticamente elegido caiga por un informe de la Guardia Civil antes de celebrarse un juicio con todas las garantías en el que se acreditase la responsabilidad de la presidencia o del partido afectado”, declaran.
Vaya por delante el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la participación política. Como señalan los firmantes, la presunción de inocencia sigue operativa. Sin duda, hay señales sospechosas en la conducta de Montoro: amenazó públicamente a actores y medios de comunicación con airear su situación fiscal si criticaban al Gobierno.
Si alardeaba de eso cuando todos podían verle –y precisamente para que todos pudieran verle–, ¿qué no haría en privado? (Conocemos comportamientos mafiosos, como abrirle una inspección fiscal a Javier Chicote, el periodista de ABC que destapó el caso en 2017, o las amenazas que ha contado Carlos Alsina.)
Pero que un Gobierno caiga por un escándalo, aunque el recorrido judicial no esté agotado, es relativamente común en democracia. El primer ministro británico Harold McMillan dimitió poco después de que estallara el caso Profumo. En Portugal António Costa abandonó el cargo por una investigación sobre corrupción que quedó en nada. En España se han adelantado elecciones porque no había una mayoría necesaria para cumplir la obligación constitucional de aprobar los presupuestos.
¿Serían igual de indulgentes los firmantes si este caso afectara a la izquierda? ¿Cuál debe ser el camino según ellos? ¿Esperar una sentencia firme? ¿O aguardar un poco más, hasta que se resuelva un recurso posterior ante el Tribunal Constitucional? ¿Hasta que alguien lo eleve a Europa?
¿Y quién quiere acortar la legislatura por medios distintos a la moción de censura o el adelanto electoral que equivaldrían a “un golpe inconstitucional”? (Aunque los firmantes también desconfían del adelanto, que vinculan al deseo de que gobiernen “las izquierdas”, en clásico lenguaje paranoico.) ¿Sería “realmente inadmisible” que un Gobierno cayera a través de mecanismos constitucionalmente establecidos?
Con todo el respeto a estos admirados artistas y a sus fans, y no digamos a la presunción de inocencia, no parece un disparate exigir al Partido Popular que adelante las elecciones.
[Este artículo es una sátira y el manifiesto no existe.]
