Hay varias cosas delirantes. La primera es la más grande. El presidente en funciones Pedro Sánchez necesita para gobernar los siete votos de Junts per Catalunya, el partido del independentista Carles Puigdemont, el responsable de la intentona golpista de otoño de 2017. Pedro Sánchez quiere que la ciudadanía olvide lo que pasó en esos meses, así que es importante recordarlo. El independentismo no solo organizó un referéndum ilegal (basado en un censo también obtenido ilegalmente), sin garantías, en contra de la mitad de la población, la Constitución y su propio Estatuto de autonomía. Antes, anuló los derechos de la oposición en el parlamento al intentar votar una ley autoritaria (que convertía la justicia en una herramienta política y marginaba la lengua de más de la mitad de los catalanes, el castellano) que declaraba, antes siquiera del referéndum, a Cataluña como soberana e independiente de facto. Tras el referéndum, que no tenía un mínimo de participación para considerarse vinculante (algo ridículo si se vota una secesión), los líderes independentistas aprobaron la independencia de Cataluña sin la presencia de la oposición en una sala adyacente al parlamento. Poco después, el president Puigdemont dio marcha atrás y escapó del país. Desde el extranjero, ha defendido la legitimidad de lo ocurrido y ha mantenido su postura de que la única negociación posible es aquella que culmine con la independencia unilateral de Cataluña.
Hoy, Puigdemont mantiene exactamente esa posición. Ante los acercamientos del gobierno de coalición para pedirle su apoyo a una investidura, dijo esta semana: “Hoy España tiene un problema: o repite elecciones o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán”. No hay ambigüedad. Pero el gobierno ya hace el esfuerzo por encontrarla, por ver matices, por proyectar lo que quiere ver en sus palabras. Cada vez que un independentista dice algo muy claro y directo, aparece una cuadrilla de hermeneutas que empiezan a matizar sus palabras, a añadir contexto, a leer entre líneas. “Odiamos la democracia”, y el analista del oficialismo dirá: “No, en realidad aquí está haciendo una mordaz crítica a las carencias de la democracia liberal en el capitalismo tardío, es un táctico, un ajedrecista, es un movimiento de esgrima”. No, es que ha dicho “odiamos la democracia”. Este esfuerzo de matización y explicación es siempre un esfuerzo de justificación.
Merece la pena reproducir al completo este párrafo de una crónica en El Diario sobre las reacciones del PSOE a las palabras de Puigdemont: “Fuentes tanto de Ferraz como de Moncloa consideran que la intervención de Puigdemont ha estado ‘alejada de la confrontación con el Estado’. Desde la dirección socialista destacan que el expresidente haya ‘mencionado el marco de la Constitución’ en su alocución y, ante sus exigencias, reconocen que ‘sin duda nadie comienza una negociación renunciando a sus reivindicaciones’. ‘Aunque nos separan muchas cosas se abre la vía del diálogo’.”
Aquí no solo está representado el fetichismo del “diálogo” que siempre ha definido el debate catalán. Es el marco independentista del sit and talk: el diálogo como sinónimo de concesión. El independentismo no negocia, exige. Y el gobierno tampoco negocia, intenta apaciguar con concesiones. También está representado el cinismo absoluto del PSOE de Sánchez, que para seguir gobernando está dispuesto incluso a engañarse a sí mismo. Es obvio que lo mejor para que una mentira suene creíble es creérsela uno mismo. Sánchez se cree sus mentiras. Por eso los votantes también se las han creído en las últimas elecciones.
Lo que pide Puigdemont para dar su apoyo a Sánchez (recordemos que es un apoyo que debe renovarse constantemente: no solo es el voo a favor en su investidura, Sánchez también necesita su voto para todas y cada una de las iniciativas que proponga en el Congreso), entre otras cosas, es una amnistía. En este contexto, amnistía significa impunidad. Es la impunidad de lo hecho y la impunidad de lo que hará. Como explica Ignacio Varela en El Confidencial, Puigdemont “pretende que se consolide en Cataluña un espacio blindado de impunidad para el movimiento secesionista, al margen de la ley, hasta hacer posible el desmembramiento de España sin temor a la acción defensiva del Estado de derecho.”
Es un movimiento jurídico pero también simbólico. Como explica Daniel Lázaro en Twitter, “mientras el indulto supone perdonar personalmente el delito a alguien, la amnistía equivale a que el Estado diga que nunca debió haber delito ni castigo. ¿Por qué las sorpresas entonces ante la insistencia de Puigdemont en la vía unilateral? ¡Si todo estuvo bien!” Todo estuvo bien. No es ni siquiera decir “Todo está perdonado”. Los independentistas no han pedido perdón. La amnistía significa darle la vuelta al perdón: es el gobierno el que se disculpa ante los independentistas.
