En días recientes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió abrir un procedimiento urgente por la crisis que atraviesa México, país que ha alcanzado la trágica cifra de 124 mil 263 desaparecidos hasta este 2025.
Este proceso podría llegar a la Asamblea General del organismo, luego de que dicho comité, encabezado por el especialista en derechos humanos y académico Olivier de Frouville, determinó que las desapariciones en México son “sistemáticas o generalizadas” conforme a lo que establece el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Toma como base para ello las denuncias recibidas desde colectivos y ciudadanos en general –a lo largo de los últimos 12 años, México ha recibido 681 peticiones de búsqueda por parte del comité como resultado de estas denuncias, encabezando la lista de solicitudes incluso por encima de países como Irak o Colombia–, pero también tiene en cuenta informes, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte desde el año 2014 en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el propio comité tras su visita a México. El último caso del que tuvo conocimiento ha sido el hallazgo del campo de reclutamiento, entrenamiento y ejecución que un grupo del crimen organizado tenía establecido en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
La respuesta del Estado mexicano a través del presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña; de la propia titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, e incluso de quien encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha sido no solo desproporcionada y totalmente fuera de lugar, sino también absurda. Lejos de acoger la oportunidad para adoptar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones que ha extendido el comité a partir de esta alerta institucional –ya que este no prejuzga ni sentencia sobre la responsabilidad que un Estado tiene en el caso de las desapariciones de personas, sean forzadas o generalizadas desde particulares–, la descalificación, el patrioterismo y la tan recurrida supuesta defensa de la soberanía –argumento inútil dado que México es país firmante de la mencionada Convención contra la desaparicion forzada– han definido la reacción de las autoridades mexicanas.
El Senado, a través de un posicionamiento aprobado por la mayoría del grupo parlamentario del partido Morena, solicitará la destitución del comisionado presidente Frouville ante la ONU, en una penosa exhibición de desconocimiento de la independencia funcional e inmunidad internacional de la que gozan los expertos independientes al servicio de la Organización, quienes desempeñan una labor honoraria protegida por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de la ONU –también suscrita por México–, por lo que no pueden ser sancionados por las alertas que emitan a los Estados miembros por la crisis de desapariciones.
Yendo más allá, el senador Fernandez Noroña negó rotundamente que en el país se den casos de desaparición forzada, así como también que estemos frente a la más grave crisis de desapariciones en los últimos años, a pesar de que la Fiscalía General de la República inició por lo menos 700 carpetas de investigación por desaparición forzada durante los primeros cinco años del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que involucran incluso a agentes federales de la Guardia Nacional, así como a elementos de las fuerzas militares, entre otros. Apenas en febrero de este año, diez jóvenes fueron secuestrados entre Huatulco y Zipolite por la policía municipal de Huatulco, de acuerdo al testimonio de la única sobreviviente del grupo de jóvenes, ya que los otros nueve fueron asesinados y encontrados en los límites del estado de Oaxaca con el de Puebla. En el año 2023, por citar un ejemplo, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán por la desaparición, el 17 de agosto de 2021, de un joven que circulaba en motocicleta por dicha ciudad, y cuyo paradero se desconoce hasta este momento.
Ante la actitud de ataque al comité por parte del Estado mexicano, la tragedia de las desapariciones se hace aún más cruda. Y es que cuando este señala que México enfrenta esta crisis por “desapariciones sistemáticas y generalizadas”, no limita las causas de las desapariciones a aquellas que se realizan con intervención de agentes del propio Estado, sino también a aquellas que realizan agentes ajenos –como lo son los grupos del crimen organizado–, ante la omisión y negligencia del Estado para investigar, sancionar y prevenir estos crímenes.
Ya en noviembre del año 2009, México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras contra México, mejor conocido como “Campo algodonero”, por la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa condena hizo al Estado mexicano responsable por la desaparición y muerte de mujeres en esa ciudad, y estableció la obligación a México de prevenir la violencia de género, destacando la importancia del contexto y de la rápida y efectiva intervención estatal para la prevención, sanción y erradicación de estas conductas. Ese es precisamente el fondo preventivo de la alerta que, sin sentenciar ni prejuzgar, ha emitido el Comité encabezado por De Frouville, dando inicio al procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. México es, vergonzosamente, el primer país en que tal procedimiento de urgencia ha sido abierto en la historia de ese comité.
Aún, sumando al agravio de las víctimas directas y colaterales por la crisis de desaparecidos en México, la CNDH encabezada por Piedra ha emitido un comunicado, indicando que no permitirá el ingreso de la Comisión de la ONU al país –lo que de hecho, es potestad exclusiva de la presidenta Sheinbaum– y negando que tal crisis sea responsabilidad del Estado mexicano. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, publicó el pasado viernes 11 de abril sendas tesis jurisprudenciales en el marco de las crisis por desapariciones, entre las que destaca la contenida en el registro digital 2030248, que establece que “la desaparición forzada de personas somete a los seres queridos de las personas desaparecidas a actos equiparables a la tortura” y a tratos crueles e inhumanos al desconocer la suerte o el paradero de sus seres queridos.
Es muy probable que la crisis de las desapariciones llegue a ser objeto de discusión ante el pleno de la Asamblea de la ONU. Es absolutamente posible que el posicionamiento del Senado y la eventual solicitud de remoción de Olivier de Frouville de la presidencia del Comité sea desechada de plano, en términos del artículo 3° de la propia Convención contra las desapariciones forzadas, que estaablece que los Estados participantes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas causa de las desapariciones que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado para procesar a los responsables, así como lo establecido en el artículo 5° de la misma Convención, tratándose de la responsabilidad de agentes del Estado en la desaparición de personas.
Trágicamente, México encaja en ambas hipótesis. Y la negación de la realidad por parte de los autoridades emanadas del Morena no es suficiente para ocultar que más de 124 mil personas son buscadas por sus madres y familiares, abandonadas también en esa penosa labor por los órganos de gobierno, por más palas que les obsequien el día de la Mujer o de la Madre. El Estado mexicano tiene responsabilidad ante estas desapariciones y le ha llegado el momento de responder por ellas ante el mundo. ~
