El debate sobre el poder de exclusión en redes sociales está mal enfocado: líderes tan distintos como Angela Merkel o López Obrador condenan que ciertas empresas se arroguen el poder de no difundir cierto tipo de discursos, porque asumen que esa labor solo le corresponde al gobierno. Esta posición es hipócrita y miedosa.
Entre el caso de las grandes tecnológicas y los de Standard Oil y AT&T hay identidad de situaciones: empresas que se volvieron dominantes porque el gobierno no intervino a tiempo y luego se escandalizó con los frutos de su indolencia.
Tratemos de ser bobbianos en este asunto: ya existen recursos judiciales para cancelar la “censura” en redes. De hecho, fueron los tribunales los que, en su momento, establecieron que Trump no podía bloquear a sus seguidores en Twitter, porque esa restricción vulneraría el derecho a la información de los gobernados. Dado que el presidente usaba un medio privado para difundir información pública, no era válido que él decidiera quién podía leer sus mensajes. Cabe preguntar si esta regla opera en sentido inverso: ¿vulnera los derechos de los ciudadanos que Twitter silenciara al entonces presidente Trump?
La respuesta es sencilla: si un presidente utiliza su cuenta para enviar mensajes que instigan a la insurrección, el odio, las injurias, difamaciones o calumnias, la suspensión es una garantía de derechos humanos para los gobernados.
Los gobiernos, desde el mercantilisimo francés, ven en las empresas a sus principales rivales. Por ello el gobierno impuso límites temporales a las sociedades anónimas, mientras el Estado tiene una vigencia indeterminada. A los políticos les da temor que exista una instancia que pueda revisar sus actos, pero les aterra que esa entidad no sea parte del gobierno, sino de la iniciativa privada o la sociedad civil.
¿La solución? Como ocurre con asuntos de seguridad nacional, se requieren tribunales especializados en materia de libertad de expresión, que revisen las suspensiones y medidas tomadas por las redes sociales, con un procedimiento sencillo, automático y muy rápido. El primer respondiente seguirá siendo la red social.
No obstante, hay que insistir en que Twitter no hizo su tarea y que la intemperancia de Trump creció por su culpa. La administración de Twitter toma decisiones irregulares, contrarias a su propia normatividad y con un sesgo inadmisible. En términos de Weber, su justicia se parece más a la del cadí o a una ordalía medieval. A ello hay que agregarle los conflictos de interés de los distintos negocios de Jack Dorsey, entre los que se encuentra una telefónica, y una política necia de vincular las cuentas de Twitter a números móviles. Algo semejante puede decirse de Google, Apple, Amazon y, la peor de todas, Facebook, pero no hay espacio suficiente para tratarlas en este momento (solo recordemos dos palabras: Cambridge Analytica).
En suma, el poder de las grandes empresas tecnológicas se controla con mejores tribunales. Pero silenciar el discurso de odio no es el problema, sino la consecuencia natural de un sistema de comunicación masiva basado en empresas: es la línea editorial de cada red la que determina su contenido y, si esa línea vulnera derechos, para eso está el juez, igual que cuando un parroquiano reclama que le nieguen la admisión a un restaurante.
Seamos francos: si los diarios alemanes hubieran silenciado a Hitler, hoy los llamaríamos héroes. Y, si hubiera pasado, seguramente también habría habido una Merkel, un Macron o un López Obrador que se hubieran quejado del poder de los periódicos. No dejarse cegar por la coyuntura permite mejores soluciones.
¿Es tiempo de tener una convención internacional para garantizar la libertad de expresión en redes? Sin duda, pero nunca será propicio que Leviatán sustituya a Behemot: no se arreglan los excesos de la empresa con un gobierno impertinente, basta con el remedio judicial, rápido y sencillo. En ese objetivo deberían estar todos los esfuerzos, y no en rasgarse las vestiduras porque, por una vez, las redes hicieron las cosas bien.
