Hace 25 años, los votantes de California aprobaron la Proposición 187, promovida por el partido Republicano con el fin de expulsar de escuelas y universidades públicas a estudiantes indocumentados. También les negaba acceso a los limitados beneficios de salud y servicios que tenían: vacunación, atención pre y postnatal a mujeres pobres embarazadas y hospicio a niños maltratados. Obligaba a maestros, policías y trabajadores de salud pública y servicios sociales a denunciar a las autoridades y al Servicio de Migración a personas “sospechosas” de ser indocumentados –es decir, personas de tez morena.
Muchos políticos estatales y nacionales, así como organizaciones de derechos civiles, se opusieron a la Proposición 187. Incluso, en un acto inusitado, durante una visita a Los Ángeles el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Andrés Rozental, hizo un llamado a la comunidad mexicano-americana a oponerse a la 187, describiéndola como inconstitucional.
Los opositores tenían razón. La ley vigente permitía que cualquier mujer en estado de pobreza recibiera atención médica pre y postnatal independientemente de su status migratorio porque toda persona nacida en Estados Unidos es automáticamente ciudadana estadounidense, y el cuidado médico durante el embarazo ayuda a asegurar la salud del recién nacido.
También existía jurisprudencia en el capítulo relativo a la educación. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1982 obligaba a todas las escuelas públicas de aceptar alumnos sin considerar cuál era su status migratorio. Más aún, en el caso de California, las autoridades escolares ni siquiera podían indagar cuál era la condición migratoria de sus alumnos.
En esa misma elección, el gobernador Pete Wilson fue reelecto, en gran parte por su plena identificación con la 187, y por sus alarmantes anuncios en televisión describiendo a los inmigrantes como hordas invasoras que ocupan el país, tal y como ahora lo hace Donald Trump.
Al día siguiente de la elección, el Concilio de Los Ángeles, los Distritos Escolares de Los Ángeles y de San Francisco, y varios grupos defensores de los derechos civiles presentaron un total de ocho demandas por inconstitucionalidad contra la 187. En cuestión de horas, un juez de la Corte Suprema del Estado dictaminó suspender la implementación de la propuesta. Luego vinieron otros fallos de la Corte que al final dejaron la Proposición sin efecto.
Fueron muchos meses de angustia y miedo, pero la 187 también tuvo muchos efectos positivos. El mayor, quizá, fue la naturalización masiva de hispanos, que creció un 554% entre 1993 y 1996. Con la ciudadanización aumentó considerablemente el voto hispano, y el ofensivo tratamiento a los latinos motivó a blancos, negros y asiáticos a reducir a la irrelevancia al Partido Republicano en California.
En 1994, los republicanos ocupaban 5 de 7 puestos de nivel estatal en California; hace trece años que no ganan uno. La reducida mayoría que tenían en la Asamblea Estatal se redujo a minorías irrelevantes en ambas Cámaras. En el Congreso había paridad de representantes republicanos y demócratas, 26 de cada lado, hoy solo quedan 7 republicanos frente a 46 demócratas. Y si hace 25 años el 37% de los votantes californianos era republicano, 49% demócrata y 10% independientes, hoy 24% son republicanos, 44% demócratas y 28% independientes.
El 3 de noviembre del próximo año, una coalición arcoiris nacional tendrá la oportunidad de demostrar que los insultos a los inmigrantes que el candidato republicano a la presidencia, con el beneplácito de su cohorte en el Senado, son inaceptables, y saldrán a votar masivamente contra todos ellos para restaurar la calidad moral y el prestigio del país.
Escribe sobre temas políticos en varios periódicos en las Américas.
